Solo por orden de la justicia se podrá concluir obra atrasada 15 años

En una sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado a través de la Sección Primera, confirmó la sentencia a la acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación y proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, ordenando al Gobierno nacional a concluir el proyecto Represa del Ranchería. 

La acción popular fue interpuesta por el ente de control, alegando el incumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental, así como la vulneración a la existencia del equilibrio ecológico, del aprovechamiento racional de los recursos naturales y en la falta de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y potable para el consumo humano en los municipios de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia.

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El fallo del máximo organismo de lo administrativo ordena a las autoridades involucradas con competencias en el documento "Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”, elaborada por la Agencia De Desarrollo Rural, a ejecutar las gestiones interinstitucionales proyectadas y necesarias para finalizar el proyecto, que permitan alcanzar los propósitos planteados desde hace más de 15 años.

La mesa técnica deberá ser conformada por el Departamento Nacional de Planeación; la Gobernación de La Guajira; la Corporación Autónoma Regional de La Guajira y los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciudad y Territorio, Minas y Energía y del Interior.  
 
Finalmente, el Consejo de estado referenció que la Presidencia de la República- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, deberá coordinar con las entidades demandadas y demás entes competentes, incluir el proyecto del Acueducto Regional o Subregional, en la alianza por el Agua y la Vida que viene implementado en virtud de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  -CIDH-, priorizando el proyecto de ejecución de las obras necesarias para conectar los acueductos a la represa El Cercado.

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