Una parte de los integrantes del carrusel de la contratación que desangró a Bogotá una década atrás en la administración del alcalde Samuel Moreno, participó activamente en la licitación y adjudicación del contrato de MinTIC con la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para conectar a Internet más de siete mil escuelas en las zona rural del país por $1,07 billones.
Emilio Tapia, Inocencio Melendez y Miguel Moralesrussi fueron los nombres que salieron a relucir en la audiencia de imputación de cargos a Tapia, Luis Fernando Duque el representante legal de la unión temporal y Juan José Laverde el representante legal de Ravel Seguros, por los delitos de falsedad en documento privado en concurso con fraude procesal por las garantías falsas que presentaron para ganar el contrato.
Las garantías 1001, 1001 y 1003 correspondientes a seriedad de la oferta, cumplimiento y pago de parafiscales fueron sometidas a exámenes grafológicos que determinaron que la única firma que correspondía a quien la suscribió, era la del representante legal de la unión temporal, Luis Fernando Duque, la de los supuestos representantes del Banco Itau falsificadas que fueron escaneadas.
El ente acusador señaló cómo los responsables de dicha falsificación que habilitó a la unión temporal a licitar a Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Jorge Alfonso Molina.
Sin embargo, la presunta responsabilidad más allá de ser el producto de una labor de investigación del ente acusador, fue porque dos de los cincos presuntos responsables de estos actos de corrupción se adelantaron, decidieron colaborar con la Fiscalía y entregaron sus celulares a cambio de un principio de oportunidad que avanza.
Tapia quien se supone paga una pena acumulada de de 9 años y 9 meses en prisión domiciliaria en Barranquilla era el socio de Juan Carlos Cáceres, propietario y representante legal de Novotic, en el contrato de MinTIC por un billón de pesos.
Cáceres y Tapias se conocieron un año y medio atrás en Sincelejo gracias a otro salpicado en el carrusel de la contratación en Bogotá en la alcaldía de Samuel Moreno, Inocencio Melendez, el otrora subdirector jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.
Este le contó a Tapia de Novotics, su empresa y la tecnología que manejaba. El cerebro del carrusel de la contratación se entusiasmó, así como del interés de participar en la licitación del MinTIC pero le narró que éste no podía presentarse porque no cumplía del todo con los requisitos puesto que no se materializó una asociación con una empresa china.
Veinte días después se volvieron a reunir y empezaron a darle vida a la Unión Temporal Centros Poblados. Cáceres, a través de Novotics tenía la experiencia en tecnología.
De hecho, Juan Carlos Cáceres con su empresa Fundación Empresarial de las Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia, Funtics que luego se transformó´en Novotics y que hizo parte de la sociedad de economía mixta de Norte de Santander. A ello se suma que fue cuestionada por el contrato de enseñanza de inglés en las escuelas de La Guajira que derivó en la suspensión del cargo por parte de la Procuraduría del gobernador encargado Wilber Hernández.
Y Tapia tenía la experiencia en cómo ganar las licitaciones del Estado en las que participaba. Para ello delegó a Estefanía Pupo y a Alfredo Amin con el propósito de estructurar la participación en la licitación. Cáceres recomendó a Luis Fernando Duque como el representante legal de la unión temporal. Lo que se evidenció es que Tapia manejaba todas las empresas junto a Cáceres.
Pero vino la piedra en el zapato, la garantía de la seriedad de la oferta que los habilitaría para continuar disputándose la licitación de un billón de pesos. Ahí nuevamente apareció Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde el representante legal de la intermediaria de seguros, Ravel. Este a su vez acercó a Jorge Alfonso Molina, el encargado de tramitarla y apagar el incendio contractual que se avecinaba.
Entonces vino la audiencia de incumplimiento convocada por el ministerio y las garantías falsas quedaron al descubierto. Esta vez no fue Tapia quien prendería el ventilador a cambio de beneficios de la justicia como lo hizo una década atrás. Su socio Juan Carlos Cáceres Bayona se le adelantó. Acudió a la Fiscalía y contó todo. Entregó su celular, mensajes de WhatsApp y audios intercambiados con Emilio Tapia.
Cáceres ya había recibido parte de los $70.000 millones del anticipo, que incluso le alcanzaron para comprar un lujoso apartamento en Miami. Abrió además una cuenta en Delaware, Estados Unidos que está rastreando el FBI. También vendió la versión a través de terceros que había comprado equipos de telecomunicaciones y que por el contrario está perdiendo dinero. Sus asesores le sugirieron que delatara para lograr beneficios ante la justicia.
El otro involucrado que decidió adelantarse fue Jorge Alfonso Molina quien mediante interrogatorio narró su participación, su amistad con Tapia y señaló a Laverde de la compañía Ravel, quien ya lo había denunciado, como el responsable de la falsificación de las garantías. Así las cosas, Cáceres y Molina se volvieron testigos de Fiscalía y protegidos en sus actuaciones.
Molina señaló que lo intentaron presionar para que asumiera la responsabilidad de las garantías falsas que les permitiera a las empresas que integran la unión temporal víctimizarse y poder demandar a la Nación por haber declarado la caducidad del contrato presuntamente violandoles el debido proceso.
La versión de Molina fue objeto de total credibilidad por parte de la fiscal del caso, a tal punto que desestimó las 15 denuncias que tiene en su contra desde el año 2006. Varias de ellas por falsedad en documento, incluso por un exfuncionario de Fonade que lo denunció por presuntamente haber falsificado su firma en una certificación de cumplimiento de un millonario contrato para construir la cárcel de Puerto Triunfo, Antioquia.
