Las víctimas de Hidroituango crecen, pero esta vez, bajo otra modalidad. Una nueva ola de afectados se desprende de la construcción de una de las represas más grandes de Latinoamérica. Se trata de cientos de campesinos a quienes desde hace meses,ISA, una de las firmas encargada de la interconexión eléctrica generada desde la represa de Hidroituango, les está imponiendo servidumbres eléctricas, arrasando con árboles, animales, cultivos y destruyendo lo que familias agrícolas han trabajado durante años en sus fincas para sobrevivir.
Una afectación social, económica y ambiental que busca el accionar de la justicia. Para ello, derechos de petición, demandas ante juzgados civiles en Medellín y un sinnúmero de actuaciones procesales, inundan los despachos de la capital de Antioquia. Se han documentado casos en que a campesinos, la empresa, les ha pagado $60.000 por la afectación en más de una hectárea de terreno. Pues desde ISA, afirman que el metro cuadrado en Amalfi, Antioquia, uno de los municipios afectados, vale $150. Denuncias por inspecciones judiciales realizadas en el mismo día y hora que solo se registran en el papel y hostigamiento a los campesinos con amparos policivos, abren un nuevo capítulo de Hidroituango.
Aunque son cientos los afectados, 37 trabajadores de la tierra o mineros artesanales, habitantes del municipio de Amalfi, uno de los más extensos del departamento de Antioquia, aunque reducido en población, con 22.088 habitantes, denuncian ser víctimas de hostigamientos y atropellos por parte de ISA, al haberse negado a recibir cifras que califican de irrisorias, que les ofrece la compañía de interconexión para desarrollar el proyecto denominado Interconexión Noroocidental Subestación Ituango (500KV), adjudicado en 2015, en cuatro líneas de trazado en los departamentos de Antioquia, Santander y Córdoba.
En otras palabras, por rehusarse a recibir entre $60.000 y $140.000 para que en sus fincas se permitiera el ingreso de maquinaria, la instalación de torres de energía eléctrica, cableado y se afectaran entre una y cuatro hectáreas de sus tierras, no solo no han sido indemnizados y por el contrario, los campesinos fueron demandados ante los juzgados civiles de Medellín. Se trata de un proceso denominado declarativo verbal de servidumbre. Con un detalle adicional, en dichos procesos la empresa demandante relacionada con ISA, argumenta en todos los casos, que el avalúo del metro cuadrado en Amalfi es de tan solo $150.
Lina María Gutierrez, una abogada de Manizales, quien empezó como apoderada de un campesino desde el año pasado, ya representa a 37. Dice que la capacidad de su oficina de abogados es insuficiente para atender a tantos pobladores que le han pedido que los ayude. Afirma que en los procesos de imposición de servidumbre pululan las inconsistencias. “Hemos encontrado imprecisiones que estamos investigando, es una empresa que está desarrollando un gran megaproyecto a quienes en la zona ya se les denomina como el ‘Cartel del Cable’, porque vemos cómo pasan por encima de la población para lograr sus intereses... hacen inspecciones judiciales el mismo día y a la misma hora para legalizar a la gente y todos los campesinos manifiestan que nunca visitaron sus predios” y lanza una frase lapidaria “son quizás los actos más corruptos con los que me haya enfrentado en mi vida profesional”, afirma la jurista
Para comprobar los argumentos de la abogada y precisar lo que está pasando, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, tiene en su poder las diligencias de inspección judicial por comisión del Juzgado 23 Civil Municipal de Oralidad de Medellín. Aparecen firmadas por el juez William Giraldo Martínez, la apoderada de la parte demandante Laura Castañeda Ramírez; el coordinador de Proyectos Andrés Felipe Zuluaga Pérez, Nury Carolina Barajas Niño negociadora Predial y Miriam del Pilar Gómez Gómez. La revisión de los documentos muestra un hecho que llama la atención; en las actas elevadas por el juzgado se afirma que dichas inspecciones judiciales se realizaron el 3 de octubre de 2018.
Por ejemplo, en el proceso interpuesto por la empresa Interconexión Eléctrica SA en contra de Augustin González Montoya y Leonardo de Jesús Gómez Arias, el miércoles 3 de octubre, “siendo las 8:00 horas se constituye el Despacho en audiencia y se dispone el traslado para realizar la Inspección Judicial”, en el auto comisorio se afirma que la inspección se realizaba en el predio conocido como “San Juanito” o el “Chócolo” de la vereda El Silencio o Salazar del municipio de Amalfi.
