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Procuraduría pide declarar estado de alerta en Chocó por emergencias causadas por las lluvias
Más de 25.000 familias han resultado afectadas en 18 municipios del departamento por inundaciones, deslizamientos y el desbordamiento de los ríos Atrato y Andagueda.
La Procuraduría General de la Nación solicitó de manera urgente la declaratoria de un estado de alerta departamental preventivo en el Chocó, ante la grave situación que atraviesan más de 25.000 familias en al menos 18 municipios por cuenta de las intensas lluvias y las crecientes de los ríos Atrato y Andagueda.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó elevó el llamado a la gobernadora del departamento, al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), y a la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entre otras autoridades nacionales y territoriales. La entidad exhortó a disponer de los recursos de emergencia necesarios para atender con prontitud las zonas más afectadas.
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El ente de control también instó a que la Gobernación del Chocó y la UNGRD implementen brigadas móviles de atención humanitaria y técnica en áreas rurales, al tiempo que se establezca un canal de comunicación permanente con las alcaldías, los organismos de socorro y las asociaciones locales, con el fin de coordinar una respuesta eficaz ante la emergencia.
Las condiciones meteorológicas han provocado crecientes súbitas, inundaciones, deslizamientos de tierra y el colapso de vías terciarias y viviendas rurales, afectando gravemente la movilidad, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos de las comunidades ribereñas y campesinas del departamento.
Con la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) y el desarrollo de esta actuación preventiva, la Procuraduría busca fortalecer la respuesta institucional temprana, reducir la exposición de la población en riesgo y garantizar el derecho fundamental a la vida, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo.
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