El pasado viernes 9 de junio, en la calle 22 bis núm. 48-40, al frente de su hogar que habitaba con su esposa y dos hijos pequeños, se reportó la muerte violenta del Teniente Coronel de la Policía, Óscar Darío Dávila Torres, quien se desempeñaba como coordinador de Protección Anticipativa de la Presidencia de la República.
El oficial era el jefe de la Sala de Anticipación, ubicada extrañamente en el piso 13 del edificio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y cuya misión es la seguridad del primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro.
El uniformado era uno de los indagados, precisamente, en virtud de las funciones que desempeñaba en la Presidencia, por el escándalo que se suscitó tras conocerse que a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la exjefa de gabinete Laura Sarabia, sin ser funcionaria pública, había sido sometida a una prueba de polígrafo.
Adicionalmente, a su teléfono móvil se le había realizado una copia espejo y la línea interceptada ilegalmente, luego de que la alta funcionaria de la Casa de Nariño denunciara que de su casa a finales de enero había desaparecido una fuerte suma de dinero que está por especificar, esto como quiera que se habló inicialmente de US$7.000, luego US$4.000 y después $150 millones.
El escándalo puso la lupa del ente investigador sobre los policías que cumplen funciones en la Presidencia; entre ellos el teniente coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar y quien fungió como jefe de seguridad del mandatario Gustavo Petro cuando se desempeñó como alcalde de Bogotá y por supuesto del Coronel Dávila.
El pasado 2 de junio y tras el anuncio del fiscal general Francisco Barbosa de que en el país habían regresado las interceptaciones ilegales o denominadas chuzadas y en la que relató que a las dos empleadas de Laura Sarabia, Marelbys Meza y Fabiola Perea las interceptaron por fuera de la ley vinculándolas como cercanas a Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias 'Siopas', segundo cabecilla del Clan del Golfo, el coronel Dávila le remitió una comunicación al fiscal solicitándole se le informara cuál era su condición respecto a esa investigación y solicitando ser escuchado.
"Informo a usted mi absoluta disponibilidad para presentarme ante el despacho del ente investigador que se me indique, a fin de rendir entrevista con ocasión de los hechos de público conocimiento socializados en los últimos días a través de los medios de comunicación y que involucraron altos funcionarios de la Presidencia de la República", indicó el coronel Dávila.
"Reitero mi interés de colaborar con la correcta administración de justicia, y, en consecuencia, como responsable de la Coordinación de Protección Anticipativa de la Jefatura de Protección Presidencial, me pongo a su completa disposición, para contribuir al esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación", indicó el oficial.
Cinco días después, el teniente coronel Dávila recibió a los funcionarios del CTI que realizaron una diligencia de inspección en el piso 13 de la Dirección de Impuestos y Aduanas, Dian, y dos días después murió en circunstancias y motivos que están por establecer tanto por la justicia como por las ciencias forenses.
La esposa del Coronel
Su deceso trajo no solo un profundo dolor para su familia, sino también una encrucijada para su esposa y madre de sus dos hijos, una odontóloga de 40 años de edad, oriunda de Bogotá y contratista de la Policía, la institución a la que por más de 24 años el oficial literalmente entregó su vida.
P.A.I.L., cuyo nombre se abstiene de revelar la Agencia de Periodismo Investigativo, API, por motivos de seguridad, estudió en el colegio Nuestra Señora del Pilar de Chapinero, de donde se graduó en el año 2000. Seis años después, obtendría su título de odontóloga de la Universidad El Bosque, y en 2019 se especializó en Dirección de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud.
Según su hoja de vida, en poder de esta Agencia, entre 2007 y 2013 laboró como odontóloga particular en un consultorio al norte de Bogotá. Luego, entre 2016 y 2017, en la Fundación Avanzar en Bucaramanga, y una vez más en 2021 en un consultorio particular en la capital.
Pero desde el 6 de abril de 2022 se vinculó como contratista de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para ejercer como odontóloga general, por unos modestos honorarios de $1.3 millones. En noviembre de ese mismo año, suscribió otro por un valor similar, y apenas este 16 de mayo, un tercero por siete meses, es decir, la viuda del oficial, por cuenta del contrato suscrito, queda bajo la lupa de la institución policial.