En este lugar, según el acta, se ubicará la franja de servidumbre correspondiente al tramo Poso, “en el proyecto Interconexión Norooccidental-Subestaciones Ituango (500 KV), Medellín (Katios a 500 KV y 230 KV) y las líneas de transmisión asociadas de Energía Eléctrica....con longitud de servidumbre de 157 metros, ancho de servidumbre 65 metros. Área de servidumbre total de 11.594 metros cuadrados” reza la diligencia.
Más adelante se asegura que “se procede, a realizar una descripción del lugar, construcciones y plantaciones existentes”. Finalmente el juez promiscuo municipal de Amalfi, comisionado por el juzgado de Medellín, procedió a autorizar la ejecución de las obras consistentes en pasar las líneas de conducción de energía eléctrica por la zona de servidumbre del predio afectado, instalar las torres de energía necesarias para el montaje de las líneas y el tránsito sin restricciones del personal para que instale, verifique, mejore, conserve y ejerza vigilancia. Adicionalmente, ordenó remover los cultivos y “demás obstáculos que impidan la construcción o mantenimiento de las líneas” y autorizó a las autoridades militares y de Policía para prestarle a la empresa Interconexion Eléctrica la protección necesaria para el goce efectivo de la servidumbre.
Otra situación pone en entredicho las actuaciones contra los campesinos. El mismo juez, en el mismo día y hora, realizó 10 inspecciones judiciales más. Una de estas fue al predio La Cristalina en la vereda Montobello de propiedad de 10 integrantes de la familia Londoño Barrientos, encabezada por Carmen Rosa Barrientos de Londoño.
A la finca de esta familia se le impuso una servidumbre de 25.998 m2. Es decir, en 397 metros de largo y 65 de ancho de su propiedad, se instalará una torre de energía, las líneas de conducción y el tránsito libre del personal de la empresa y de Fuerzas de Militares y policía quienes le prestarán el servicio de protección a la empresa Interconexion Eléctrica. En el acta se afirma que en el terreno se observó café, plantas de guayabo, bosques y rastrojo y que llegan a este lugar gracias al vehículo que pusieron a disposición del despacho, el coordinador del proyecto y la negociadora del predial.
Sin embargo, consultada la familia frente a esta situación, Carmen Rosa Barrientos, asegura que el día de la inspección no apareció nadie, “nosotros hemos estado aquí todo el tiempo, no nos hemos ido en ningún momento de aquí de la finca, aquí no ha venido nadie, ni Isagen, ni jueces, ni helicóptero. Vivimos al pie de la carretera”. Junto con su familia esperaban la visita que nunca llegó. Otros parientes ratifican la versión.
Es el caso de Óscar Dario Londoño, quien indicó, “me tienen aburrido con esta bobada. Aquí no vino nadie”. A su vez, otro miembro de la familia, Daniel Alberto Londoño, manifestó, “me parece mucho abuso, mucha mentira (...) aquí vivíamos muy tranquilos hasta que llegó Isagen”. En igual sentido se expresó Rubén Dario Londoño, “no se presentó ningún juez de la República. Ni ningún funcionario de ISA y no nos advirtieron absolutamente nada”.
Lo propio y en el mismo día y hora, según los procesos de imposición de servidumbre, sucedió en los predios El Porvenir o Colanta en la vereda San Antonio. Allí se impuso a los propietarios una servidumbre de 31.389 m2 para instalar una torre y las líneas de conducción eléctrica y cómo en los anteriores casos, se autorizó a personal de la empresa, la policía y las fuerzas militares para que transiten sin restricción, así como eliminar cualquier cultivo o árboles que impidan las instalaciones eléctricas.
Los casos pululan en Amalfi, un municipio aurífero que en décadas pasadas vivió los estragos de Carlos Castaño y las autodefensas. Otras servidumbres impuestas, el miércoles 3 de octubre a las 8:00 am, recayeron en las fincas El Vergel en la vereda Las Ánimas. En este lugar se impusieron dos servidumbres, una de 23.548 m2 en donde se ubicará una torre y otra área afectada de 82.895 m2 en donde se instalarán tres torres, con las mismas condiciones, prohibiciones y restricciones de las demás. Lo mismo sucedió con el predio Villa Luz en la vereda Las Ánimas con una servidumbre de 802 m2; predio El Porvenir en la misma vereda en donde se afectó un área de 16.706 m2.