Y como pocas veces ocurre, la fiscal salió en defensa de la presunción de inocencia del que para la Fiscalía es el testigo estrella. Al punto que la funcionaria cuestionó a los medios de comunicación por revelar las denuncias contra Molina en lo que consideró era una maniobra para desacreditar a su testigo, a pesar de que hasta hoy se conoció que Molina jugaba de parte de la Fiscalía.
En los chats y audios revelados por el organismo investigador se evidenció además que Cáceres le pedía constantemente dinero a Tapia para cumplir con obligaciones del contrato de MinTIC,
Otra de las conversaciones revela que Cáceres le envió a Tapia al abonado 30054521** soportes de transferencias por US$15.000 como beneficiario a la cuenta Skyline Aviation Service en la cuenta 898059099371. Después evidenció otro comprobante de transferencia por $100 millones a una cuenta del Grupo Aval.
En otra conversación, el dueño de Novotics le envió a Emilio Tapia un pdf de la ley de regalias del año 2020 y una explicación de la misma. En otras palabras, la dupla Cáceres Tapia se consolidaba como el matrimonio perfecto en los negocios.
De hecho, el 23 de noviembre Cáceres afanado le escribe a Tapia pidiéndole mil millones. “Dr cómo estás”, Tapias le responde, “Hola Juanca”, Cáceres le explica, “tengo esa gente encima mano...y si me puede prestar algo se lo agradezco aun me faltan 1000 (...)”.
Posteriormente, a comienzos de abril, Cáceres le envió a Tapia una cuenta del BBVA y le dice, “listo a esta cuenta lo de nóminas y parafiscales es lo urgente”.
Más tarde Juan Carlos Cáceres le pregunta a “Emilio”, a quien lo llama socio, cuando transfieren porque tenía un caos con los empleados porque les debía la nómina, “esos son técnicos y están revolucionados”. Tapia le respondió el mensaje confirmándole que ya le había mandado mil a lo que Cáceres respondió, “excelente mañana pagamos esa nómina y parafiscales”.
Apenas se vio reflejada la transferencia Cáceres escribió, “buenos días mi socio ya apareció el dinero, muchas gracias ya se va a pagar a la gente” y le compartió varias imágenes de camionetas y le advierte que ese día están haciendo armado de postes.
Las charlas continuaron. A mediados de junio Cáceres y Tapia evidenciaron que la ejecución del contrato estaba desfinanciado a pesar del anticipo girado por $70.000 millones. En esta, Cáceres le pide ayuda para las importaciones, advierte que se van a quedar sin equipos y dice que la plata se acabó. También le informa que él está buscando dinero y personal, a lo que Emilio le respondió que ya le marcaba.
Tres días después de llevarse a cabo la audiencia de incumplimiento del contrato, pues apenas se registraba el 16% de ejecución de la obra, Tapia le envió a Cáceres el borrador del comunicado de prensa que remitiría a los medios la unión temporal.
Un mes después Cáceres le remitió un nuevo mensaje a su socio solicitándole $400 millones porque se había frenado la instalación por falta de recursos, no había viáticos ni combustible, “ya la gente ni sale a trabajar”.
La respuesta que recibió fue un pdf de un estudio de mercado del proyecto de conectividad del Ministerio de Comunicaciones y luego le dijo que mirara primero el documento y luego lo llamaba.
Pero las dificultades continuaron y a finales de julio, Cáceres le pidió $4000 millones a Tapia, le advirtió que era importante que ayudar aportando dinero pues se requería finalizar estudios de campo, pagar parafiscales, nómina, camionetas y asegurar $1.300 millones para la semana siguiente.
A finales de agosto el tono entre ambos cambió. Fue el punto de partida de su distanciamiento. Tapia le envió un mensaje a Cáceres saludándolo. Este le respondió pero le indicó que no podía asistir a la reunión esa tarde y que debido a lo manifestado por Luis Fernando, el representante legal de la unión temporal, él tenía una prioridad y era reunirse con su abogado, porque, según Cáceres, estaban diciendo muchas mentiras en su contra. Por eso le informó a Tapia que apenas hablara con su defensor se reunirían.
En la audiencia también se evidenció otro aspecto clave; las constantes reuniones entre Tapia, en libertad condicional para ese momento ,y un grupo de interesados en el negocio De hecho, en su oficina ubicada en la calle 93 con carrera 17, pasaron diversos personajes.
En más de 24 ocasiones Tapia, acudió a la oficina 602 en donde funcionaba ICM la otrora empresa que compró al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, condenado también por el carrusel de la contratación. Stefania Pupo, además representante legal suplente de ICM, fue designada por el contratista para el empalme y a fin que desde allí le ayudara a Cáceres con los documentos y la licitación de MinTIC.
Así las cosas, este se volvió centro de operaciones. Tapia, según estableció el ente acusador, era quien autorizaba quien ingresaba a dicha oficina. Con otro detalle, Miguel Angel Moralesrussi, excontralor de Bogotá, condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá ingreso alli 73 oportunidades, entre el 7 de septiembre de 2020 mediados de este año 2021. Allí también ingresaron Luis Fernando Duque, el representante legal de Centros Poblados y el intermediario de los seguros Luis Alfonso Molina.
Luego de nueve horas de audiencia, se legalizó la captura y se imputaron cargos a Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde. El viernes se decidirá si enfrentan el juicio en prisión o en libertad. Entre tanto, Juan Carlos Cáceres y Jorge Alfonso Molina, esperan a que un juez avale el preacuerdo que anunció la Fiscalía, que les conlleva a aceptar su responsabilidad y actuar como testigos.
Con protagonistas del carrusel de la contratación, viejos conocidos de la justicia, la Fiscalía tendrá que avanzar en una nueva fase de la investigación, en un caso que apenas comienza con más sombras que luces.
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