Acción legal contra la Alcaldía de Medellín por cerramientos en Plaza Botero y Parque Lleras

La Alcaldía de Medellín podría enfrentar problemas legales debido a un recurso presentado por el abogado constitucionalista Edier Esteban Manco Pineda.  La acción popular, admitida por un juzgado, busca declarar ilegal el cerramiento impuesto por la Alcaldía en la Plaza Botero y el Parque Lleras. 

La demanda argumenta que estas restricciones violan los derechos colectivos y solicita medidas cautelares para revertir la situación y permitir el acceso público a estos espacios, según informó El Colombiano.

El abogado Manco Pineda inició el proceso luego de enviar un derecho de petición a la Alcaldía el pasado 28 de marzo, solicitando información sobre los estudios y análisis que respaldaban los cerramientos. 

Al no recibir respuesta, el abogado consideró que había motivos para cuestionar la implementación de estas medidas y argumentó que restringían el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los bienes de uso público.

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La solicitud central de la acción popular es que se ordene la reapertura inmediata de los espacios públicos mientras se resuelve la cuestión de la constitucionalidad de los cerramientos. Según el auto del juzgado, se busca garantizar el derecho de los ciudadanos a circular libremente en estos lugares.

La acción popular surge después de que se cumplieran 100 días desde el inicio del cerramiento de la Plaza Botero, durante los cuales la Secretaría de Seguridad ha afirmado que los delitos se han reducido significativamente. 

Sin embargo, en los alrededores persisten problemas de seguridad, como quedó demostrado con un incidente de apuñalamiento cerca de las vallas policiales. También se ha observado una redistribución de problemáticas, como la explotación sexual y el microtráfico, en áreas cercanas a la Plaza Botero y el Parque Lleras.

La Alcaldía sostiene que los cerramientos han mejorado la vida comercial y turística tanto en el centro como en El Poblado. Sin embargo, la acción popular cuestiona la falta de estudios formales y detallados que respalden estas medidas.

La administración tiene un plazo de cinco días hábiles, a partir de la notificación, para entregar un concepto sobre el recurso y difundir su existencia a través de medios digitales y redes sociales. 

Después de ese plazo, el juzgado evaluará los argumentos de ambas partes para determinar si otorga las medidas cautelares solicitadas. El abogado Manco advierte que la Alcaldía también deberá justificar por qué no proporcionó los estudios formales que respaldan los cerramientos.

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