Presidente Petro ordena a ministros firmar decreto para consulta popular

En medio de la controversia por el hundimiento de la consulta popular en el Congreso, el presidente Gustavo Petro pidió a todos sus ministros firmar, con carácter urgente, el decreto que convoca oficialmente este mecanismo de participación. La solicitud se dio antes de su viaje a Francia, donde participará en un evento de la ONU.

Durante la ceremonia de ascenso de oficiales de la Armada Nacional, realizada este viernes 6 de junio en Cartagena, el jefe de Estado defendió su decisión afirmando que “el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia”. Petro insistió en que la consulta es un camino legítimo para darle voz a los ciudadanos, pese a que el Congreso ya rechazó esta iniciativa semanas atrás.

El mandatario sorprendió al afirmar que “un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular”, refiriéndose a una presunta orden judicial para repetir la votación del proyecto en el Senado. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, quien aclaró que la tutela en cuestión no exige repetir la votación ni habla de fraude.

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La tutela fue emitida por la Juez Sexta Civil del Circuito de Bogotá, Hilda María Saffon Botero, y solo ordena al presidente del Senado, Efraín Cepeda, resolver en un plazo de 48 horas el recurso de apelación presentado por la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, luego del archivo de la iniciativa.

Con esta maniobra, el Gobierno busca mantener con vida su propuesta de reforma laboral, que pretendía impulsar a través de la consulta. No obstante, expertos advierten que la firma del decreto sin el aval del Congreso podría derivar en una revisión rigurosa por parte de la Corte Constitucional, que deberá determinar su legalidad.

La ofensiva del presidente Petro para revivir la consulta se da en un contexto de alta tensión política con el Legislativo y críticas crecientes desde distintos sectores, incluidos miembros de la Corte y el Congreso, quienes han advertido sobre los límites constitucionales del Ejecutivo en este tipo de decisiones.

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