Olga Lucía Claros deja el viceministerio de Política Criminal

El Ministerio de Justicia atraviesa un nuevo remezón interno tras la salida de Olga Lucía Claros Osorio del viceministerio de Política Criminal, una decisión que se hizo efectiva el 18 de noviembre y fue confirmada por el Gobierno Nacional este 20 de noviembre. 

Su renuncia, solicitada por el Departamento Administrativo de la Presidencia, deja sin liderazgo una de las dependencias estratégicas de la cartera en un momento crítico para la política criminal del país.

Claros, reconocida por su participación en la implementación jurídica de la “paz total” y por su experiencia en justicia transicional, cierra así una larga trayectoria en el sector público. Abogada del Externado, con cuatro especializaciones y dos maestrías —una de ellas en curso—, su perfil académico y técnico la convirtió en una de las funcionarias más destacadas dentro del Ministerio. Su carrera inició en Caquetá y pasó por entidades territoriales, el Congreso, el sector asegurador y la administración departamental antes de consolidarse en Bogotá.

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Uno de los capítulos más relevantes de su trayectoria se dio durante trece años en la Fiscalía General de la Nación, donde trabajó en áreas sensibles como Extinción de Dominio y Justicia Transicional. Desde allí contribuyó a la redacción de normativas como las leyes 1615, 1654 y 1708, instrumentos fundamentales en materia penal y de política criminal.

Su llegada al viceministerio estuvo respaldada por el exfiscal y exministro Eduardo Montealegre, con quien trabajó en los diseños jurídicos para el sometimiento a la justicia dentro de la política gubernamental de “paz total”. La salida de Claros ocurre justo cuando el Ministerio reportaba una leve mejora en los indicadores de seguridad en octubre, con descensos en homicidios, masacres, extorsión y delitos sexuales. Sin embargo, el balance anual continúa en terreno negativo y persisten interrogantes sobre los secuestros, lo que subraya la importancia de mantener estabilidad en los altos cargos.

La vacante vuelve a poner el foco sobre la capacidad de la cartera para sostener las reformas en curso y afrontar los retos de seguridad y gobernanza que marcarán los próximos meses.

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