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Procuraduría abrió indagación por rifirrafe entre soldados y senadora Aída Quilcué

El Ministerio Público revisará la actuación de los uniformados tras el choque con la congresista en vía entre Cauca y Huila.

Aída Quilcué_
Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 16/08/2025 - 19:48 Créditos: Senadora senadora Aída Quilcué - Imagen tomada de Facebook

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar por el incidente ocurrido entre soldados del Ejército Nacional y la senadora Aída Quilcué, en un retén instalado en la vía que comunica los departamentos de Cauca y Huila. El Ministerio Público busca establecer si hubo exceso en la actuación de los uniformados y si se vulneraron los derechos de la congresista.

El hecho se presentó cuando la senadora, integrante del Movimiento MAIS y reconocida líder indígena, denunció presuntos maltratos y obstrucciones a su labor legislativa mientras transitaba por la carretera. En videos difundidos en redes sociales se observa la confrontación verbal entre Quilcué y efectivos del Batallón de Infantería No. 27 Cacique Pigoanza.

Según la congresista, los soldados impidieron su paso y habrían actuado de manera intimidatoria. La situación generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos, que exigieron claridad frente al comportamiento de la tropa en zonas de alta conflictividad.

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Por su parte, el Ejército emitió un comunicado en el que aseguró que sus unidades actuaron bajo protocolos de seguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales en la región. La institución reiteró que colaborará con la investigación de los entes de control para esclarecer los hechos.

La Procuraduría recopiló testimonios y material audiovisual como parte del proceso preliminar, con el fin de establecer responsabilidades y determinar si se amerita la apertura de una investigación disciplinaria formal contra los uniformados.

Este episodio ocurre en medio de un contexto de creciente tensión en el suroccidente colombiano, donde las disidencias de las Farc y otros grupos ilegales mantienen una fuerte presencia. El caso ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la seguridad militar y las garantías al ejercicio político de los congresistas, especialmente de comunidades indígenas.

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