Pérdidas en EPS e IPS crecieron 829% en 2024 según informe oficial

El sistema de salud colombiano enfrenta un panorama de incertidumbre fiscal agravado por la ausencia de información financiera clave de las entidades más representativas del sector y por el incremento exponencial en el valor de las pérdidas acumuladas por aquellas que sí reportaron sus balances entregados a las Superintendencias de Sociedades y Salud.

Durante el ejercicio correspondiente a 2024, las pérdidas de las principales sociedades prestadoras y aseguradoras ascendieron a $2,1 billones, cifra que representa un crecimiento de 829 % respecto a los $226.000 millones reportados dos años antes.

Este resultado se presenta en un contexto de baja transparencia financiera. De acuerdo con la consolidación más reciente de cifras, de las 87 entidades más grandes del sector por volumen de ingresos que habían presentado sus estados financieros el año anterior, solo 22 lo hicieron para el año 2024.

Esto implica una reducción sustancial en el número de informes disponibles, lo que impide evaluar de manera integral el estado actual de la red de prestadores y aseguradores en salud.

Además, 65 sociedades no entregaron sus resultados al cierre del periodo, lo que afecta el seguimiento y control que deben ejercer las autoridades de inspección y vigilancia.

Una de las ausencias más notorias en los balances fue la de Nueva EPS, actualmente bajo intervención estatal desde abril de 2024. A esta se suman otras dos entidades de gran tamaño que tampoco reportaron sus cifras: Asmet Salud y Savia Salud. Todas ellas están bajo algún tipo de supervisión directa del Gobierno nacional. Su falta de reporte ha generado inquietudes, debido a que se trata de EPS que, juntas, gestionan la atención médica de un amplio porcentaje de la población afiliada, estimada en cerca de 52 millones de personas.

La organización Así Vamos en Salud, que monitorea el comportamiento financiero del sistema y de sus actores institucionales, ha advertido sobre las consecuencias de esta opacidad.

Según su análisis, la no presentación de balances por parte de aseguradoras intervenidas puede estar encubriendo un deterioro aún mayor en los indicadores patrimoniales del conjunto de las EPS bajo control estatal.

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De hecho, este observatorio estableció que el patrimonio negativo de estas entidades pasó de $5,7 billones en marzo de 2024 a $10 billones en el mismo mes de 2025, evidenciando un incremento significativo en el deterioro financiero.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud no ha emitido una comunicación oficial que aclare si las entidades vigiladas enfrentan situaciones excepcionales que hayan dificultado la entrega de los informes.

Tampoco ha habido pronunciamiento de Bernardo Camacho, agente interventor de Nueva EPS, en relación con las razones detrás del incumplimiento.

Entre las sociedades que sí entregaron sus balances, Coosalud reportó las pérdidas más elevadas, por un monto de $1,1 billones. Aunque esta EPS fue intervenida, el proceso de toma de control comenzó en la última fase del año fiscal evaluado, por lo cual la mayor parte del déficit se generó durante el periodo previo.

Le siguieron EPS Sanitas, con pérdidas por $929.422 millones, y Famisanar, que cerró el año con un saldo negativo de $759.963 millones. Las tres hacen parte de la lista de entidades actualmente intervenidas por el Ejecutivo.

De acuerdo con Andrés Aguirre, exdirector del Hospital Pablo Tobón Uribe y expresidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), el incumplimiento en la entrega de información contable tiene implicaciones directas sobre la confianza pública y la gobernabilidad del sistema.

En palabras del directivo, “tener, presentar y mantener auditados los estados financieros hace parte de la responsabilidad de cualquier gestión en una compañía y es parte esencial del buen gobierno corporativo”.

Añadió que omitir esta obligación puede constituir un hecho con consecuencias reputacionales severas, además de comprometer la credibilidad de las entidades frente a usuarios, proveedores y demás actores del sistema financiero y social. A su juicio, se trata de una situación que debería ser objeto de investigaciones formales.

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) desempeñan funciones esenciales dentro del esquema de aseguramiento en salud en Colombia, tales como la afiliación de usuarios, la contratación de servicios médicos y el pago a los prestadores.

Por esta razón, el estado de su patrimonio y su viabilidad financiera tienen un impacto directo sobre la continuidad del servicio y la estabilidad del modelo general de atención.

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