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Exasesora de ministro de Hacienda confirma compra de votos con tres contratos de UNGRD
María Alejandra Benavides aseguró a la Fiscalía que Ricardo Bonilla sabia del asunto.
Un testimonio clave en el caso de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) pone en la mira al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
María Alejandra Benavides, exasesora del ministro, declaró ante la Fiscalía que Bonilla conocía y autorizaba las operaciones relacionadas con la presunta compra de congresistas para aprobar créditos internacionales.
Según la unidad investigativa de Caracol Noticias, este testimonio es trascendental en todo el entramado de corrupción que rodea el mayor escándalo del gobierno Petro, la compra de carrotanques que iban a llevar agua a La Guajira.
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"El me usó, el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro", afirmó Benavides en su declaración, señalando que todas las decisiones requerían el visto bueno del ministro.
Esta declaración se suma a las de los exfuncionarios de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes también habían señalado a Bonilla.
Declaración de Benavides
Fiscal: ¿El ministro sabía que Sneyder o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?
María Alejandra Benavides: Sí señora, él lo sabía.
Fiscal: ¿Por qué lo sabía?
María Alejandra Benavides: Porque el 3 de enero cuando yo voy a hablar de la carta, yo le digo: mire en diciembre pasó esto. Yo mandé unos contactos, el señor Sneyder luego me dijo: la última semana de diciembre que no se ha movido. Que ya habían hablado con ellos pero que ya, o sea... Fiscal, yo insisto: todo absolutamente todo necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera.
Según las investigaciones, la operación habría involucrado contratos por $92.000 millones en municipios de Córdoba, Arauca y Bolívar, con el objetivo de garantizar el apoyo de congresistas a la aprobación de los préstamos.
El escándalo, ocurrido en diciembre de 2023, refleja el uso indebido de recursos públicos para influir en decisiones legislativas. La Fiscalía continúa recolectando pruebas y testimonios que podrían agravar la situación del ministro en medio de esta polémica.
En la tarde de este viernes, la Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera para las regiones de la Presidencia de la República, quien enfrenta imputación por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, relacionado con el ecándalo de corrupción de la Ungrd.
La exfuncionaria es señalada de recibir, transportar y entregar $3.000 millones al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez, provenientes de actividades ilícitas.
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