En la ciudad del sol y del acero, Sogamoso, una población industrial ubicada en el centro oriente de Boyacá, a 75.8 kilómetros de su capital, Tunja, y a 228.5 de Bogotá, uno de los aspirantes a la alcaldía parece haberse eclipsado en su propio discurso anticorrupción. Ahora enfrenta señalamientos de presunto plagio en su programa de gobierno. En plaza pública no duda en vociferar que fue quien sancionó a Gustavo Petro y tiene a su lado a polémicos padrinos políticos.
Se trata de Mauricio Barón Granados, un declarado con micrófono, megáfono y en campaña proselitista, acérrimo antipetrista. Es muy cercano al polémico exgobernador de Boyacá, excontralor de Bogotá y actual integrante de la Comisión de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados y en el municipio es un secreto a voces su familiaridad. Con estos antecedentes, Barón intentará por segunda vez consecutiva ganar las elecciones en las urnas el próximo 29 de octubre entre los sogamoseños.
Se trata de un abogado de la Universidad Tecnológica de Tunja, con especialización en Ciencias Administrativas de la Universidad Santo Tomás y en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario.
Inició su experiencia profesional como sustanciador en la Contraloría de Boyacá en abril de 2005 y hasta junio de ese mismo año. Asimismo, entre el 7 de marzo y el 6 de abril de 2007, se desempeñó como asesor de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, la cual conoce temas relacionados con comunicaciones, tarifas, calamidades, medios de comunicación, obras públicas y transporte, educación y cultura, entre otros. De esta comisión constitucional como congresista formó parte su aliado Juan Carlos Granados Becerra, quien incluso fue su presidente.
En septiembre de ese mismo año, Barón Granados, asumió el cargo de personero de Sogamoso, el cual ocupó hasta febrero de 2012. En ese período, fungió como docente de la Universidad Pedagógica de Tunja durante cuatro meses y como capacitador por un día en Cenasel.
Posteriormente, se desempeñó como asesor del entonces Superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán Prieto, cuota y alfil de Simón Gaviria, quien, a través del Partido Liberal, manejaba hilos y avales en Boyacá en oposición a Carlos Amaya.
El padrino
Paradójicamente, entre julio de 2016 y octubre de 2018, ocupó el cargo de director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Colectiva de la Contraloría de Bogotá. Allí llegó de la mano de Juan Carlos Granados quien se posesionó en el cargo justo en junio de 2016.
Con otro antecedente en el manejo del control fiscal. Barón Granados venía de trabajar como delegado intersectorial en la Contraloría General cuando la cabeza máxima de la entidad era Sandra Morelli.
Así las cosas, su paso por ambas entidades son el soporte de campaña que actualmente lo utiliza como argumento ante la opinión pública para construir su discurso anticorrupción y su capacidad sancionatoria.
El mismo discurso que su mentor Juan Carlos Granados, el político boyacense oriundo de Nobsa que décadas atrás utilizó para su ingreso al grupo político del entonces alcalde de Sogamoso, Luis Guillermo Barrera, como plataforma política para construir una meteórica carrera política.
De hecho, Juan Carlos Granados logró una curul en la Cámara de Representantes desde 2006 hasta 2010. De allí saltó a la Gobernación de Boyacá en una alianza con Cambio Radical, Liberal, la U y los conservadores de Jorge Hernando Pedraza.
Tras finalizar su periodo, y con un acuerdo de la bancada de Cambio Radical, se eligió a Carmen Teresa Castañeda y se le despejó así el camino de la Contraloría a Juan Carlos Granados, quien es recordado por haber obtenido uno de los puntajes más bajos en las pruebas de conocimiento, 54.2, ubicádose en el puesto 37 entre 43 inscritos. Pero el puntaje no fue obstáculo para que la coalición de partidos que apoyaba al entonces alcalde Enrique Peñalosa lo eligiera como contralor de Bogotá.
La sanción a Gustavo Petro
Justo en ese punto es donde entró en escena el hoy aspirante a la Alcaldía de Sogamoso. Granados Becerra llevó a varios boyacenses a la Contraloría de Bogotá, uno de estos fue Mauricio Barón Granados, quien fue ungido como director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
Ese despacho fue precisamente el que manejó el proceso fiscal en contra del entonces exalcalde de Bogotá y hoy presidente Gustavo Petro, por haber reducido las tarifas de Transmilenio durante su mandato.
Según el fallo de la Contraloría de Bogotá en cabeza de Granados Becerra, quien posteriormente fue salpicado por Odebrecht, aseguró en su momento que Petro había generado un déficit presupuestal al reducir la tarifa en horas Valle, lo que derivó en un detrimento de $217.204 millones.
Una determinación que fue objeto de reparos por Gustavo Petro, quien anticipó el asunto en noviembre de 2017 al indicar en un mensaje de la entonces red social Twitter: “Bernardo Umbarila exdirector de Planeación de Boyacá, enlace de Juan Carlos Granados con Odebrecht coordina con Mauricio Barón Granados, director de responsabiidad fiscal de la Contraloria de Bogotá, expersonero de Sogamoso la sustanciación de todos los procesos contra mi“.
Sin embargo, esa decisión fue revocada por la justicia. En sendos pronunciamientos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y luego el Consejo de Estado en una demanda de pérdida de investidura en contra de Petro, se pronunciaron en favor del exmandatario de la ciudad y hoy presidente.
