Como pocas veces sucede en las salas de audiencias del Sistema Penal Acusatorio, un fiscal acudirá hoy a la justicia para sustentar por qué, luego de casi un lustro de investigación y a pesar de las voluminosas evidencias, no encontró mérito para acusar a un poderoso político señalado de falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y fraude procesal por las maniobras irregulares en las que incurrió para obtener su título de abogado.
Se trata de Julián Bedoya Pulgarín, un medellinense de 42 años de edad que estudió en el Colegio José María Córdoba de su ciudad natal y que se ha desempeñado como asesor en el Congreso, asistente en el Concejo de Medellín y luego fue elegido con la gracia ciudadana como diputado, representante a la Cámara y senador.
En el año 2019, en un salto con garrocha académico, se graduó como abogado y un escándalo le estalló a la Universidad de Medellín.
Las directivas y los profesores involucrados fueron sancionados, excepto el político Bedoya, que continuó como disidente liberal haciendo campaña en favor del entonces candidato presidencial Gustavo Petro. En febrero pasado, en una parranda vallenata con 300 periodistas de Antioquia, lanzó su candidatura a la gobernación y regalando ostentosos obsequios.
La candidatura de Bedoya, de la mano del cacique electoral Carlos Andrés Trujillo, parece imparable. No así su proceso judicial.
El fiscal asignado, el especialista en el número 31 de Bogotá, le sustentará al juez 27 Penal con Función de Conocimiento del Circuito de Medellín, Martín Javier Ayos Correa, que no existe mérito para acusarlo y, en un hecho inédito, solicitará la preclusión del caso a favor del polémico político.
Carta de la comunidad académica
Los estudiantes, directivos, profesores y egresados de la Universidad de Medellín tienen una posición contraria y le remitieron una carta al juez sustentando por qué no le asiste razón al ente acusador.
En la sentida misiva aseguraron que, en el año 2019, el nombre de la Universidad de Medellín fue empañado por las actuaciones de algunas directivas inescrupulosas que, influenciadas por presiones políticas del Partido Liberal, le otorgaron de manera irregular el título de abogado al entonces senador Julián Bedoya Pulgarín.
“(…) es francamente absurdo, señor juez, que la Fiscalía pretenda precluir una investigación donde la Universidad de Medellín ya aceptó la culpa, donde fueron expulsados el rector, el decano de la facultad de Derecho, la vicedecana de la época y todos los profesores involucrados en el fraude”, señalaron en la carta.
Aseguraron que el excongresista siente que no existe la ley para él, que cree que puede estar por encima de la dignidad y la transparencia de estudiantes, profesores y directivos y continuar con un título académico sin tener mérito para ello.
Universidad de Medellín / Educa Edu Colombia
Y es que la evidencia en contra de Bedoya pesa más que la justicia. El informe presentado por los consejeros de la institución académica José León Jaramillo y Joaquín Guillermo Gómez sobre la manera como el plantel educativo le concedió el título de abogado a Bedoya, sin cumplir los requisitos exigidos, es demoledor.
En el informe reposan los 132 folios de las actuaciones desplegadas por la Procuraduría, 62 de la Fiscalía, 26 folios de las solicitudes elevadas por Bedoya a la consejería y el Consejo Académico, las respuestas que estos entregaron con 300 folios, 199 del proceso administrativo surtido por el Ministerio de Educación y las actas del Consejo de Medellín con 407 folios.
En estos se establece que el político se matriculó en el programa de derecho en el año 2000 e inició estudios en enero de 2001.
Mantuvo la matrícula hasta el año 2002 cuando fue expulsado de la facultad por razones académicas y cuando apenas cursaba el segundo año de la carrera. No obstante, se le conmutó la sanción y continuó estudiando, pero fue objeto de una nueva penalidad entre enero y diciembre de 2003 por las mismas razones.
Pero una vez más fue beneficiado por la buena suerte, le modificaron la sanción y continuó inscrito en el claustro entre enero de 2004 hasta mayo de 2007. En ese momento, cursaba el quinto año de derecho, pero una vez más solicitó la cancelación de su matrícula.
Al año siguiente continuó cursando ese mismo grado hasta octubre, cuando solicitó la cancelación del mismo. Lo mismo sucedió en el año 2009, cuando en aquella ocasión intentó culminar el quinto año, pero nuevamente aplazó y no culminó.
Aspirante sin clases
En los años siguientes, entre 2011 y 2025, realizó inscripción como aspirante a reingreso pero nunca materializó el hecho con la matrícula.
Es decir, durante más de una década, en reiteradas ocasiones aplazó los semestres académicos, hasta que por fin, luego de 19 años, obtuvo el título de abogado pero sin cumplir con los requisitos normativos.
