Hace un mes, un escándalo sacudió a las Empresas Municipales de Cali, Emcali por la firma de un contrato por $215.000 millones. Entre otras adquisiciones se contempló la compra de sillas ergonómicas por $17 millones cada una, televisores de 55 pulgadas por $42 millones y un videowall por 700 millones, entre otros. El hecho generó la renuncia del gerente de la entidad, Juan Diego Flórez y otros directivos.
Sin embargo, el contrato, las compras con sobrecostos y las renuncias de los principales ejecutivos de la entidad son la punta del iceberg. En entredicho están once proyectos por más de $240.000 millones para mejorar la red de acueducto y alcantarillado de Cali.
Una destinación presupuestal cuyo origen son dos documentos del Consejo de Política Económica y Social, Conpes, por $1.3 billones pero cuyas obras están la mayoría sin ejecutar y otras con retrasos o líos legales. Recursos girados por la Nación en virtud de lo establecido en dos documentos Conpes, el 3750 de 2013 y el 3058 de 2016.
Para establecer la importancia de estos documentos Conpes y los recursos que de allí se derivan hay que remontarse a la historia de Emcali.
En el año 2000 fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por una profunda crisis financiera e institucional, la Nación como garante, asumió el pago de la deuda de Emcali.
Nueve años después el gobierno nacional suscribió con la entidad un acuerdo mediante el cual la empresa recibió la obligación a favor del Estado y se determinó la forma de pago.
Posteriormente, en el año 2013, se firmó un Conpes para apoyar financieramente el servicio de acueducto y alcantarillado en Cali. Tres años después en otro Conpes se declaró la importancia del fortalecimiento de esa infraestructura y en un otro si se declaró que la Nación como cofinanciador correspondía a la amortización del capital a la deuda. Así las cosas, se determinó que el apoyo al plan de infraestructura sería de $1.3 billones.
Los proyectos que formuló Emcali fueron 11 por $284.157 millones que representaban el 21% de los recursos Conpes. Para ello, la entidad abrió dos encargos fiduciarios en el Banco de Bogotá. Con aportes de $97.789 millones, los rendimientos financieros al 31 de julio de 2021 fueron de $8.697 millones. Una partida general de la cual se han realizado desembolsos por $57.023 millones con un saldo de $49.464 millones.
Pese a ello, seis años después del documento Conpes, la situación de los proyectos es preocupante y van en camino a convertirse en obras inconclusas o ‘elefantes blancos’, como se conocen coloquialmente.
Por ejemplo, el proyecto de optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR Cañaveralejo con un valor del proyecto de $84.873 millones está inconcluso.
Está en la fiducia número 74787. Registrado con el código de identificación Cur 153 de 2016. Allí se han realizado aportes a la fiducia por $45.474 millones. Los rendimientos financieros han sido de $4.656 millones.
Para la obra se han desembolsado a corte del julio de 2021, la cifra de $32.992 millones y tiene un saldo de $17.138 millones. No obstante, las obras se ejecutaron físicamente en un 58% y financieramente en un 22%. Por ello, el caso ya está en un tribunal de arbitramento debido al incumplimiento del objeto contractual.
Con otros detalles. El contrato se suscribió en diciembre de 2017 con un plazo de ejecución de la obra de 25 meses. Este fue adjudicado a la empresa española Acciona Agua SAU sucursal Colombia, constituida en Bilbao, España en septiembre de 2000 y la cual abrió filial en el país diez años después.
De este contrato, se evidenciaron irregularidades con la actualización y modificación de la vigencia de las garantías y la no devolución de los rendimientos financieros, según auditorias revisadas por la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
Paradójicamente tres días después que entrara en el pleito en Colombia, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Aresep de España, denunció que el proyecto que Aguas y Alcantarillado contrató con la empresa española Acciona Agua, incurrió en sobrecosto de US$6.7 millones tras perder un tribunal de arbitraje. Con otro hecho, en el año 2020 en Costa Rica ganó otro tribunal de arbitramento.
En adición a esto, se realizaron actividades de obra civil y montaje de equipos electromecánicos por parte de Acciona que quedaron sin terminar, no tienen ninguna funcionalidad, pero a pesar de ello fueron recibidos por parte de Emcali y pagados.
Varios ejemplos de ello fue la estación bombas tornillo; de ahí se desmontaron dos de cuatro que lo componen, la impermeabilización de los desarenadores salió defectuosa y el contratista no respondió. Incluso los tanques sedimentadores quedaron sin funcionar. También por un aire acondicionado para el edificio de motogeneradores eléctricos, pero éste no se instaló. Según actas de esta obra las actividades pagadas pero que no prestan ningún servicio de esta obra suman $5.240 millones.
Otra obra en problemas es la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP San Antonio. El valor asignado fue de $34.194 millones. El dinero está en la misma fiducia del anterior proyecto, se aportaron $15.306 millones.
Estos recursos han generado rendimientos financieros por $1.148 millones; se han realizado desembolsos por $10.068 millones y el saldo es de $6.386 millones. Pero tiene un gran problema, aunque está en ejecución, presenta retrasos porque hay deficiencias en la definición de los diseños. Con otro detalle, el valor actualizado del proyecto es de $46.984 millones, un evidente sobrecosto, según otra de las auditorías.
