Fallo del caso Álvaro Uribe: jueza decidirá si es culpable o inocente este 28 de julio

Este lunes 28 de julio, a las 8:30 de la mañana, la jueza Sandra Liliana Heredia dará a conocer en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es absuelto o condenado en el proceso por presunta manipulación de testigos, soborno en actuación penal y soborno.

La decisión cierra más de una década de actuaciones judiciales y podría derivar en una pena que oscile entre seis y doce años de prisión, aunque la edad del exmandatario, de 73 años, y su ausencia de antecedentes judiciales podrían llevar a que, en caso de condena, se le otorguen beneficios o medidas sustitutivas de la privación de la libertad.

El proceso se ha constituido en un hecho sin precedentes en la historia judicial de Colombia, al ser la primera vez que un expresidente de la República enfrenta un juicio penal por estos delitos.

Desde su inicio, ha sido escenario de tensiones políticas entre sectores de izquierda y derecha que han utilizado el caso como referente en sus disputas, acusándose de manipular testimonios de exparamilitares con fines de desprestigio político.

El origen del caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos, en momentos en que el congresista recopilaba testimonios que vinculaban al entonces exmandatario con actividades paramilitares.

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La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra Cepeda y, en cambio, inició un proceso contra Uribe por presunta intervención para que personas privadas de la libertad declararan a su favor y en contra del legislador.

En el marco de esa investigación, el abogado Diego Cadena, cercano al expresidente, fue interceptado y señalado de ofrecer dinero o beneficios a testigos como Juan Guillermo Monsalve, detenido en La Picota, a cambio de modificar o retractar sus declaraciones.

Uribe ha sostenido que nunca ordenó ni autorizó ofrecimientos de beneficios económicos o jurídicos a los testigos, y ha insistido en que el proceso responde a motivaciones políticas impulsadas por sus opositores.

Ha afirmado, además, que el presidente Gustavo Petro ha incidido en el debate público sobre el caso para influir en el resultado, al pronunciarse en más de una decena de ocasiones sobre el proceso.

Petro, por su parte, ha señalado que las presiones sobre la justicia provienen del sector del expresidente y ha sostenido que ha evitado intervenir de manera directa en el caso.

El senador Cepeda, acreditado como víctima en el proceso, ha manifestado que, en caso de que la jueza Heredia emita una condena, el fallo podría abrir la puerta para que la justicia avance en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en los que, según él, Uribe podría tener responsabilidad.

Ha afirmado también que la decisión representa un paso en su propósito de esclarecer hechos de violencia y violaciones de derechos humanos ocurridos en el país.

El partido Centro Democrático, fundado por Uribe, sostiene que el juicio ha sido politizado y sin fundamentos sólidos. Ha acusado a Cepeda de instrumentalizar el dolor de las víctimas para fines partidistas y ha cuestionado la imparcialidad de la jueza Heredia y de la fiscal del caso, Marlenne Orjuela.

También ha reiterado que los denominados “falsos positivos” no fueron política de Estado durante el periodo de Seguridad Democrática y ha recordado que durante el gobierno de Uribe se implementaron medidas como la desmovilización del paramilitarismo, el debilitamiento de grupos armados ilegales y la creación de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos.

El caso ha atravesado varias instancias judiciales desde que la Corte Suprema, bajo la ponencia del magistrado José Luis Barceló, asumió la investigación en 2018.

Uribe ha criticado que dicho trámite se desarrollara, según él, de manera reservada y con filtraciones hacia terceros, mientras sus abogados no pudieron acceder oportunamente al expediente.

También ha cuestionado que magistrados de la Corte discutieran públicamente aspectos relacionados con su proceso. Posteriormente, el caso pasó a la Fiscalía, que formalizó la imputación de cargos.

La lectura del fallo, cualquiera que sea su sentido, tendrá repercusiones políticas y jurídicas. Para los sectores que han respaldado a Cepeda, una condena sería interpretada como un precedente para que la justicia profundice en investigaciones sobre otros hechos que involucran al expresidente.

Para sus seguidores, en cambio, una eventual sentencia condenatoria confirmaría su tesis de que Uribe es objeto de persecución judicial y política.

La decisión de la jueza Heredia marcará un hito en la historia reciente de Colombia y podría influir en el debate público y político de los próximos meses.

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