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Retienen a 74 militares en La Plata, Huila, en medio de presión de disidencias de las Farc
Los uniformados permanecen retenidos contra su voluntad por civiles que, según las autoridades, habrían sido instrumentalizados por estructuras armadas ilegales.
El 20 de septiembre de 2025, en el municipio de La Plata, Huila, se registró un hecho de tensión que derivó en la retención de 74 militares del Ejército Nacional por parte de un grupo de civiles. De acuerdo con la información oficial, estas personas habrían actuado bajo la influencia de las disidencias de las Farc, específicamente del GAO-r Hernando González Acosta.
La Quinta División del Ejército denunció que cerca de 500 personas participaron en una asonada que obligó a los soldados a abordar vehículos particulares. La situación ocurrió en medio de la presencia de tropas en zonas rurales del occidente del Huila, lo que generó un ambiente de presión contra la fuerza pública.
El coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada del Ejército, confirmó que los uniformados se encuentran en la vereda Los Arrayanes, a dos kilómetros del centro poblado de Belén, donde permanecen retenidos contra su voluntad. Según el oficial, aunque no han sido agredidos físicamente, los militares no tienen permitido desplazarse libremente.
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“Son dos unidades militares, en total setenta y cuatro hombres, quienes permanecen en la vereda Arrayán desde la noche anterior. La comunidad exige la salida del Ejército de la zona, en un hecho que evidencia la presión ejercida por las disidencias”, señaló Herrera en declaraciones a Noticias Caracol.
El oficial añadió que durante las últimas horas el número de personas alrededor de los soldados ha variado entre 300 y 500, sin que hasta el momento se haya registrado violencia directa contra los uniformados. Sin embargo, reiteró que la situación constituye un secuestro, dado que los militares están siendo constreñidos y privados de su libertad de movimiento.
Los habitantes de la zona han manifestado su rechazo a la presencia militar y exigen que las tropas abandonen el municipio. Esta postura coincide con las denuncias sobre la influencia de grupos armados ilegales en la población civil para obstaculizar las operaciones de la fuerza pública.
El caso se produce en un contexto marcado por la orden de la Fiscalía de impedir la captura de criminales vinculados a los diálogos de paz con el Gobierno, lo que abre un nuevo debate sobre los alcances de las negociaciones y el impacto de las disidencias en la seguridad regional.
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