La primera inconsistencia detectada se halló en la solicitud de reintegro que hizo Bedoya para el periodo 2014-2, es decir, cuando llevaba 14 años en la universidad.
El documento en el que se solicita la reincorporación supuestamente fue radicado el 14 de julio de 2014 bajo el número 12249, pero éste carece de firma. En la misiva se solicita al Consejo Académico que se le extienda la autorización que se había dado, pero para el periodo 2014-1.
Audiencia
Sin embargo, el curioso documento se registró a las 4:07 de la tarde de aquel 14 de julio, cuando el Consejo terminó de sesionar a las 12:00 del día.
A pesar de que la sesión se había levantado, ese mismo día el subsecretario le envió respuesta a Bedoya informándole que el Consejo Académico había aceptado su solicitud.
Extrañamente, las respuestas a las solicitudes de otros estudiantes que sí se analizaron en la sesión del Consejo están fechadas del 15 de julio, es decir, un día después de la respuesta al político.
Este hecho se demuestra con el acta 1500 del 14 de julio de 2014, donde quedó registrado que allí no se debatió la solicitud de Bedoya.
Según lo señaló la jefe de la Sección de Admisiones y Registro de la Universidad, Bedoya realizó el proceso de inscripción como aspirante de reingreso para los periodos 2012-1 y 2015-1, pero no realizó la matrícula para esos periodos. "Su reingreso se autorizó en octubre de 2018", aseguró la funcionaria.
Para el periodo 2014-2, Bedoya no se inscribió como aspirante a reingreso y tampoco realizó la matrícula, como quedó consignado en el informe de la Procuraduría.
Reintegro fantasma
Una inconsistencia similar se evidenció para el periodo 2018-2, pues una vez más aparece una solicitud de reintegro sin la firma de Bedoya, dirigida al Consejo Académico de la Universidad y no al de la Facultad de Derecho, como lo dispone el artículo 146 del Reglamento Académico y Disciplinario de Pregrado.
Esta misiva aparece fechada el 8 de octubre de 2018 y fue radicada, según la administración del claustro estudiantil, el mismo día bajo el número 33945.
"Con el fin de hacer algunos exámenes de suficiencia, les solicito comedidamente autorizarme un reingreso para el actual periodo académico 2018-2, con el fin de tener la calidad de estudiante... igualmente, dejarme ubicado en el plan de formación 5 del calendario A, con el cual ingresé: en este plan de formación, el inglés no era requisito para obtener el título", se lee en la carta.
Asimismo, en ella se advierte que aún tenía previsto firmar 13 materias y "es mi deseo ser egresado de esta alma mater", se aseguró.
Fachada de la Fiscalía
La respuesta nuevamente la suscribió el subsecretario. Con fecha 12 de octubre de 2018, le informó a Bedoya un hecho que no era cierto, es decir, que el Consejo Académico en la sesión del 27 de septiembre de ese mes y según el acta 1593, supuestamente le había conferido facultades de decisión permanente a la Comisión Primera Reglamentaria para resolver las solicitudes académicas de los estudiantes.
Esta aseveración, como lo demostró la universidad y se lo afirmó a las autoridades e investigadores, es totalmente falsa, pues Bedoya Pulgarin se había retirado de la universidad en el año 2009. Para el año de ese escrito (2018), habían transcurrido nueve años.
Según se desprende del artículo 146 del Reglamento Académico y Disciplinario de Pregrado, cuando un estudiante se hubiera retirado por más de 5 años, la pertinencia de su reintegro debía ser analizada por el Consejo de la Facultad.
Incluso se evidenció que para que hubiera procedido esa autorización, el político debía dominar el inglés y tendría que haber visto ocho materias adicionales, así como haber aprobado exámenes de suficiencia.
Ocho pruebas en un día
La ausencia del cumplimiento de requisitos se materializó con un hecho contundente. A pesar de que Julián Bedoya se había retirado de las aulas en el año 2009, el 26 de octubre de 2018 presentó ocho exámenes de suficiencia, cuatro escritos y cuatro orales. Esto es de Sociología Jurídica con 4.0, Procesal Civil General y Especial 4.5, Filosofía del Derecho 3.9 y Seminario Procesal Administrativo con 4.3.
Otras materias que presentó y con buenas notas fueron Sucesiones con 4.1, Títulos Valores con 3.8 y Derecho de Familia con 4.0.
Un mes después, fue más osado y supuestamente presentó once exámenes de suficiencia de asignaturas densas: Hacienda Pública 4.2, Contratación Estatal 4.0, Responsabilidad Extracontractual 3.9 y Legislación de Paz 4.2. Las cuatro pruebas escritas no figuran en la carpeta de Bedoya.
