Duras críticas de expertos a riesgosa emisión del gobierno Petro en bonos por US$4.950 millones

Este martes, el Ministerio de Hacienda informó que Colombia ejecutó la emisión de bonos más grande de su historia: US$4.950 millones en Bonos Globales con vencimientos en 2029, 2031 y 2033.

El cupón promedio ponderado fue de 5,93%, con una demanda cercana a US$23.200 millones. El Gobierno destacó la operación como un éxito de su política fiscal, pero las declaraciones del presidente Gustavo Petro desataron una fuerte polémica entre expertos económicos, quienes lo acusan de desinformar al país con comparaciones inexactas y afirmaciones engañosas.

El presidente afirmó que la baja tasa de interés obtenida en la colocación era una demostración del “hecho sobreviniente” que justificaría la emergencia económica declarada en diciembre para imponer un decreto tributario.

Según Petro, antes del decreto, Colombia enfrentaba tasas de entre 8 % y 12 %, y la caída a 5,9 % probaría que la emergencia era necesaria para frenar un encarecimiento insostenible de la deuda pública.

También aseguró que se había desplomado la prima de riesgo del país, lo que permitiría a Colombia estabilizar sus finanzas gracias al aumento de impuestos a los más ricos.

Estas afirmaciones fueron cuestionadas por múltiples exministros, congresistas y economistas, quienes acusaron al mandatario de tergiversar los datos y de utilizar comparaciones técnicamente inválidas para defender una política fiscal que, en su opinión, ha empeorado el perfil de deuda del país.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo calificó los mensajes del presidente como un “homenaje a la mentira” y señaló que mezclar tasas de bonos en pesos con tasas en dólares constituye un error conceptual que distorsiona la realidad fiscal.

Restrepo subrayó que el Gobierno ha elevado el endeudamiento en más de 400 billones de pesos en apenas tres años, incluso sin pandemia, lo que genera un déficit y un nivel de deuda pública sin precedentes.

Afirmó que la tasa del 5,93 % obtenida no refleja una reducción del riesgo país sino un nivel alto en comparación con otras economías latinoamericanas, como México o Perú, cuyos bonos son más baratos.

El exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, también desmintió las afirmaciones del presidente. Aclaró que no es correcto comparar deuda en pesos con deuda en dólares, ya que la primera incorpora riesgos por inflación y devaluación que la segunda no tiene.

Enfatizó que lo relevante es el diferencial de tasa que paga Colombia frente a países comparables y que actualmente el país sigue pagando intereses elevados debido a la pérdida de confianza de los mercados.

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En la misma línea, el congresista Andrés Forero, representante a la Cámara, acusó al mandatario de manipular la información para confundir a la opinión pública.

Forero advirtió que las tasas de los bonos en pesos están cercanas al 13 %, y que, en lugar de caer, han subido respecto al gobierno anterior.

Señaló que el aumento del cupo de endeudamiento y las emisiones recurrentes responden a un desequilibrio fiscal estructural, no a una mejora en el acceso a los mercados.

Economistas del sector privado también cuestionaron el momento y las condiciones de la operación. Advirtieron que, si bien se asegura financiamiento inmediato, el costo es elevado frente a referencias internacionales y los vencimientos son relativamente cortos.

Esto implica una presión futura sobre las finanzas públicas y una carga pesada para los gobiernos siguientes. Afirmaron que la necesidad de acudir con urgencia al mercado revela más una fragilidad estructural que una señal de confianza.

Otros analistas explicaron que estas emisiones, lejos de evidenciar una baja en la tasa de interés, reflejan un entorno de alta incertidumbre. Señalan que la demanda por los bonos no implica mejores condiciones sino que responde a estrategias de inversión ante la volatilidad, y que el Gobierno ha tenido que pagar más para captar recursos ante la creciente percepción de riesgo.

Las críticas coincidieron en señalar que el Ejecutivo intenta presentar como éxito una operación cuyo costo es superior al promedio regional, en un contexto de deterioro fiscal y de tensiones institucionales con la Corte Constitucional, que debe revisar la legalidad del decreto de emergencia.

El uso del argumento del “hecho sobreviniente” como justificación para una reforma tributaria por decreto fue considerado como jurídicamente débil y económicamente insostenible.

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda no ha publicado un informe detallado sobre el costo neto de la operación, ni ha presentado comparaciones con emisiones de países similares en condiciones de mercado equivalentes.

El silencio de la cartera frente a las observaciones técnicas contrasta con el uso político que ha hecho el presidente del anuncio.

La controversia se produce en un momento clave para las finanzas públicas. Colombia enfrenta un déficit creciente, presiones inflacionarias, aumentos en el salario mínimo y una expectativa de desaceleración económica en 2026.

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