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Comunidades de Santurbán exigen al Minambiente cumplir con la delimitación del páramo
Habitantes de Vetas cuestionan la falta de voluntad política y denuncian incumplimiento del Gobierno en la implementación de la sentencia T-361 de 2017.

Más de mil habitantes del municipio de Vetas, en Santander, alzaron su voz contra el Ministerio de Ambiente durante una reunión que pretendía ser un espacio de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán, ordenada por la Corte Constitucional desde 2017 mediante la sentencia T-361. La jornada, que contó con la presencia de la ministra Lena Estrada, se transformó en un contundente reclamo comunitario ante lo que consideran una imposición del Gobierno Nacional.
Líderes locales denunciaron que el concepto presentado por la cartera ambiental no refleja los acuerdos alcanzados tras años de diálogo, sino que desconoce la realidad del territorio. “La ministra demostró total desconocimiento del proceso. Llegó a leer un documento que ni siquiera conocía y tuvo que suspender la reunión para ajustar su presentación”, declaró Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y de la Fundación Dignidad Minera.
Durante el encuentro, los asistentes —entre ellos funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y autoridades locales— recordaron que la comunidad ha participado en más de 30 espacios de concertación. Sin embargo, el proceso de delimitación sigue estancado después de más de 2.600 días, mientras que otras medidas como la creación de una Zona de Reserva Temporal, rechazada por los habitantes, se tramitó en apenas 97 días.
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“Nos están imponiendo una figura inconsulta e ilegal que amenaza con destruir una vocación minera histórica de más de 400 años. Este proceso está viciado de improvisación y sesgo político”, aseguró González, quien pidió públicamente que la ministra Estrada se declare impedida para liderar el proceso.
Las comunidades también criticaron el respaldo del Ministerio a denuncias externas mientras se ignoran los señalamientos que han sufrido los mineros locales. “El trato desigual es evidente. A nosotros nos estigmatizan y nadie del Gobierno responde”, agregó la dirigente.
El nuevo aplazamiento del cronograma, que ahora se extiende hasta 2026, también generó indignación entre los vetanos. Aunque el Ministerio de Ambiente reconoció la disponibilidad de $7.000 millones para avanzar en el proceso, los líderes aseguran que no hay voluntad real. “La Corte Constitucional y el Tribunal de Santander deben intervenir con urgencia”, sentenció González.
A través de su cuenta en X, la ministra Estrada defendió el compromiso del Gobierno con la protección del ecosistema: “La protección del Páramo de Santurbán es un compromiso innegociable del Gobierno del Cambio”, escribió. Sin embargo, para las comunidades de Vetas, las acciones no han estado a la altura de las palabras.
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