Disidencias de las Farc serían responsables del secuestro de nueve contratistas de la Gobernación del Cauca

Nueve contratistas de la Gobernación del Cauca fueron secuestrados en zona rural del municipio de López de Micay, en la costa pacífica del departamento. Según confirmaron fuentes militares y organismos de seguridad, los trabajadores fueron interceptados el jueves 17 de julio mientras adelantaban la instalación de equipos tecnológicos, presuntamente en una base de las Fuerzas Militares ubicada en esa jurisdicción.

Los responsables serían integrantes de las disidencias de las antiguas Farc, concretamente de los frentes Carlos Patiño y Rafael Aguilera, que mantienen fuerte presencia armada en el sur del Cauca. La información fue corroborada por miembros de la Fuerza Pública, quienes señalaron que ya existían reportes sobre la retención masiva y que en la noche del jueves los grupos armados confirmaron tener en su poder a los funcionarios.

Los secuestrados fueron identificados como Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana. De acuerdo con las versiones preliminares, los trabajadores portaban aparatos con capacidad para interferir señales de telefonía, wifi y operaciones de drones, lo que generó sospechas entre los grupos armados, que decidieron retenerlos y trasladarlos a una zona selvática.

A raíz del incidente, autoridades regionales y nacionales trabajan en la conformación de una comisión humanitaria que establezca contacto con los grupos ilegales y facilite la liberación de los trabajadores. La misión será coordinada con organismos humanitarios que operan en el suroccidente del país.

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Aunque no se han registrado enfrentamientos, la situación ha generado alarma en la población local, que denuncia la persistencia del conflicto armado, la expansión de las disidencias y la limitada presencia institucional en los corregimientos. Habitantes de la región han manifestado en redes sociales su preocupación ante la creciente militarización y la ausencia de programas sociales.

La Fuerza Pública mantiene un monitoreo constante en la zona y se ha comunicado con las familias de los secuestrados, brindando acompañamiento psicosocial y anunciando medidas de protección. Entretanto, defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de reforzar la presencia del Estado en el Macizo Colombiano, una región estratégica donde confluyen múltiples actores armados ilegales.

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