Luis Carlos Prieto Nivia, Juez Primero de Familia de Ibagué acaba de ser destituido e inhabilitado en primera instancia por diez años por tratos denigrantes a funcionarias de su despacho. Dos de sus funcionarias lo denunciaron por conductas reprochables. Trato despectivo, maltrato psicológico, acoso laboral y hasta discriminación de género, es decir preferencia y mejores tratos a los funcionarios hombres.
El mismo juez tenía otra queja por acoso laboral en Monterrey, Casanare. El ambiente en el juzgado llegó a tal punto que los abogados de la región imploraban para que sus procesos no fueran conocidos por ese juzgado.
Un litigio que terminó con la pérdida del cargo del juez que se inició a mediados de junio de 2016 cuando Rose Enith González Sánchez auxiliar judicial, quien trabajaba en ese despacho desde el año 2003, interpuso una queja formal ante el Consejo Seccional de la Judicatura.
La funcionaria evidenció trato despectivo, maltrato psicológico, el haberle negado un permiso por luto ante el fallecimiento de su madre, trato diferencial respecto a los demás compañeros de trabajo y hasta violación del debido proceso, pues se enteró que el juez la había regresado a su cargo como escribiente cuando recibió su desprendible de nómina y no porque la hubiera notificado.
A finales de octubre de 2017, la oficial Mayor del Juzgado, Anny Liliana Rodríguez Pineda, también se quejó en contra del juez por acoso laboral. El abanico de presuntas ofensas que expuso dejaron sorprendidos a los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial Seccional Tolima.
Asignación de elevada carga laboral, trato discriminatorio, irrespetuoso y desobligante y la exigencia de trabajar en horario extendido hasta las 9 de la noche, incluyendo los fines de semana.
De hecho, faltando pocos días para iniciarse la vacancia laboral de la Rama Judicial, el juez quien probablemente desestimó la queja de sus subordinadas no asistió al Comité de Convivencia Laboral, un requisito que exige la ley para poder iniciar un proceso disciplinario.
Así las cosas, el proceso continuó y los funcionarios del juzgado primero de familia de Ibagué, uno a uno declararon lo que allí sucedía.
Por ejemplo, Rose Enith González narró que a pesar de que laboró en ese despacho judicial por más de quince años, jamás tuvo inconvenientes con los otros jueces que ocuparon el cargo hasta cuando fue designado Luis Carlos Prieto Nivia, esto fue el primero de julio de 2015.
También aseguró que la otra funcionaria que se quejó, Anny Liliana Rodríguez Pineda conocía de todos los procesos complejos, además de la carga ordinaria que se le asignaba. Sin embargo, a las dos se les negaba los derechos de ley, como licencias por luto o permisos para asistir a entrevistas luego de ganar el concurso de la Rama Judicial.
Además recordó un hecho que la conmovió. Cuando falleció la madre de Anny Liliana Rodríguez a pesar de tener derecho a cinco días de permiso por luto, al día siguiente del funeral, el juez Pinto ordenó que se reintegrara argumentando que ya se le había dado concedido un permiso durante la enfermedad de la progenitora. Sin embargo, cuando los funcionarios hombres pedían permisos, a ellos sí se los otorgaba sin problema.
“(...) a las compañeras les dice que parece que no fueran abogadas, que no tienen sino una neurona y se les va a quemar, (...) a las mujeres nos grita, nos trata mal, el doctor cierra el despacho con llave y le entrega las llaves a personas que llevan un solo día en el despacho, ni siquiera saluda”.
De la misma manera, advirtió que no hacía todas las correcciones de los documentos de una vez, si no que difería las observaciones represando la carga laboral y las entregaba a las seis de la tarde y muchas veces sin una sola palabra.
El secretario del juzgado, Luis Fernando Cardozo, uno de los funcionarios más antiguos de ese despacho. Llegó en 1998 como escribiente y desde entonces ha ocupado todos los cargos.
Su testimonio fue fundamental. Aseguró que desde que llegó el juez Prieto, las cosas no han funcionado bien. En los 36 años que ha estado laborando allí es la primera vez que se presentan dificultades con los empleados.
Ratificó lo sucedido con Anny Rodríguez, la oficial mayor. En contra de quien empezó una presunta animadversión por parte del juez por una tutela que el juez Prieto le exigió que corrigiera después de las 6:00 Pm, a pesar de que solo se podía notificar hasta el día siguiente.
Otro de los testimonios que evidenció el ambiente de trabajo fue el de Erika Carbajal, sicóloga y asistente judicial del despacho. Aunque aseguró que no quería entrar en confrontación con el juez para evitar inconvenientes, sí relató un hecho que la afectó. En una oportunidad un usuario hablo con Prieto y este luego la gritó.
Al verla llorar, sus compañeras Giselle y Carolina Angarita, hablaron con el togado y le hicieron saber que no estaban acostumbradas a que las maltrataran y las gritaran y menos en frente de los usuarios. Pero esto no frenó al funcionario encargado de velar por impartir justicia y de propiciar un ambiente ameno de trabajo.
Aunque no era abogada si no sicóloga estaba encargada de proyectar los autos de interdicción judicial. En una ocasión transcribió una corrección que hizo el juez con letra ilegible y escribió la palabra que creyó entender, pero la reacción de Prieto fue a su juicio irrespetuoso.
Con un gesto le hizo saber que era bruta, se exaltó y la sacó de la oficina. “(...) que pena doctor pero a mi no me haga ese gesto, yo estoy en todo el derecho de pedirle a usted que me respete. Él lo único que decía era, retírese, retírese, retírese”.
Ni siquiera la citadora se salvó de los malos tratos de Prieto. Blanca Alcalá le narró al magistrado que el juez trataba a los empleados con mucha arrogancia, no escucha sugerencias y señala que ahí se hace lo que él dice sin controvertir. “Allá el ambiente es muy tormentoso, causa mucho malestar, todo eso”.
Con estos y otros testimonios la Comisión de Disciplina Judicial determinó que el juez Prieto infringió el deber de respeto, imparcialidad y rectitud a las personas que hacían parte de su grupo de trabajo y desconoció la prohibición legal de ejecutar actos de violencia en contra de superiores, subalternos o compañeros de trabajo.
En conclusión, encontraron probadas las conductas de acoso laboral en contra de las funcionarias del juzgado, a tal punto que una de ellas fue reubícala en otro juzgado.
Ellas fueron objeto de gestos, palabras irrespetuosas, gritos y en general un trato humillante que atentaron contra su integridad psíquica y degradaron su ambiente de trabajo; lo que constituye una falta disciplinaria gravísima.
La sanción disciplinaria contra el juez Luis Carlos Prieto Nivia, se convierte en un nuevo antecedente para aquellos jueces y magistrados que tras su toga imparten justicia pero se convierten en verdugos de quienes realmente hacen el trabajo que permite que los togados se luzcan en los estrados, redes y medios de comunicación.
También le puede interesar
