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Masacre en Mesitas del Colegio: hipótesis sobre un ajuste de cuentas con nexos en Bogotá

Pormenores del caso en la población de Cundinamarca.

finca turística Villa Claudia, ubicada en la vereda San Ramón, en el municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca.
Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 21/08/2025 - 07:30 Créditos: Finca turística Villa Claudia en Mesitas del Colegio, Cundinamarca. Tomada de redes sociales

El pasado martes, un ataque armado interrumpió la cotidianidad de la finca turística Villa Claudia, ubicada en la vereda San Ramón, en el municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca.

El hecho dejó tres personas muertas y tres más heridas, y abrió un proceso judicial que, de acuerdo con las primeras investigaciones, podría estar vinculado con disputas relacionadas con economías ilegales en Bogotá.

El ataque en la finca Villa Claudia

De acuerdo con testigos, hacia las 2:30 de la tarde del martes, una ráfaga de disparos estremeció la zona rural.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a seis personas atacadas con armas de fuego. Tres murieron en el sitio y tres más fueron trasladadas a centros asistenciales con lesiones de gravedad.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Anguel Natalia Vaca Santamaría, de 24 años; Sol Margarita Morales Lara, de 67; y Jobany Javier Chivata Daza, de 44.

Los tres presentaban impactos de bala en el rostro, la cabeza y el cuello. Los heridos fueron Jhon Jairo Vélez Rodríguez, de 36 años; Luis Alberto Rodríguez, de 68; y Claudia Tereza Rodríguez, de 49.

Todos fueron atendidos inicialmente en el hospital de Mesitas del Colegio, aunque dos de ellos tuvieron que ser remitidos al hospital de La Mesa debido a la gravedad de sus lesiones.

Respuesta institucional

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó que el ataque estuvo precedido por una exigencia de dinero por parte de los agresores.

Según relató, al no recibir respuesta favorable, dispararon contra todos los presentes.

El mandatario departamental ordenó que el comandante de la Policía de Cundinamarca asumiera la investigación con el respaldo de unidades especializadas de la Sijin, el Sipol y el Gaula.

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También se activó un plan candado en la zona y se reforzó la presencia militar y de organismos de socorro.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que varias de las personas atacadas tenían antecedentes judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, hurto y violencia intrafamiliar.

San Andresito de la 38

Uno de los fallecidos era reconocido en San Andresito de la 38, un sector comercial de Bogotá señalado históricamente como foco de contrabando y actividades ilícitas.

Ese nexo condujo a la principal hipótesis de la investigación: el ataque habría sido un ajuste de cuentas derivado de disputas por rentas ilegales.

Según testimonios recogidos en el lugar, los responsables fueron cuatro hombres que llegaron en dos motocicletas, al parecer de nacionalidad extranjera.

Los sujetos habrían preguntado insistentemente por un dinero guardado en la finca antes de abrir fuego.

El secretario de Seguridad de Mesitas del Colegio, Andrés Guzmán, aclaró que el hecho no obedeció a la presencia de grupos guerrilleros ni de organizaciones armadas en la zona. “Se trató de un ajuste de cuentas ligado a actividades ilegales, no de un fenómeno asociado a estructuras al margen de la ley en el territorio”, afirmó.

La Fiscalía concentra sus pesquisas en los antecedentes de las víctimas y sus conexiones en Bogotá, con énfasis en el sector de San Andresito de la 38.

La línea de investigación busca determinar si el ataque estuvo motivado por dinero presuntamente escondido en la finca, como sostienen algunos testimonios, o si fue una represalia directamente asociada a disputas por economías criminales en la capital.

Las conclusiones preliminares apuntan a que las víctimas se encontraban en la finca Villa Claudia buscando protección, pero fueron alcanzadas por conflictos previos que mantenían en Bogotá.

El proceso judicial en curso busca establecer las responsabilidades y confirmar si efectivamente se trató de un ajuste de cuentas vinculado a redes ilícitas que operan en la capital.

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