Cuestionan millonario contrato de vigilancia del Icbf por presuntas restricciones a la competencia

Un proceso de contratación para la prestación del servicio de vigilancia privada en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) quedó bajo la lupa de organizaciones de veeduría y representantes del sector, que denuncian posibles irregularidades en las condiciones del concurso, el cual se adelanta a través de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).

Las alertas se centran en los requisitos consignados en las Fichas Técnicas de Negociación, que, según los denunciantes, establecerían exigencias tan estrictas que solo un número muy reducido de compañías podría postularse para cubrir las cinco macroregiones en las que fue dividido el país. En particular, cuestionan la obligación de acreditar sucursales con presencia nacional como condición para participar, un criterio que excluiría a empresas que operan mediante agencias autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

De acuerdo con los veedores, esta exigencia limitaría de manera significativa la pluralidad de oferentes y favorecería a firmas específicas con capacidad para cubrir simultáneamente todo el territorio. A su juicio, el diseño del proceso impediría que compañías regionales o con esquemas operativos distintos, pero con experiencia y capacidad, puedan competir en igualdad de condiciones.

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Las críticas también apuntan a las respuestas dadas por la Bolsa Mercantil de Colombia a las observaciones presentadas durante el proceso. Según los reclamantes, dichas respuestas habrían sido ambiguas y, en algunos casos, contradictorias frente a lo establecido en las fichas técnicas, lo que generó confusión sobre el alcance real de los requisitos exigidos.

Otro punto que despertó inquietudes fue la republicación de las fichas técnicas el pasado 15 de diciembre, en horario nocturno, en la que se habrían introducido ajustes relacionados con la acreditación de agencias. Aunque estos cambios permitirían una interpretación más flexible, los denunciantes sostienen que el esquema general del contrato continúa privilegiando a un número limitado de empresas.

El proceso tiene previsto su cierre el 17 de diciembre y la adjudicación final el 26 del mismo mes, durante una rueda de negocios en la plataforma de la BMC. El modelo actual obliga a los interesados a presentar propuestas para todas las macroregiones de manera simultánea, una condición que los gremios consideran atípica en la contratación pública de servicios de seguridad.

Ante este panorama, organizaciones de control social solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con el fin de que se supervise el proceso y se garantice la transparencia en la adjudicación de recursos públicos destinados a la protección y seguridad de las sedes del Icbf en todo el país.

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