La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación previa contra Gustavo Bolívar Moreno, director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), debido a su presunta participación en actividades políticas que habrían violado las restricciones impuestas a los funcionarios públicos. La queja fue presentada por el senador Miguel Uribe, quien acusó a Bolívar de haber promovido activamente el Sí en la consulta popular impulsada por el Gobierno.
La denuncia se basa en unas declaraciones realizadas por Bolívar durante la instalación de los comités ciudadanos de la consulta popular en Soledad, Atlántico, el pasado 24 de abril. En su intervención, el director del DPS habría manifestado: "Transmitan este mensaje a quienes venden ese voto y para las próximas elecciones sepan elegir. Ahí vamos a estar con nuestras listas del Pacto tratando de obtener, por fin, unas mayorías en el Congreso". Este comentario fue interpretado como un apoyo directo al Pacto Histórico, lo que habría infringido las normas que prohíben a los servidores públicos involucrarse en procesos políticos.
El senador Uribe sostiene que estas declaraciones constituyen una violación al artículo 127 de la Constitución, que establece la prohibición para los servidores públicos de participar en política. Además, acusa a Bolívar de contravenir la Ley 1757 de 2015, que regula los mecanismos de participación ciudadana, y el Código General Disciplinario, que establece las normas para la conducta de los funcionarios.
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En respuesta a esta denuncia, la Procuraduría abrió la indagación para esclarecer los hechos y determinar si las declaraciones de Bolívar constituyen una intervención indebida en el proceso político. La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, que llevará a cabo la investigación, busca establecer las "circunstancias de tiempo, modo y lugar" en las que se produjeron las declaraciones de Bolívar y si estas tienen relevancia disciplinaria.
Para sustentar la investigación, la Procuraduría ha solicitado la colaboración de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que contará con el apoyo de su laboratorio de informática forense para recopilar evidencia digital que pueda corroborar las declaraciones de Bolívar. Esta medida busca determinar la veracidad del discurso y su posible impacto en la política electoral.
La Procuraduría también ha solicitado a la Registraduría Nacional del Estado Civil que aporte el acto administrativo que defina el calendario electoral para 2026, con énfasis en las elecciones legislativas. Este paso es fundamental para establecer si, en la fecha de la intervención de Bolívar, ya había comenzado oficialmente el periodo de campaña electoral, lo que podría agravar las acusaciones.
La indagación contra Gustavo Bolívar se suma a un creciente debate sobre la intervención de funcionarios públicos en procesos políticos, tema que sigue generando controversia en el ámbito político y judicial de Colombia. La investigación en curso pondrá de relieve si las declaraciones del director del DPS trasgredieron las normas establecidas para garantizar la imparcialidad en la función pública.
