Crisis en el Catatumbo: 18 funcionarios de la justicia en la mira por amenazas y coacción de ilegales

Representantes de las principales instancias judiciales del país se reunieron en esta ciudad para analizar el estado en el que opera la justicia en Norte de Santander, con especial atención en la región del Catatumbo.

Durante el encuentro, se concluyó que el sistema judicial enfrenta condiciones complejas debido al entorno en el que se desarrolla, lo que ha generado la necesidad de fortalecer la protección de los jueces y garantizar su ejercicio independiente.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, subrayó la relevancia de respaldar a los jueces, al considerarlos piezas fundamentales en la defensa de los derechos ciudadanos.

En ese sentido, afirmó que tanto la sociedad como el Estado deben asumir la responsabilidad de su seguridad y estabilidad en el ejercicio de la función judicial.

Por su parte, Jorge Enrique Vallejo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, destacó que, a pesar del contexto adverso, el servicio de justicia no se ha detenido.

Señaló que se han implementado mecanismos alternativos, como herramientas digitales, para garantizar la continuidad en la administración de justicia en la región.

Medidas y estrategias para el fortalecimiento judicial
Vallejo indicó que la reunión permitió definir acciones concretas en diversos ámbitos.

Entre ellas, mencionó la reorganización de competencias judiciales, la provisión de medidas de seguridad para los funcionarios y la reglamentación de aspectos administrativos esenciales.

Según explicó, estas iniciativas serán comunicadas a las autoridades correspondientes para su implementación.

Al recordar los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia hace casi cuatro décadas, el magistrado enfatizó la importancia de mantener la independencia judicial.

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Manifestó que la justicia no debe ceder ante presiones o amenazas, ya que su debilitamiento pondría en riesgo el Estado de derecho y las garantías ciudadanas.

Subrayó que la labor de los jueces se sustenta en su compromiso con la institucionalidad y con el país.

El magistrado también anunció que en los próximos días se espera un diálogo con la ministra de Justicia para abordar los desafíos identificados en la región.

Entre los temas prioritarios se encuentra la revisión de procedimientos procesales, la gestión de diligencias judiciales y la evaluación del nivel de riesgo que enfrentan los jueces en el ejercicio de sus funciones.

En este contexto, se analizará la posibilidad de que la Unidad Nacional de Protección adopte un enfoque diferenciado para atender la situación de los funcionarios judiciales en zonas de alto riesgo.

Asimismo, se destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad para jueces que lo requieran, a fin de garantizar su labor en condiciones adecuadas.

Según Vallejo, la administración de justicia es un asunto que concierne a toda la sociedad y requiere respuestas efectivas que permitan avanzar en la protección de quienes ejercen esta función.

Condiciones adversas en el Catatumbo

El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, resaltó la difícil situación en la que trabajan los jueces del Catatumbo. Explicó que la administración de justicia en esta zona se desarrolla en un contexto de conflicto, donde el desplazamiento forzado ha afectado a más de 54 mil personas.

Álvarez Parra calificó como un acto de gran esfuerzo el trabajo de los jueces en la región, quienes deben ejercer sus funciones en medio de situaciones de riesgo. Añadió que escuchar testimonios sobre las condiciones en las que opera la justicia en el Catatumbo genera un reconocimiento a la labor de estos funcionarios, quienes contribuyen a la estabilidad institucional del país.

En este sentido, hizo un llamado a la comunidad, a las Fuerzas Militares y a las instituciones del Estado para que garanticen la seguridad de los jueces y permitan el ejercicio independiente de sus funciones.

Según indicó, la transparencia y la autonomía en la administración de justicia son elementos fundamentales para el mantenimiento del Estado Social de Derecho.

Finalmente, Álvarez Parra señaló que el Consejo de Estado continuará monitoreando la legalidad de las acciones emprendidas por las instituciones en el marco del conflicto que afecta a esta región del país.

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