Un mes después de que en medio de una audiencia de incumplimiento a la cuestionada contratista Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 se descubriera que presentaron garantías falsas para adjudicarse el contrato por un billón de pesos para conectar a Internet más de 7.000 escuelas rurales del país, una explosión ocurrió en un apartamento ubicado en la Avenida Circunvalar con Calle 71 en Bogotá.
La única víctima fatal fue Ana Regina Lascarro Torres, una médica barranquillera que recientemente había llegado al país desde Canadá y falleció el viernes 13 de agosto.
Según el reporte preliminar de quienes atendieron la emergencia, la médica a pesar de su pericia, supuestamente no detectó una fuga de gas natural en su apartamento y al momento de manipular la estufa se produjo la explosión.
Fue trasladada al hospital Simón Bolívar en donde luchó por su vida durante varios días, pero las heridas resultaron mortales y su deceso se produjo días después.
Lo particular del asunto, es que el apartamento está ubicado en el exclusivo sector de Rosales, al norte de Bogotá con lujosos edificios en donde el metro cuadrado es uno de los más costosos de la capital y no suena muy lógico que los inmuebles carezcan del mantenimiento respectivo en materia de servicios públicos.
De hecho, las empresas prestadoras del servicio domiciliario de gas obligan a realizar una revisión anual de los gasodomésticos e instalaciones y cuando ello no ocurre desconectan el servicio casi que de inmediato.
Algunos vecinos del sector consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, manifestaron que no entendían como se pudo presentar un incidente de esta naturaleza, como quiera que el sector tiene un suministro óptimo de servicios públicos. Y en redes sociales el 27 de julio, habitantes de la zona expresaron su extrañeza al observar la aparición de varios carros de bomberos.
Ana Regina, es hija de Ottomar Lascarro exalcalde de El Carmen de Bolívar entre los años 2001 y 2003.
Al conocer lo sucedido su padre aseguró, “aún no sabemos con exactitud qué pasó. Bomberos de Bogotá advirtieron que se trató de una fuga de gas. Es muy triste, porque ese día me llamaron como a las 10 de la mañana a informarme”.
Con 48 años de edad y una vida establecida en Canadá, Ana Regina había regresado el día anterior a la explosión, el 26 de julio, para trabajar en una entidad pública. En el pasado ya lo había hecho con el Ministerio de Defensa.
Pero, una extraña coincidencia la une con el escándalo del contrato con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTic, Su hermano, es uno de los accionistas salpicados en este asunto.
Se trata de Ottomar Lascarro Torres quien junto a Jalím de Jesús Rebaje García son accionistas de dos empresas. Lastor Inversiones del Caribe SAS y OLT Construcciones SAS. Estas a su vez son accionistas de Intec de la Costa SAS y Omega Building SAS, las compañías que con un quince por ciento de participación cada una integran la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia SAS.
Intec de la Costa SAS, además de estas empresas, también es accionista José Fernando Lorduy Fernández, cuñado del condenado por el carrusel de la contratación, Emilio Tapia.
Lascarro Torres, a través de la empresa OLT Logistics SAS ha sido cuestionado en el pasado. En el año 2015, la plenaria del Concejo de Medellín, se dejó consignado en el acta de la sesión 685, los reparos por un proceso de contratación de las ciclorrutas de la ciudad por $4.295 millones. Este se le adjudicó al Consorcio Ciclorruta 2014, confirmado por Promaqco y OLT Logistics SAS.
Luego de más de 33 tutelas interpuestas se suspendió la obra, pero en el entretanto se conoció que esta empresa había sido creada el 20 de enero de 2003 con el nombre Gustavo Fontalvo y su banda, una agrupación musical que nueve años después Cambio a OLT Construcciones del Caribe SAS y a mediados de julio de 2012 pasó a denominarse OLT Logistics SAS.
Una compañía que meses después fue cuestionada por un contrato con la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios, Uspec, para la construcción de infraestructura en varias prisiones del país.
Sin embargo, en el año 2016 sucedió algo en particular. El entonces Auditor hoy Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, denunció que a través de 69 redes o mallas empresariales se concentraba la contratación pública del país y que estás se quedaban con 7.4 billones de 19 billones contratados.
Una de las firmas denunciadas por Córdoba en ese momento fue precisamente OLT Logistic SAS de quien aseguró que la empresa había pasado de hacer música a prácticamente contratar de todo en el país. Adicionalmente, encontró que la firma tenía una sanción y una inhabilidad para contratar con el Estado hasta el 2019.
Paradójicamente, meses antes cuando estalló el escándalo de las ciclorrutas en el Área Metropolitana de Medellín, el entonces concejal Bernardo Guerra Hoyos, luego de lamentar la poca acción de los organismos de control. Aseguró que la ciudad se estaba enfrentando a un cartel y señaló a Lascarro y a otras personas de tener el control de la contratación en Sucre, Córdoba y otros municipios de la región.
Incluso aseguró que Lascarro y los demás señalados, trabajaban de la misma manera que lo hizo Emilio Tapia, “ el es de Sahagún y está gente en su gran mayoría es de Chinú”.
A este hecho se suma otro supuesto vínculo de la hermana de la médica fallecida. En concreto, se trata de Tatiana Zenith Lascarro Torres, quien también fuera socia de Intec de la Costa SAS.
Al igual que su hermana presunta víctima de la fuga de gas, nació en Carmen de Bolívar, fue funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y como representante legal de la firma Construcciones Maquinaría y Vías de Colombia SAS, fue beneficiaría en el municipio de Tolú, Sucre, de un contrato por $3.000 millones.
Lo cierto es que mientras crece el escándalo del contrato por más de un billón de pesos para conectar las escuelas del país a internet, y del cual se presentaron pólizas falsas, se giró un anticipo de $70.000 millones a pesar de no cumplir los requisitos y ya se declaró la caducidad del contrato por parte de la administración de la ministra Karen Abudinen; ahora se inició el enfrentamiento mediático, jurídico y de toda índole, entre los socios de las empresas involucradas en este entramado que cada vez más se acerca al carrusel de la contratación en Bogotá.
Al respecto, el presidente Iván Duque, señaló este domingo que quienes están detrás de la contratación en el ministerio de las TIC, “la van a pagar y la van a pagar duro”, al tiempo que informó que a través de los organismos de control se hicieron los embargos correspondientes, interrogatorio a varias personas y se está entregando información a las autoridades internacionales.
En cuanto a la muerte de Ana Lascarro Torres en una extraña explosión por una supuesta fuga de gas en un apartamento en Bogotá, las autoridades deberán investigar si se trató o no de una extraña coincidencia.
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