Y cómo lo evidenciaron los investigadores, en una práctica imposible, aparece como si ese mismo 23 de noviembre de 2018 hubiera presentado exámenes también preparatorios de Civil II, Políticos y Penal. Es decir, ese día presentó once exámenes y los aprobó todos.
Estudiantes universitarios en clase
Las cuentas no le dan a nadie, pues cada examen escrito de un preparatorio demanda al menos dos horas y oral, una hora; es decir, hubiera sido necesario que la universidad estuviera abierta ese día durante 15 horas.
Con otro hecho, el reglamento exige que quien presente un examen de suficiencia debe realizar dos exámenes, uno oral y otro escrito, de cada asignatura. Asimismo, se estableció que los profesores que le tomaron los preparatorios no pertenecían a la asignatura en la que dictaban cátedra.
Otra omisión en el cumplimiento de los reglamentos de la universidad es que únicamente se puede presentar un examen preparatorio al mes.
Pero la evidencia de las maniobras fraudulentas para acceder al título de abogado no se limitó al procedimiento de reintegro y presentación de exámenes preparatorios, sino también al trabajo de grado. El docente John Mario Ferrer Murillo certificó que él, y no el estudiante Bedoya, elaboró el trabajo de grado.
Ahora bien, el fiscal 31 especializado deberá hacer una argumentación y presentación de pruebas sin precedentes para invalidar incluso los argumentos de la Corte.
La primera es la solicitud de reingreso de Bedoya del 8 de octubre de 2018, ya que se realizó con el propósito de tener la calidad de estudiante para presentar algunos exámenes de suficiencia y continuar en el plan quinto del calendario A, es decir, sin inglés.
Sin embargo, la institución académica otorgó tres respuestas distintas, las dos primeras del 11 de octubre de 2018 con horas distintas (7:48 am y 10:40 am) y una más del 27 de septiembre de 2018. En la primera se le comunicó que conservaba el plan académico inicial, en la segunda le informaron que ingresaba pero en el plan número cuatro.
Trabajo de grado
La Corte, en su momento, evidenció que Bedoya Pulgarín presentó y aprobó de manera irregular los exámenes preparatorios.
Asimismo, al analizar el récord académico del político, se evidenció que cursó el Consultorio Jurídico 2 en el primer semestre de 2018 sin tener la calidad de estudiante.
En cuanto al trabajo de grado, se indaga que el 31 de enero de 2029, cuando el docente Ferrer Murillo informó que Bedoya participó como auxiliar de investigación en el trabajo "Las normas jurídicas adscritas por la jurisprudencia constitucional al derecho fundamental de la libertad de expresión: un caso especial de interpretación constitucional", ya había transcurrido un año desde que el comité técnico lo evaluó y aprobó, el cual se realizó en febrero y diciembre de 2017.
Incluso se publicó un libro al respecto en septiembre de 2018 y Bedoya ingresó en octubre de ese año, es decir, un mes después.
Frente al proceso de reintegro, la Corte consideró que el secretario Felipe Hernández consignó hechos contrarios a la realidad al asegurar que el Consejo Académico edificó el 27 de septiembre de 2018 una solicitud que se realizó de manera posterior, el 8 de octubre de 2018.
Hasta este punto, se podría argumentar que la responsabilidad de lo ocurrido fue de la Universidad. Sin embargo, en la Corte reposan extensos testimonios que demuestran la presunta responsabilidad de Bedoya y que determinarían que el político realmente no presentó los exámenes de suficiencia ni el trabajo de grado, y se investiga una contraprestación de este hecho con los votos en favor de Aura Marleny Arcils, quien fue elegida concejal.
Según el docente Néstor Raúl Posada, el 28 de septiembre de 2018, cuando compartía con quien fuera uno de sus mejores alumnos, Julián Rendón Toro, estando en la casa de su esposa, quien se desempeñaba como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Medellín, le preguntó a Rendón qué era lo que estaba sucediendo en el claustro con la polémica del título de abogado del senador e indagó si este realmente había presentado los exámenes. "A lo que él respondió que no había presentado ninguno, que Yolanda, la secretaria académica de la facultad, lo había puesto a firmar a gas en blanco y ella se encargó de poner la nota, advirtiendo que era un favor para el rector", manifestó.
Asimismo, quedó consignado que Mario Ferrer, un compañero de estudio de Julián Bedoya, fue quien lo acercó a Yolanda, "para que le colaboraran con la graduación y Bedoya le retribuía con votos para que Aura Marleny Arcils saliera concejal".
Este martes a las 4pm, un juez decidirá. si pese a las evidencias, el proceso contra Julián Bedoya continúa o si por el contrario pasa a engrosar los archivos de la justicia.
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