Esto en el contexto del contrapunteo de la Policía con la Fiscalía por las declaraciones de su director el general William Salamanca y el fiscal Francisco Barbosa, en cuanto a la legalidad de la prueba de polígrafo y las interceptaciones realizadas a las empleadas de Laura Sarabia.
Con otro no menos significativo en cuanto a los móviles económicos de la muerte de Dávila. El oficial apenas el 26 de diciembre de 2016 había adquirido un apartamento de 39 metros cuadrados en el tercer piso de un edificio en Villavicencio, que compró con el subsidio de la Caja Promotora de Vivienda Militar y que constituyó además como vivienda familiar.
Asimismo, en 2020 adquirió, junto con un familiar, el 50% de un inmueble de 46.90 metros cuadrados, también en Villavicencio.
Con esos bienes, sus ingresos propios y, en promedio, una pensión a la que ya tenía derecho el oficial de al menos $7.1 millones mensuales, deberá terminar la formación académica de sus dos hijos pequeños, así como su manutención.
¿Homicidio o suicidio?
Las razones de la muerte violenta del oficial, las establecerá la justicia y las ciencias forenses. Por lo pronto, quedan muchas piezas del rompecabezas judicial que no parecen encajar según oficiales de la institución y allegados a la familia consultados.
Uno de ellos, cuyo nombre pidió mantener en reserva, fue enfático en señalar que la familia del oficial, tras conocer la noticia de su muerte, desmintió que el padre, una hermana y la sobrina del uniformado hubieran salido el viernes del país porque el coronel estuviera intentando salvaguardar su vida o creyera que estuviera en peligro. "Eso no es cierto, lo que han dicho los medios es falso. Ellos viajaron porque es temporada de vacaciones. Si fuera así, los primeros en salir del país hubieran sido su esposa e hijos", le señaló a esta Agencia.
Asimismo, el oficial cercano al coronel Dávila advirtió que en la intimidad familiar el uniformado no demostró estar preocupado o inquieto ese viernes 9 de junio. "No mostró ninguna señal de despedida extraña o que mostrara presión psicológica. Él estaba acostumbrado, por su profesión, a lidiar con todo tipo de preocupaciones y aflicciones", señaló.
Y es precisamente uno de los puntos que no encaja para quienes fueron cercanos al oficial en la institución. "Nosotros, desde la Escuela, estamos capacitados para lidiar física, mental y emocionalmente con todo tipo de circunstancias y presiones. Y en ese grado no solo ya se cuenta con la experiencia de más de 20 años, sino con la formación para soportar todo", aseguró otro de los oficiales cercanos a él en el Departamento de Policía de Cundinamarca, llamado en el argot policial, Decun.
Justamente, el teniente coronel Dávila era un experimentado y curtido oficial; uno de los 503 policías en ese grado que hizo carrera en el área de la investigación criminal; de hecho, en 2019 se desempeñó como Jefe Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Cundinamarca.
Luego, se desempeñaría como jefe de las Comisiones Investigativas contra el Crimen Organizado, Cicor, que persigue objetivos de alto valor. La número seis, por ejemplo, tiene como objetivo el Clan del Golfo, que tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', se fijó como propósito a otro de los cabecillas, Wilmer Antonio Giraldo, alias 'Siopas'.
De hecho, a la orden de interceptación legal en contra de ese sujeto, se incluyeron ilegalmente a la exniñera Marelbys Meza y a la empleada por días, Fabiola Perea a quienes le hicieron creer a un fiscal que se trataban de alias 'la Niñera' y alias 'la Madrina', respectivamente.
Homólogos y amigos del teniente coronel Dávila indicaron que el oficial era un investigador innato, un policía de calle y no de escritorio, y por lo tanto tenía gran fortaleza mental. "Se necesita tenerlas bien puestas para enfrentarse al Clan del Golfo", aseguró uno de ellos, mientras con sus gestos demostraba poca credibilidad frente a la teoría del suicidio.
