Presidente Gustavo Petro advierte que la fiscal Luz Adriana Camargo teme ser incluida en la Lista Clinton

Durante una intervención reciente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordó los resultados del séptimo ciclo de negociaciones con la estructura disidente liderada por alias ‘Calarcá’.

El mandatario hizo referencia a los archivos que fueron incautados a este exintegrante de las antiguas FARC, y señaló que, pese a los avances alcanzados, el Gobierno no cuenta actualmente con el respaldo de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

Según dijo, su falta de acompañamiento estaría relacionada con preocupaciones personales sobre una eventual inclusión en la Lista Clinton.

El jefe de Estado expresó que el Ejecutivo ha perdido el acompañamiento de la titular del ente acusador en el proceso de construcción de soluciones jurídicas y sociales orientadas a atender el conflicto armado en diversas regiones del país.

Según señaló, este distanciamiento estaría vinculado a temores individuales de la fiscal frente a un posible señalamiento por parte del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, los avances logrados con las disidencias en esta nueva etapa del proceso de paz permitirían la implementación de cinco zonas de concentración, con lo cual se entraría en una fase más estructurada de los diálogos.

Dichas zonas están previstas como espacios para consolidar los compromisos adquiridos por la estructura armada y para preparar una eventual desmovilización, sujeta al cumplimiento progresivo de acuerdos verificados por instancias nacionales e internacionales.

Uno de los temas abordados durante el ciclo de conversaciones más reciente fue el reclutamiento de menores de edad.

Según Petro, se logró un pacto para poner fin a esta práctica. Indicó que el compromiso se refiere a la suspensión total del ingreso de menores de 18 años a las filas del grupo armado, así como a la liberación de los que actualmente se encuentran bajo su poder.

El proceso contaría con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que sería el encargado de recibir a los menores y adelantar los procedimientos correspondientes de restablecimiento de derechos.

Otro punto que hizo parte de la negociación es el relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito.

El presidente aseguró que la disidencia acordó respaldar los esfuerzos del Gobierno nacional en la recuperación de zonas deforestadas de la Amazonía, donde históricamente se ha desarrollado la siembra de hoja de coca.

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La intención, explicó, es convertir nuevamente esos espacios en selva, con el propósito de avanzar en la recuperación ambiental y en la disminución de economías ilícitas que han alimentado la confrontación armada.

En un momento posterior de su intervención, Petro hizo mención a las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre el uso de la Lista Clinton como herramienta de presión frente a actores considerados como facilitadores de la violencia.

El jefe de Estado manifestó que comparte esa visión, en particular en lo relacionado con empresarios que, según sus palabras, han promovido prácticas cercanas a la contratación de personas en condiciones de vulnerabilidad para involucrarlas en actividades armadas, dentro o fuera del país.

En ese sentido, afirmó que apoyaría la inclusión en dicha lista de quienes considera responsables de convertir a ciudadanos en mercenarios.

Las afirmaciones del presidente se producen en medio de un contexto de complejidad jurídica y política frente al desarrollo de las negociaciones con estructuras disidentes.

El Gobierno ha insistido en avanzar hacia una “paz total” que contemple tanto acuerdos con actores armados como transformaciones institucionales, sociales y territoriales.

Sin embargo, distintos sectores han advertido sobre los riesgos de otorgar beneficios sin garantías de cumplimiento efectivo, así como de debilitar los controles institucionales durante los procesos de concertación.

Las tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía han sido una constante en distintos momentos de la actual administración.

La postura expresada por el presidente profundiza esas diferencias, al atribuir directamente a la fiscal general una supuesta renuencia a colaborar con el proceso de paz por razones personales. Hasta el momento, desde la Fiscalía no se ha emitido una respuesta formal a estas afirmaciones.

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