Todo comenzó con un llamado de Luis Guillermo Echeverry, ‘Luigi’, hijo del fallecido industrial Fabio Echeverry Correa. La fórmula se repetiría, pero esta vez con el heredero, quien haría lo mismo que su padre; llevar a la presidencia a un amigo de años y en otra generación, para prolongar un gobierno de dos décadas en el poder. En esencia, pasar de Álvaro Uribe a Iván Duque, luego de la hecatombe que causó a los uribistas el guiño a Juan Manuel Santos.
La interlocutora era Clara María González Zabala. Todos sabían que era prenda de garantía para blindar una campaña presidencial, que ganara o perdiera, tendría un severo escrutinio de la oposición, no dispuesta a perder en ningún terreno.
Una abogada que representaba confianza por su trayectoria, conocimiento, capacidad de trabajo y porque desde hace varios años era una escudera de la casa Turbay que hizo su transición a la casa Uribe.
Con un plus, ya había realizado varias labores jurídicas para el expresidente. Apoyó sus campañas, lo defendió de una pérdida de investidura en el Consejo de Estado y en los albores la yidispolitica asumió temporalmente como abogada de Yidis Medina, por una petición expresa de Fabio Echeverry.
En cuanto a Iván Duque el escenario también era muy favorable. Fue su profesora de derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Conocida por su esposa Maria Juliana Ruiz por sus vínculos con el sector de la salud, Clara Maria González, también lo defendió en una demanda por su curul en el Senado.
La conexión era tan clara, que en pocos días, y con algunos colaboradores, la dupla Luigi Echeverry, exjefe de Duque en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y Clara Maria González, en medio de escasos recursos, en medio de diferencias con un sector del uribismo y arduo trabajo, fue esencial en una campaña que concluyó con la elección presidencial de Iván Duque en 2018.
El triunfo electoral puso en una disyuntiva a González. Seguía en su exitoso ejercicio profesional con su exitosa oficina recién adquirida y remodelada, ubicada en el sector de Quinta Camacho, al norte de Bogotá, o se vinculaba al gobierno de un presidente joven, que permaneció muchos años fuera del país y necesitaba defensas que le impidieran goles.
Una jurista que además hacía un gran sacrificio económico porque en su exitoso bufete de abogados entre tribunales de arbitramentos ganados, procesos administrativos, electorales y de familia o juntas directivas registraba importantes ingresos. “Lo que ganaba en palacio escasamente le servía para pagar algunas de sus deudas”, aseguró una persona cercana a la exfuncionaria.
La abogada González optó por la segunda opción y así se convirtió en la secretaria jurídica del gobierno Duque. Con otra particularidad y es que junto a María Paula Correa y Luigi Echeverry, entrevistaron a todos los aspirantes a ministro e hicieron el cedazo correspondiente, lo que afianzó su relevancia ante el primer mandatario.
Pocas semanas después de su posesión vino otro reto. Decidir su aspiración a la Contraloria General de la República o continuar en la Casa de Nariño. Era el primer gran pulso del nuevo gobierno para imponer un contralor de sus afectos. González quería ese cargo. De hecho, lo había intentado dos veces pero fue vencida prematuramente, primero por Sandra Morelli y luego por Edgardo
Entonces consultó a su jefe. Este no vio con buenos ojos que su mano derecha en materia jurídica, casi recién posesionada como secretaria jurídica, aspirará a la Contraloría y dejará prematuramente un cargo de blindaje. No obstante, quedó la expectativa que más adelante la podría ternar para fiscal general de la Nación, al tiempo que sin ser el candidato del presidente, ganó la elección Felipe Córdoba.
Con el gobierno en marcha, González se convirtió en figura determinante. El Presidente, distintos funcionarios de palacio, los ministros y muchos otros servidores de alto nivel la consultaban. El primer mandatario no firmaba nada sin que hubiese pasado por su revisión.
De hecho, en su oficina jurídica fueron descabezados varios funcionarios que no pasaron el filtro jurídico, por ejemplo, Ricardo Rodríguez Yee, quien aspiraba a gerente de Fonade no pasó el filtro o una aspirante a ministra de las TIC también recibió malas noticias de la abogada sobre qué se declinaba su designación.
Por esos días, se evidenció que en la Casa de Nariño se trabajaba a dos ritmos. Uno a todo vapor y otro, como el secretario general Jorge Mario Eastman o el consejero para las comunicaciones Álvaro García, lo hacían a un ritmo más relajado.
Trabajando casi las 24 horas, González empezó a tener dificultades laborales porque mientras evacuaba decisiones, muchas de ellas empezaban a quedar paralizadas en los escritorios de la secretaria general de presidencia, especialmente.
De esta manera, a oídos del presidente se evidenció la inconformidad en dos vías. Una de quienes aseguraban que en jurídica todo lo entorpecían y otros que manifestaban que con el conocimiento que tenía se excedía y por el contrario sopretexto de posibles faltas a la norma estaba ubicando gente de sus afectos en posiciones clave.
Una fuente de Palacio que pidió el anonimato aseguró que, “si bien la doctora Clara María es una excelente funcionaria, varias veces cometió excesos y terminó convenciendo al presidente de nombrar personas cercanas a ella, pero una cosa es lo técnico y otra los compromisos políticos del gobierno”.
