Senado aprueba en segundo debate la restricción de profesiones a condenados por delitos sexuales

El Senado de la República de Colombia ha dado un paso crucial en la protección de los menores al aprobar en segundo debate un proyecto de ley que prohíbe el acceso a ciertas profesiones para aquellos condenados por delitos sexuales contra menores. La senadora Nadia Blel, del partido Conservador, encabeza este esfuerzo para bloquear oportunidades a posibles agresores y crear un entorno más seguro para la infancia colombiana.

¿Cuáles son las profesiones restringidas?

El proyecto establece una lista de profesiones y oficios vedados, especialmente aquellos que implican contacto directo y cotidiano con niños y adolescentes, como docentes, profesionales de la salud, conductores de autobuses escolares y entrenadores. El objetivo es evitar que personas condenadas por abusos sexuales a menores reincidan en roles que ponen en riesgo la seguridad de la población infantil.

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Inhabilidad post-sentencia como medida preventiva

Se propone una inhabilidad de 10 a 30 años para ejercer ocupaciones que involucren interacción habitual con menores, imponiendo un periodo adicional de restricción una vez cumplida la condena carcelaria. Esta medida tiene como fin prevenir la reincidencia y proteger a los menores de posibles agresores.

Cifras reveladoras de la Fiscalía General de la Nación

Datos recientes de la Fiscalía General de la Nación indican que en los últimos cinco años más de 10 mil personas han sido condenadas por delitos sexuales contra menores en Colombia. Un porcentaje significativo de estos casos involucra a individuos que mantenían proximidad con entornos infantiles.

El proyecto contempla la creación de un registro especial para delitos sexuales contra menores, incluido en el certificado de antecedentes judiciales. Este certificado, de carácter reservado, informará sobre la inhabilidad para trabajar con menores, proporcionando una herramienta efectiva para verificar los antecedentes de individuos en contacto directo con niños y adolescentes.

Entidades públicas y privadas autorizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) podrán solicitar un certificado de inhabilidad por delitos sexuales, convirtiéndose en un requisito obligatorio en procesos de selección de personal con contacto directo y constante con menores. El proyecto busca alinearse con estándares internacionales y el interés superior del menor, reforzando así la protección de la infancia en el país.

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