Minagricultura expide resolución para vigilar y sancionar gremios del agro: controversia en el sector

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha emitido una nueva resolución que otorga amplios poderes a la entidad para supervisar a los gremios y asociaciones del sector agropecuario en Colombia. La medida, que ha sido calificada como "polémica" por diversos sectores, habilita al Ministerio para inspeccionar, vigilar y sancionar a estos colectivos, e incluso intervenir su administración o cancelar su personería jurídica en casos graves.

La disposición impacta a una amplia gama de organizaciones, desde asociaciones campesinas hasta importantes gremios como la Federación Nacional de Cafeteros, Fedepalma, Asocaña y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Según la normativa, la entidad podrá solicitar documentos, revisar información financiera, modificar estatutos y realizar visitas de inspección. Además, contempla la implementación de medidas preventivas o correctivas cuando lo considere necesario.

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Diversos gremios han manifestado su preocupación frente a la medida, argumentando que la resolución representa una extralimitación de funciones por parte del Ministerio. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) fue una de las primeras en pronunciarse, afirmando que este tipo de regulaciones deberían ser aprobadas a través de una ley en el Congreso y no mediante una resolución ministerial.

En una comunicación enviada al Ministerio, la SAC advirtió que la decisión del Ejecutivo podría entrar en conflicto con el principio de separación de poderes establecido en el artículo 113 de la Constitución. "Constituye un evidente desbordamiento de la competencia del Ejecutivo en detrimento del principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, de la libertad y no arbitrariedad, pilares fundamentales de nuestro modelo estatal", señala el documento.

Incluso, el Consejo de Estado había recomendado previamente al Gobierno la creación de una ley específica para definir las competencias del Ministerio de Agricultura en términos de inspección, vigilancia y control, lo que pone en duda la legalidad de la resolución emitida.

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