Presidente Gustavo Petro expresa dudas sobre la transparencia en las elecciones 2026

En medio de las tensiones institucionales generadas por el proceso de adjudicación del contrato para la organización de las elecciones presidenciales de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó públicamente su desconfianza respecto a la transparencia de dichos comicios.

El pronunciamiento fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X en respuesta a una publicación que hacía referencia a las dificultades contractuales en la producción de pasaportes.

La afirmación del mandatario, emitida a menos de un año de la contienda electoral, fue recibida con fuertes cuestionamientos por parte de distintos sectores políticos, los cuales señalaron que el Gobierno nacional, al ser el responsable directo de garantizar las condiciones logísticas y jurídicas de las elecciones, debe ofrecer plena confianza institucional frente al proceso democrático.

El comentario presidencial se produjo en paralelo a la fase final de evaluación del proceso contractual por 2,1 billones de pesos que definirá la logística de las elecciones generales de 2026, así como los Consejos Municipales y Locales de Juventud programados para octubre del presente año.

El contrato, cuya adjudicación está prevista para este miércoles 9 de julio, incluye el diseño, implementación y operación de los sistemas de información electoral, la distribución de materiales, la digitalización de actas, la biometría y otros aspectos técnicos fundamentales para el desarrollo del proceso.

El proceso de licitación ha estado bajo escrutinio desde su inicio, luego de que se conociera que de las 13 empresas inicialmente interesadas, nueve formularon observaciones que, según denunció el propio presidente, no fueron consideradas de manera adecuada por las autoridades contratantes.

Esta situación habría incidido en que la Unión Temporal conformada por Thomas Greg & Sons y otras compañías lograra mantener su posición dominante como posible adjudicataria, generando una percepción de falta de competencia efectiva.

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En paralelo, el Gobierno nacional enfrenta otro proceso contractualmente sensible: la definición del nuevo modelo para la impresión de pasaportes. Esta actividad, hasta ahora ejecutada por Thomas Greg & Sons, se encuentra en una etapa de transición marcada por incertidumbres jurídicas y técnicas.

El contrato actual expira el próximo 31 de agosto, y la administración Petro ha anunciado que, a partir del 1 de septiembre, la responsabilidad de impresión pasará a la Imprenta Nacional de Colombia, con acompañamiento técnico de la Casa de la Moneda de Portugal.

No obstante, a la fecha no existe un contrato firmado entre el Gobierno colombiano y la entidad portuguesa, ni un cronograma plenamente definido para el traslado operativo de funciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado del proceso, apenas cuenta con un borrador de convenio interinstitucional que continúa en etapa de ajustes.

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