Convirtiéndose en la piedra en el zapato, coincidió con la pronta salida del gobierno de dos funcionarios clave como Jorge Mario Eastman y Álvaro García, quienes efectivamente fueron nombrados como embajador en El Vaticano y gerente de RTVC, respectivamente.
Para ese momento, la pandemia de Covid-19, ya era una realidad. Ello derivó en un arduo trabajo jurídico por la expedición de normas por parte del gobierno para afrontar la situación, en lo cual el papel de la secretaria jurídica fue de nuevo determinante e incrementó su trabajo en 2019.
Así las cosas, su interlocución con los ministerios y las cortes para coordinar y buscar el aval y aplicación de normas en medio de la emergencia, permitieron sacar adelante algunas iniciativas en momentos de crisis. No obstante, otras no salieron a flote.
Al respecto una fuente del sector justicia aseguró, “no todas las normas que se cayeron fueron responsabilidad de ella, en el gobierno hay muchos incompetentes y la preocupación es la disfuncionalidad del Congreso. El ministro Alberto Carrasquilla, por ejemplo, pensaba que con mandar a hacer loby a su viceministro Juan Alberto Londoño, era suficiente”.
Esos fueron algunos dolorosos para Clara María González, quien esperaba un mayor reconocimiento a su trabajo y como no, el premio mayor ser fiscal general de la Nación, y de hecho fue ternada. “El presidente Duque la ternó pero sin el convencimiento de que era su carta ante la Corte Suprema de Justicia”, destacó un allegado a González quien la apoyó en la campaña a la Fiscalía.
Una circunstancia que obligó a la abogada a buscar otros guiños en busca de su elección, En concreto, del procurador Fernando Carrillo, el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas y los exfiscales Alfonso Gómez Méndez y Néstor Humberto Martínez.
Pese a ello, en medio de la campaña a fiscal, Clara María González no tuvo mucha acogida ante los magistrados. Algunos de ellos incluso comentaban en privado en la Corte Suprema que hasta confundía sus nombres, una situación que para tales personajes es inaceptable.
A este hecho se sumaron dos factores adicionales, el candidato Francisco Barbosa hizo una campaña de mayores consensos y apoyos y hasta logró reclutar en sus toldas a un curtido político como el exfiscal Néstor Humberto Martinez y al estratégico contralor Felipe Córdoba.
Un entramado político en el que, según varias fuentes consultadas, también participó la jefe de gabinete del presidente Iván Duque, María Paula Correa, quien no solo inclinó sus preferencias por Barbosa sino que empezó a tener una tensa relación con González por la dualidad que se presentó en algunas situaciones entre lo jurídico y las necesidades políticas.
El elegido fue Francisco Barbosa. La incomodidad de la secretaria jurídica fue evidente. No entendía como una persona sin trayectoria en el ámbito jurídico, que no fue tan cercana al uribismo y que no había puesto el pecho como ella en los gobiernos Uribe y Duque, hubiese ganado el pulso y así se lo dejó entrever al primer mandatario.
En los meses siguientes, retomó su curso habitual de labores. La abogada atafagada de trabajo, con contradictores al interior del gobierno y golpeada por su derrota en su aspiración a la Fiscalía.
Entonces surgió otra posibilidad. Reemplazar a Fernando Carrillo en la Procuraduria. De nuevo González esperaba más del presidente Iván Duque, quien confirmó lo que ya era un secreto a voces; su candidata era Margarita Cabello Blanco, para quien el gobierno prestó todo su apoyo en el Congreso al punto de asegurar la elección en dos días y semanas antes de la votación definitiva. Una nueva derrota para la escudera jurídica del Presidente.
Vendría luego lo que se considera la puntilla para la funcionaria. Surgió la posibilidad de llegar a la Corte Constitucional. Lo pensó pero, según una fuente explicó a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, “ El presidente Duque le ofreció ternarla, pero no le garantizó la elección, como si lo hizo con la magistrada Paola Meneses a quien el Congreso eligió casi por unanimidad”.
Agobiada, decepcionada y hasta contagiada de Covid-19, el 17 de diciembre Clara María González renunció a su cargo, aunque fiel a su estilo, estuvo trabajando incluso hasta el puente de reyes.
Este martes en la posesión del ministro de Cultura Felipe Buitrago y del secretario jurídico German Quintero, en una intervención de cerca de quince minutos, el primer mandatario hizo énfasis en la mayor parte de su intervención en las metas de esa cartera. Entre tanto, agradeció brevemente la labor realizada por su secretaria jurídica y recordó que la tuvo como docente de derecho civil en la Universidad Sergio Arboleda.
“A ella le quiero hacer un reconocimiento por su trabajo, por su entrega, por la diligencia y sobre todo por la gran capacidad de respuesta jurídica en medio de una situación tan profundamente inesperada como es una pandemia, en el trámite de nuestras reformas y en el trámite de nuestras emergencias económicas”, expresó, el presidente Duque.
Seguramente, Clara Maria González, retomará sus exitosas actividades en el litigio una vez terminen las inhabilidades que le dejó su cargo. Esperaba mayores honores, en su joven equipo de trabajo del gobierno se afirma que salió golpeada de la Casa de Nariño, en medio de la soledad del gran poder que tuvo. Pasó del cielo al infierno.
“Pues muy bueno que pueda volver a su ejercicio profesional donde pueda volver a una vida normal”, aseguró su aliado incondicional Luigi Echeverry.
