El cierre silencioso de colegios privados en Bogotá: una crisis estructural que se profundiza

La desaparición progresiva de colegios privados en Bogotá se ha convertido en uno de los indicadores más claros de la reconfiguración que atraviesa el sistema educativo urbano.

De acuerdo con cifras oficiales del Sistema Nacional de Información de la Educación Básica y Media (Sineb), el número de instituciones privadas activas pasó de 1.570 en 2022 a 1.457 en 2024, y para 2025 la cifra descendió a 1.317, tras el cierre de al menos 35 planteles adicionales durante el último año, según reportó El Tiempo.

El comportamiento no es aislado ni reciente. En un periodo de seis años, más de 400 colegios privados han salido del sistema educativo bogotano. El fenómeno refleja un ajuste estructural impulsado por factores demográficos, económicos y sociales que afectan directamente la sostenibilidad de este tipo de instituciones, especialmente aquellas de tamaño pequeño y mediano.

Uno de los indicadores más contundentes es la reducción sostenida en el número de estudiantes matriculados. En 2017, los colegios privados de Bogotá alcanzaron su pico histórico de matrícula, con cerca de 536.000 estudiantes.

A partir de ese momento, la tendencia fue descendente. Para 2020, la cifra se ubicó en 503.512 alumnos y, tras el impacto de la pandemia, la caída se aceleró: en 2024, la matrícula se redujo a aproximadamente 431.238 estudiantes, lo que representa una pérdida cercana a 105.000 alumnos en menos de cinco años, detalló el diario capitalino.

Este descenso no solo afecta los ingresos de las instituciones, sino que compromete su viabilidad financiera. La estructura de costos del sector educativo privado —marcada por nóminas, arriendos, servicios, mantenimiento e inversiones pedagógicas— depende en gran medida del volumen de estudiantes.

Cuando las matrículas caen de forma sostenida, los márgenes se estrechan hasta hacer inviable la operación.

A esta situación se suma un factor demográfico de largo aliento: la disminución en el número de nacimientos en la ciudad.

Las estadísticas del DANE muestran que Bogotá pasó de registrar más de 102.000 nacimientos anuales a cerca de 56.500 en menos de una década.

Esta reducción tiene un impacto directo en la demanda futura de cupos escolares, especialmente en los niveles de preescolar y básica primaria, que son la base del sistema educativo privado.

Expertos advierten que el efecto de la caída demográfica no es inmediato, sino acumulativo. Menos nacimientos hoy implican menos estudiantes mañana, lo que prolonga y profundiza la crisis de matrícula.

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Aunque la reducción poblacional es un fenómeno global, en Bogotá se combina con otros elementos que agravan la situación del sector privado.

Uno de ellos es el desplazamiento de estudiantes hacia el sistema oficial. Durante los años de la pandemia y el confinamiento, muchas familias enfrentaron una pérdida significativa de ingresos, lo que las llevó a trasladar a sus hijos de colegios privados a instituciones públicas por razones económicas.

Esta migración, que inicialmente se interpretó como temporal, terminó consolidándose en muchos casos, afectando de manera permanente la base de estudiantes del sector privado.

Además, el aumento autorizado en los costos educativos no ha logrado compensar el desequilibrio financiero. Para 2026, el Ministerio de Educación permitió un incremento máximo del 7 % en matrículas y pensiones.

Sin embargo, representantes del sector advierten que este ajuste resulta insuficiente frente al aumento real de los costos operativos, en especial los salariales.

El incremento del salario mínimo, sumado a las cargas prestacionales y al ajuste de otros insumos, ha desbordado la capacidad de absorción financiera de muchos colegios.

Desde el gremio de la educación privada se describe un panorama desalentador. La Asociación Nacional de Educación Privada (ANEP) ha alertado que la suma de menor demanda, presión de costos y escaso margen de maniobra tarifaria está llevando a un punto de quiebre a numerosas instituciones, particularmente a jardines infantiles y colegios que atienden a familias de estratos medios.

A ello se añade una preocupación estructural: la rigidez del modelo económico del sector. Mientras los ingresos crecen de forma limitada y regulada, los costos avanzan a un ritmo superior, generando un desequilibrio financiero que se vuelve insostenible.

En algunos casos, los gastos operativos superan ampliamente los ingresos autorizados, haciendo imposible mantener la calidad educativa, la estabilidad laboral del personal docente y la continuidad del servicio.

Las cifras nacionales refuerzan el diagnóstico. En 2023, se reportó el cierre de 769 establecimientos educativos en todo el país, una señal de que el problema trasciende a Bogotá, aunque en la capital se manifiesta con especial intensidad debido a su peso demográfico y educativo.

Para los analistas del sector consultados por el diario, la crisis de los colegios privados no responde a una única causa ni admite soluciones simples. Se trata de un fenómeno multicausal en el que convergen cambios demográficos profundos, transformaciones económicas, decisiones regulatorias y nuevas dinámicas sociales.

La reducción de nacimientos, la migración hacia la educación oficial y el aumento sostenido de los costos han configurado un escenario que obliga a replantear el modelo de sostenibilidad del sector.

En este contexto, el cierre de colegios ya no se percibe como una excepción, sino como parte de un proceso de ajuste que continúa avanzando. Mientras no se modifiquen las condiciones estructurales que afectan la demanda y los costos, expertos advierten que la tendencia podría mantenerse en los próximos años, con impactos directos sobre la oferta educativa, el empleo docente y la diversidad del sistema escolar en la ciudad.

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