Por otra parte, al terreno “Las Vegas de las Flores” en la vereda Salazar, le impusieron dos servidumbres, una de 7.819 m2 y otra de 8.169 m2. Idéntica historia se repitió en todas las inspecciones judiciales, que según actas, se realizaron todas en un mismo día. Incluso, en varias de ellas se dejó constancia que se realizaron en un vehículo que la empresa demandante puso a disposición del despacho judicial. Sin embargo, cuando la abogada Gutiérrez Díaz contactó a la empresa, pues los pobladores de Amalfi aseguran no haber recibido en sus predios ninguna inspección judicial o visita de funcionario alguno, le aseguraron que dichas diligencias se habían realizado en helicóptero.
Causa particular atención la historia Jorge Hernan López Bedoya, propietario de un predio de 10.160 m2 a quien se le impuso una servidumbre para instalar cuatro torres de energía. En la contestación de la demanda que la empresa Interconexión Eléctrica, que defiende los intereses de ISA, le interpuso, se dejó en evidencia ante el Juzgado Décimo Civil de Oralidad de Medellín que mientras que en un terreno de iguales condiciones y de la misma área de servidumbre perteneciente a Jhon Saldarriaga, los valores son diferentes.
Así las cosas, la empresa acordó el pago de $15.000.000 millones por la instalación de siete torres, mientras que a Bedoya le ofrecieron $66.100. De igual forma, cuestionó que a dicho predio, “ no se le realizó una oferta inicial, no hubo negociación, no se enteró de la visita, no hubo solicitud de ingreso al predio y no tuvo inspección judicial”. También se advierte que la servidumbre impuesta impedirá pastear las vacas, alimentar los bovinos y dificultará la siembra de café como modo de subsistencia. Y aporta un avalúo de $29’282.375, muy diferente a los más de $60.000 ofrecidos por la empresa. Un hecho que contrasta con una situación que se indaga frente a si, el diputado de Antioquia, Jorge Honorio Arroyave, del partido Centro Democrático, habría recibido una suma significativa por una servidumbre en las mismas condiciones.
La búsqueda por el reconocimiento de unos derechos a la propiedad de 37 campesinos se ha convertido en una pesadilla para los habitantes de Amalfi, Antioquia. Derechos de petición elevados a la Contraloría de Antioquia, la Defensoria del Pueblo, al alcalde de Amalfi y hasta al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, parece titánica y maratónica, sin solución aún.
La respuesta de la empresa demandante Interconexion Eléctrica S.A a un derecho de petición en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo y firmado por Ana María Gómez Mora, directora ambiental y predial, indica que dicha firma es una Sociedad Anónima de carácter comercial, vinculada al ministerio de Minas y Energía y sometida a la ley de Servicios Públicos Domiciliarios y cuyo objeto es la operación y mantenimiento de su red de transmisión y la expansión de la red nacional de Interconexión.
Así mismo, reconoce que a través de su filial Intercolombia está adelantando los procesos de licenciamiento ambiental, adquisición de servidumbres y diseño técnico para desarrollar el proyecto Interconexion Noroccidental a 500/230 KV. Asegura que dicho proyecto se concibió a través de la Unidad de Planeación Mineroenergética, UPME, entidad adscrita al ministerio de Minas, encargada de realizar el plan de expansión del Sistema de Transmisión Nacional STN, “dentro de este plan está el proyecto UPME 03 del 2014 que es la Interconexion Noroccidental que consta de evacuar la generación de Hidroituango y fortalecer todo el sistema, el proyecto consta de alrededor de 700 kilómetros de líneas cruzando por más de 36 municipios, 270 veredas y alrededor de 1400 predios”, indica la funcionaria.
Sin embargo, afirma que no remite los contratos de los diferentes contratistas encargados de la construcción y operación porque “... la misma tiene el carácter de reservada, pues compromete derechos de terceros que no han consentido en que se haga pública. Por lo anterior, ISA solo puede entregar este tipo de información por orden de autoridad competente”.
Es el nuevo lío generado por Hidroituango. Primero fueron los damnificados por el represamiento del río Cauca, afectados en su habitat. Ahora la tragedia se traslada a quienes en sus predios a como de lugar les instalarán redes y torres, según la empresa ISA, con el propósito de asegurar la suficiencia energética del país en los próximos años.
