Jorge Alfonso Molina García-Mayorga se perfila como una de las piezas clave del rompecabezas de la licitación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, MinTIC por $1.07 billones adjudicada a la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para conectar a Internet a más de siete mil escuelas rurales del país.
Su nombre está relacionado con las garantías falsas presentadas en esta licitación y hasta con Emilio Tapia, uno de los cerebros del carrusel de la contratación en Bogotá quien paga dos penas de prisión acumuladas por determinación judicial en nueve años y nueve meses que purga en su casa en Barranquilla.
El 25 de junio de este año, Molina fue denunciado por Juan José Laverde, representante legal de Rave Agencia de Seguros Ltda, firma a la que Unión Temporal Centros Poblados, encargó inicialmente la gestión de las pólizas de seriedad de la oferta y luego las de calidad y cumplimiento.
Pero el valor del contrato impidió la expedición de las mismas por lo que acudió a Molina a solicitud de un tercero cuyo nombre no mencionó, para que las gestionara a través del Banco Itaú. Meses después ante el reclamo de la unión temporal se enteró que eran falsas.
En su denuncia Laverde manifestó que aquel hombre que consideraba un experto en contratación pública, pues se jactaba de tener un lote de gran valor que le permitía acceder a garantías y créditos bancarios, le pidió $50 millones para homenajear a las directivas del Banco Itaú y así arreglar el problema de las pólizas falsas.
También expresó que otra empresa a la que Molina gestionó una garantía con Itaú para licitar ante la Unidad de Planeación Mineroenergética, UPME, solicitó una certificación de dicho banco de la legalidad de la póliza y recibió días después un acuse de recibo con los logotipos de la entidad financiera pero desde el dominio Germán.sandoval@banco-Itaú.co que no corresponde al corporativo de Itaú, @itau.co
No obstante, al verificar dicho dominio, el cual fue creado en mayo de este año a nombre de Daniel Grillo, ubicado en la dirección Calle 65 7-18, en el sector de Chapinero, al norte de Bogotá, hay una particularidad, que al confirmarla resultó inexistente.
Tres días después de esta denuncia, Luis Fernando Duque Torres, el representante legal de la unión temporal en cuestión, también lo denunció por el presunto delito de falsedad en documento privado.
Pero los líos de Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, no se remiten exclusivamente a su participación como gestor de las garantías falsas del contrato de MinTIC, La Agencia de Periodismo Investigativo, API, documentó todas las denuncias en su contra desde hace 15 años.
De hecho, desde el año 2006 tiene radicadas en su contra trece denuncias más por todo tipo de delitos. Dos denuncias por abuso de confianza interpuestas el 25 de mayo de 2006 y otra el 20 de agosto de 2010.
A estas se suman cinco más por estafa, radicadas el primero de abril de 2008, el 15 de julio y 2 de junio de 2010, otra a comienzos de 2011 y una más a mediados de 2015.
Además, por el presunto delito de falsedad en documento tiene una denuncia del primero de septiembre de 2009 y otra más el 10 de junio de 2017.
También se adicionan otras por fraude a resolución de febrero de 2011 y una más por omisión de agente retenedor, esto en noviembre de ese mismo año.
Pero su prontuario no paró allí. A mediados de 2016, la ciudadana Blanca Torres lo denunció por fraude procesal. En concreto, por un testimonio, que según ella, no se ajustaba a la realidad en un proceso de pertenencia de un predio denominado finca Los Rosales, El Bagazal, en pleno corazón de uno de los barrios más costosos de Bogotá.
En su relato Torres advirtió que lo manifestado por Molina, es decir que ellas estaban invadiendo un lote que realmente les pertenecía, era un intento para inducir a error a la justicia. También evidenció destrucción de su casa y hasta amedrentamiento con perros bravos.
Las denuncias contra el intermediario Molina no cesaron. En 2017, fue denunciado por falsedad material en documento público, nada más y nada menos que por un exfuncionario de Fonade. Resulta que el mismo Molina presuntamente lo hizo pasar como supervisor del Complejo Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Puerto Triunfo, Antioquia. Justo uno de los contratos más problemáticos de Fonade en temas carcelarios y cuyo representante legal del consorcio ganador era también Molina.
Otro negocio terminaría en líos para el intermediario. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja abrió licitación, a mediados de 2017 para la construcción del edificio de posgrados. Se presentaron cuatro proponentes, uno de ellos la empresa de Molina, CM Construcciones y Mantenimiento SAS integrando el Consorcio ALRA, 2017.
Para acreditar experiencia adjuntó un documento denominado acta de recibo de edificaciones en formato FGPPE11 de Fonade. Allí se hizo constar que el contrato de la cárcel de Puerto Triunfo fue entregado el 10 de septiembre de 2010 y el cual supuestamente fue recibido a satisfacción por el supervisor de Fonade el ingeniero Ricardo Zarrate.