El pacto político
Después del fallo de responsabilidad fiscal, Barón Granados aterrizó en la Alcaldía de Bogotá, en la administración de Enrique Peñalosa como director técnico grado 9 de la dirección jurídica de la Secretaría de Gobierno, en febrero de 2019.
Luego, 27 días después de posesionarse Claudia López como alcaldesa de Bogotá, pasó a ser director de Investigaciones Administrativas de Tránsito y Transporte entre el 27 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2022.
Un anunció que incluso un mes después fue objeto de reparos por parte del propio Gustavo Petro quien en su momento señaló: “Mauricio Barón Granados el funcionario de la contraloría distrital de Juan Carlos Granados quien nos puso las multas impagables por reducir las tarifas en Transmilenio ha sido nombrado por Claudia López como subsecretario de movilidad”.
Paradójicamente, al ser López del partido Alianza Verde, siempre se asoció en los mentideros políticos la designación de Barón Granados como cuota de Carlos Amaya, el exgobernador de Boyacá, exsenador y líder natural del partido Alianza Verde, el mismo de Claudia López.
Pero las cosas no salieron como se esperaba en la política de Boyacá. En un acuerdo político que se había sellado meses atrás, se pactó que Simón Gaviria y Carlos Amaya impulsarían el nombre de Fabián Rojas como candidato a la Gobernación avalado por el partido Liberal y el partido Alianza Verde.
Pero Gaviria incumplió y prefirió jugársela por Rodrigo Arturo Rojas Lara, el mismo que a comienzos del mandato de Gustavo Petro sonó como cuota del Partido Liberal, puntualmente del gavirismo para el Ministerio de Vivienda.
Pero la jugada no le salió bien, pues Petro no nombró a Lara y en cambio el partido terminó adoptando a los ministros de Vivienda, Justicia y Agricultura.
Discurso anticorrupción
Bajo esa sombrilla política terminó el aspirante a la Alcaldía de Sogamoso, con un detalle adicional. En sus discursos de campaña, no ha dudado en asegurar que él fue quien sancionó al presidente Gustavo Petro cuando fue funcionario de la Contraloría de Bogotá y, por lo tanto, dice que no le tiembla la mano contra la corrupción.
Otro de sus caballitos de batalla es el actual mandatario, Rigoberto Alfonso, quien cuatro años atrás derrotó a Barón Granados en las urnas. Las críticas del nuevamente candidato en contra del actual mandatario lo han llevado a calificarlo como el “peor alcalde en la historia de Sogamoso”.
A esto se suma que el candidato cuenta con el respaldo del Nuevo Liberalismo y hace pocas semanas se reunió y posó con el director del partido el exsenador Juan Manuel Galán, reiterando su discurso en contra de la corrupción.
Sin embargo, días atrás ocurrió un episodio particular. En medio de un debate, otro de los candidatos a la Alcaldía increpó a Barón, quien aseguró que conocía su programa de gobierno, “El momento es ahora”, que lo había leído y que había sido él quien lo había elaborado.
Después de esta confesión de facto, el contendiente señaló a Barón de haber copiado íntegramente 15 páginas de las 101 del programa de gobierno que tanto cuestiona y califica de pésimo, es decir, el de Rigoberto Alfonso, denominado, “Todos por un mejor mañana”.
Detalles del plagio
Revisados ambos programas, uno de 101 páginas y el otro de 83 páginas, se encontraron copias textuales de las páginas 21, 27, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 61, 63, entre otras.
Pero no se trata de una copia o adaptación de la idea, sino de una copia exacta de lo que está consignado en dichas páginas en temas agropecuarios, minería, ambiente, riesgos identificados en Sogamoso, origen tecnológico, origen bio-sanitario, riesgo asociado con la actividad agropecuaria, sector terciario, servicios, entre otros.
Un hecho grave si se tiene en cuenta que el hoy candidato a la Alcaldía de Sogamoso, uno de los municipios de mayor número de habitantes del departamento, tiene consignado en su hoja de vida haber sido Juez Tercero Penal Municipal de Garantías de Duitama, cargo en el que estuvo durante once meses hasta el 13 de mayo de 2013.
Hasta el momento, el gerente de la campaña de Barón Granados, inscrito por la coalición "El momento es ahora", ha registrado un total de gastos de campaña por $125.1 millones. Asimismo, asegura que los recursos aportados, $143 millones, todos han sido aportados por el candidato.
El mandatario, cuestionado por presunto plagio al programa de gobierno del actual mandatario de Sogamoso, constituyó el 15 de noviembre de 2019 la sociedad denominada Consultants & Lawyers SAS, con el propósito de prestar sus servicios de asesoría y representación en distintas áreas del derecho administrativo, civil, comercial, tributario, penal y, paradójicamente, de propiedad intelectual, como quedó consignado en los estatutos.
El capital autorizado fue de $50 millones, así como el suscrito y pagado; su único accionista es el candidato. Dos meses después, mediante su primera acta de Asamblea Extraordinaria, designó como representante legal a Jhony Sneyder Africano Rincón, quien desde el 2017 ha suscrito ocho contratos pero como persona natural con la Gobernación de Boyacá y la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá."
El próximo 29 de octubre en las elecciones regionales, los votantes en Sogamoso decidirán si Mauricio Barón Granados asume como nuevo alcalde del tercer municipio más importante del departamento de Boyacá en un sombrio contexto político, un reflejo de lo que esta sucediendo en muchos municipios en Colombia.
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