El manejo del arma
Otro de los puntos que no los convence en la historia es que el oficial hubiera ordenado a su conductor y escolta ir a comprar una botella de agua, justo estando frente a su domicilio.
Tampoco entienden el porqué el conductor incumplió el reglamento de manejo de armamento de la Policía Nacional, que indica que el arma de dotación siempre se debe llevar consigo y jamás se puede perder de vista.
Esto porque, en virtud de los testimonios recaudados en los actos urgentes realizados tras el deceso del oficial, trascendió que el conductor, quien también es un integrante de la Policía, antes de descender del vehículo, dejó su arma de dotación, la que se usó para causar la muerte violenta del coronel.
Y es que el Manual de Recursos Logísticos de la institución establece como criterio de dotación una pistola 9 milímetros con funda de extracción rápida, tres proveedores y una carga básica de 45 cartuchos. Este determina que únicamente se puede desprender de su arma al ser trasladado, al salir de vacaciones o cuando no se encuentre en actos de servicio por lo cual solo en estos casos devolverá el arma a la unidad donde se le entregó la dotación quedando bajo supervisión y cuidado del armerillo, es decir, el funcionario que custodia las armas.
Para los compañeros de Dávila, es inexplicable que el escolta, si fue cierta la orden que le impartió el coronel de comprar una botella de agua, no hubiera sospechado el porqué si estaba justo al frente de su hogar.
Tampoco les parece consecuente que el oficial hubiera tomado la decisión de acabar con su vida con el arma de dotación, una 9 milímetros que dejó el conductor en su asiento, justo al frente de su casa, pues sus hijos y su esposa se enterarían de inmediato y podrían llegar a tener acceso a la escena del deceso.
En cuanto al trino del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que posteriormente borró y en el que indicó que: "Temas tan sensibles deben tratarse con suma rigurosidad: el mismo proyectil que atravesó la cabeza del Cr. Dávila dio en el techo del vehículo y se recuperó en su interior. Hay certeza sobre la ocurrencia del suicidio. La Fiscalía debe informar pronto para evitar especulaciones", los oficiales hicieron precisiones.
Aseguraron que es posible que un arma 9 mm, cuando se dispara a corta distancia, pueda impactar en otro punto. Sin embargo, llaman la atención del por qué se dice que hay certeza del suicidio sin conocer el informe de necropsia, la prueba de absorción atómica y el tatuaje.
En la prueba de absorción atómica se determina los residuos químicos del disparo. Es decir, cuando se dispara un arma de fuego se generan residuos de pólvora, nitritos y nitratos, restos de plomo, cobre del detonador de la carga iniciadora como bario y antimonio. Estos particulares quedan difuminados en la persona que percutó el arma.
Estos elementos se encuentran en el proyectil y el fulminante, al salir el proyectil, vapores y partículas se diseminan en las prendas de vestir, rostro y manos.
Sin embargo, incluso este es solo un principio orientador, pues se habla de falsos positivos como la manipulación previa de un arma utilizada, transferencia por forcejeos, proximidad del sitio y de falsos negativos cuando, por ejemplo, se aplica de manera inadecuada la prueba, como su extemporaneidad de seis horas o incluso el lavado de manos posterior al uso.
Otra de las pruebas cuyo resultado se desconoce son las balísticas forenses, puntualmente el tatuaje, es decir, la incrustación de estas mismas partículas de pólvora en la piel que circunda la herida generada por el proyectil, esta se presenta en disparos a corta distancia y es ese halo oscuro que circunda la herida.
Lo cierto es que el deceso del oficial, sus causas y la manera en que realmente se produjo, es un eslabón doloroso de un caso que inició con la denuncia de un hurto de dinero en la casa de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, que derivó en pruebas de poligrafía, interceptaciones ilegales, audios filtrados en los que se hace referencia a $15.000 millones destinados a la campaña presidencial, el embajador de Venezuela excluido de su cargo y ahora la muerte del segundo al mando en la seguridad de Casa de Nariño. El caso por la muerte del coronel Óscar Darío Dávila Torres, apenas comienza, vendrán nuevos desarrollos.
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