Indignado, el ingeniero manifestó, “(...) aparece mi nombre en calidad de supervisor de Fonade una firma como si fuera mía, dicho documento no fue elaborado ni tomado por el suscrito, por lo tanto la firma que ahí aparece es una falsificación”.
La persona que alteró la firma del ingeniero Zarrate no tuvo en cuenta un detalle, este sí trabajó en Fonade pero se retiró en el año 2007, por lo tanto era imposible que hubiera suscrito aquel documento.
Dos años atrás, en el 2015, el comerciante Marcos Palomino advirtió que Molina le solicitó dinero prestado en tres oportunidades para cumplir con unas obras pendientes. A fin de pagarle, Molina le giró tres cheques del Banco Av Villas por un valor de cuarenta, cincuenta y sesenta millones de pesos, respectivamente. Sin embargo, todos fueron devueltos por fondos insuficientes.
En ese mismo 2015, Johanna Triana, una madre cabeza de familia, ingeniera civil denunció a Molina por estafa y fraude mediante cheque. Meses antes cuando trabajaba en la compañía Itac Construcciones en Bogotá, Molina le hizo una tentadora oferta, trabajar en la que, según él, era una de las mejores empresas de ingeniería del Mercado CM Construcciones y Mantenimiento SAS, es decir, su propia firma.
La nombró gerente comercial y directora de licitaciones, una labor en la que ella era experta, el salario prometido fue de cinco millones de pesos mensuales más comisiones por cada licitación presentada.
Con la convicción que su situación económica mejoraría aceptó. Aunque su horario era de lunes a viernes de 8 am a 6 pm, en la práctica terminó trabajando sábados y domingos hasta las 10 de la noche.
Pero se llevó una sorpresa. En cinco meses de trabajo jamás le pagaron su salario, ni prestaciones. Al reclamar, le entregaron un cheque al día, pero este no le fue pagado por el banco por fondos insuficientes.
“(...) ellos deben responder por los daños y perjuicios causados, soy una madre cabeza de familia con dos hijos, dependo de mi sueldo, me tocó acudir a préstamos y a pagar intereses y ahora estoy perdiendo el apartamento donde vivo”, aseguró la ingeniera.
Una década atrás, Luis Hernando Leaño Jiménez y Yenny Yolima Angarita aseguraron ser víctimas de Molina y algunos de sus familiares que también fungían como socios.
Advierten que fueron convencidos de invertir en un proyecto inmobiliario de 210.000 metros cuadrados en el sector Pozos Colorados en Santa Marta. Se trataban de un predio que supuestamente era de los Molina García-Mayorga, el cual contaba con diseños y planos listos para radicar en la curaduría e iniciar obra en 2011, consistente en diez torres de apartamentos.
El brochure y el presupuesto entregado por Molina fue de un poco más de un billón de pesos y ellos, Leaño y Angarita, entrarían como socios con $200 millones con el 10% de las acciones. Molina también les aseguró que entregarían el lote de 53.479 metros cuadrados de su propiedad y valorado en $55.000 millones.
Paradójicamente este lote coincide con el descrito por Laverde en su declaración y que supuestamente es el que usa Molina para apalancar créditos y garantías bancarias.
Leaño y Angarita cerraron el negocio con Molina y sus socios y entregaron la suma solicitada en dos pagos, uno por $122 millones y el otro por $78 millones. No obstante, pasaron los meses llegaron las excusas y al verificar, encontraron que el lote no pertenecía a Molina y que en las curadurías de Santa Marta no se había radicado el proyecto prometido. Irónicamente una entidad financiera también se quejó de Molina y lo denunció por fraude a resolución judicial.
Se trata de Leasing Bolívar S.A compañía de financiamiento que en febrero de 2011 denunció a Jorge Alfonso Molina García-Mayorga por los presuntos delitos de fraude a resolución judicial y abuso de confianza.
A través de su empresa CM Construcciones, Molina suscribió un leasing para adquirir maquinaria pesada, esto es un retrocargador marca Case y una volqueta doble troque.
Ante el incumplimiento en el pago mensual, la entidad financiera inició un proceso de restitución de inmueble arrendado. Meses después. el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá ordenó la restitución de la maquinaria, pero este hizo caso omiso.
Estas son algunas de las historias de aquellos que dicen haber sido victimas de Molina. Sin embargo, muchos de estos procesos inexplicablemente no avanzaron en la Fiscalía y se quedaron en indagación, algunos incluso ya prescribieron según expertos consultados.
Tras 15 años de todo tipo de líos con socios, empleados, empresas, entidades bancarias, exfuncionarios y funcionarios, ahora Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, sin condenas vigentes, es hombre clave con un asunto mayor, el señalamiento de tramitar pólizas falsas de un contrato millonario para suministar Internet rural y que derivó en la renuncia de la ministra, Karen Abudinen.
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