CARF exige ajuste fiscal de $46 billones en 2025 para cumplir la regla fiscal

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha advertido que el Gobierno de Gustavo Petro deberá realizar ajustes en ingresos o gastos por al menos $46 billones, equivalentes al 2,6 % del PIB, para cumplir con la regla fiscal en 2025. Este ajuste se plantea luego de que en 2024 el cumplimiento de la norma se basara en medidas extraordinarias, conocidas como Transacciones de Única Vez (TUV), aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS).

Regla fiscal en 2024: cumplimiento condicionado

El informe del CARF revela que el déficit fiscal de 2024 cerró en 6,8 % del PIB, una cifra superior al 4,3 % registrado en 2023. Además, la deuda pública alcanzó el 60 % del PIB, revirtiendo la tendencia de consolidación fiscal observada entre 2021 y 2023.

El Gobierno argumentó que la regla fiscal sí se cumplió en 2024, gracias a la aprobación de $31,9 billones en TUV y 20,6 billones de pesos en reducción del gasto. Sin embargo, el CARF advirtió que sin estas transacciones extraordinarias, el balance primario neto estructural habría sido del -1,8 % del PIB, inferior al límite permitido por la ley.

Otro factor preocupante es el recaudo tributario de 2024, que fue $71,2 billones menor al programado, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro.

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Proyecciones fiscales para 2025

El plan financiero del Gobierno para 2025 prevé:

• Déficit fiscal del 5,1 % del PIB.
• Deuda pública del 60,6 % del PIB, aún lejos del ancla fiscal del 55 %.
• Recaudo tributario proyectado en 299,9 billones de pesos, cifra que el CARF considera sobrestimada en $34 billones.

Dado este panorama, el CARF advierte que se necesitará un ajuste mínimo de $46 billones para cumplir con la regla fiscal en 2025. No obstante, factores como el crecimiento de compromisos presupuestales no ejecutados en 2024 y el incremento del salario mínimo podrían elevar este ajuste hasta $75 billones.

Uno de los principales desafíos fiscales es el creciente peso del pago de intereses sobre la deuda, que en 2025 absorberá uno de cada tres pesos del recaudo tributario, limitando el margen de maniobra del Gobierno para invertir en gasto social y desarrollo.

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