Registros mercantiles revisados por esta Agencia dan cuenta que la obra le fue adjudicada al Consorcio Aducción Río Cali. Está integrado por las compañías españolas OHL SAS y Guinovart Obras y Servicios Hispanis.
Se trata de empresas ibéricas con filiales en Colombia quienes tenían un plazo de ejecución de la obra de 18 meses, pero 31 meses después el avance apenas era del 31%. Otro convenio que se fue a tribunal de arbitramento porque el consorcio solicitó $22.000 millones adicionales .
Estas dos empresas son las mismas a las que en septiembre de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, les adjudicó la construcción del viaducto en la vía Bogotá-Villavicencio, que también ha tenido complicaciones en su edificación.
Cómo lo divulgó esta Agencia en octubre de 2021, la compañía Obrascón Huarte Lain S.A es controlante, entre otras de OHL SAS. Una compañía que es investigada por corrupción en España por el denominado Caso Lezo. Situación similar en México por pagos que dicha compañía realizó, según la fiscalía de ese país, a Emilio Lozoya, expresidente de la estatal petrolera Pemex, durante el gobierno del cuestionado presidente Enrique Peña Nieto.
Una suerte similar corre la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado por un valor de $30.599 millones que está
registrado en la fiducia como Cur 051 de 2017.
Las cuentas muestran que los aportes realizados para su ejecución fueron de $10.403 millones, ha tenido rendimientos financieros por $1.160 millones y no se han hecho desembolsos.
Sin embargo, los contratos de consultoría e interventoría sólo se firmaron agosto de 2021, a pesar de que en septiembre de 2021 tenía acta de inicio y aún no se había iniciado con la ejecución de la obra. Este contrato, se suscribió el 11 de julio de 2021 y se firmó con la Unión Temporal Master Plan Cali 2021.
No obstante, luego del escándalo de Centros Poblados, adjudicatario del contrato por mas de un billón de pesos para suministrar internet a escuelas alejadas y de escasos recursos, y la revelación de que el contratista, actualmente privado de la libertad Emilio Tapia, también tenía relación con Emcali se descubrió que presentó un certificado de un cupo de crédito expedido por el Banco Itaú, falso. Así quedó demostrado con un oficio remitido por la entidad a Emcali.
En cuanto a la construcción de un sistema de captación del Río Cauca para filtración del lecho del Río, se han realizado desembolsos por $9.149 millones, los aportes en fiducia fueron de $21.923 millones, pero al 31 de agosto de 2021 las obras apenas registraban un avance del 9.7%. El contratista es el Consorcio Pozo Radial Puerto Mallarino 2020.
Estos los proyectos con mayores complicaciones. A Ellos se suma que hay líos en la ejecución de otros seis proyectos de suma importancia para la ciudad de Cali.
Uno de ellos es la optimización de las redes de acueducto de los barrios Lido, Colseguros, Saavedra Galindo, Puerto Mallarino y Simón Bolívar por un valor de $9.570 millones. A diciembre de 2021, la obra aún no había iniciado su ejecución, pues el proyecto tuvo que volver a reformulación por actualización de precios.
La misma suerte tiene el proyecto de optimización de la red secundaria de alcantarillado del barrio San Luis por $18.523 millones. Los procesos pre contractuales inexplicablemente resultaron fallidos. Incluso a septiembre de 2021 no se había seleccionado contratista y también debió entrar en reformulación para actualizar precios.
En estado similar, es decir, en no adjudicación y reformulación de los proyectos por actualización de precios está la optimización de las redes del barrio de acueducto del barrio San Luis, la conformación de sectores hidráulicos en la red baja oriental por $12.277 millones.
Igualmente está la optimización central del control maestro de acueducto y alcantarillado de la ciudad que tiene un presupuesto asignado de $27.689 millones. Casi que sin explicación alguna y luego de dos años, no se seleccionó contratista para ejecutar las obras, generando perjuicios para un importante sector de la capital del Valle del Cauca.
Con respecto, al control de aguas residuales en canales de aguas lluvias en el barrio San Carlos por $22.711 millones, se suscribió acta de inicio de la obra el 12 de agosto de 2021 pero a diciembre de ese año aún estaba en etapa de revisión de diseños por parte de contratista e interventoría.
Así las cosas, de los once proyectos clave para la ciudad, siete no registraron ningún avance de ejecución. Es evidente que los procesos contractuales resultaron fallidos muchos por responsabilidad de Emcali. Otros pese a que se suscribió el contrato y acta de inicio pero las obras no empezaron.
En materia política, el Partido Verde, colectividad por la que fue elegido el alcalde Jorge iván Ospina, tomó este viernes 28 de octubre la decisión de archivar la investigación que adelantaba contra el mandatario por el polémico contrato de $215.000 millones. A través del Consejo de Control Ético, se inhibió de iniciar actuación al considerar que se cumplieron los presupuestos dispuestos para ello.
Serán ahora los organismos de control lo que evalúen responsabilidades entre los funcionarios de las Empresas Municipales de Cali, Emcali y los contratistas. Al tiempo que los usuarios de los servicios públicos en la capital vallecaucana siguen esperando soluciones de choque a sus necesidades, afectadas por una millonaria ola de contratos con evidentes síntomas de corrupción.
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