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Defensoría del Pueblo pide protección a la población civil en Arauca

Recrudecimiento de la violencia en la región.

soldados violencia
Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 31/08/2024 - 18:03 Créditos: Imagen tomada de France 24

La situación de violencia en el departamento de Arauca ha alcanzado niveles críticos, con ocho homicidios registrados en solo seis días, lo que ha llevado a la Defensoría del Pueblo a exigir acciones inmediatas para salvaguardar la vida y la integridad de los habitantes.

Entre el 22 y el 27 de agosto, se reportaron asesinatos en los municipios de Saravena, Fortul, Puerto Lleras, Arauquita, Puerto Rondón y Tame. Las víctimas, en su mayoría jóvenes y líderes sociales, como Willis Guillermo Robinson Sánchez y Óscar Guerrero, fueron presuntamente asesinadas por grupos armados ilegales. Estos incidentes han elevado el número de homicidios en Arauca a más de 100 durante los primeros ocho meses del año 2024.

Además de los homicidios, la región enfrenta una grave crisis de derechos humanos con más de 110 casos de desapariciones forzadas y secuestros en el mismo período, lo que pone en riesgo la libertad y seguridad de la población civil.

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El fin de semana pasado, la estación de Policía de Fortul fue atacada con explosivos y ráfagas de fusil, mientras que varios atentados con explosivos a infraestructura petrolera han afectado a las comunidades rurales de Saravena, Fortul y Tame. Estos ataques no solo amenazan la seguridad de los habitantes, sino también el derecho a un medio ambiente sano.

La Defensoría del Pueblo ha solicitado a las instituciones gubernamentales que refuercen su presencia en el territorio y tomen medidas efectivas para proteger a los araucanos. En un oficio remitido el 20 de agosto, la entidad ya había advertido sobre el incremento de riesgos debido a la posible intensificación del conflicto armado, destacando la amenaza de ataques por parte de las disidencias de las Farc y el grupo rebelde ELN.

La Defensoría insta a los actores armados a cesar las acciones contra la población civil y a respetar el derecho internacional humanitario para evitar mayores violaciones a los derechos humanos.

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