Detalles del decreto de emergencia económica que funcionará por los próximos 30 días

El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional, luego de que el Congreso de la República hundiera la reforma tributaria que buscaba financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026. La decisión quedó formalizada con la expedición del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, firmado por el mandatario y todos los ministros, y tendrá una vigencia inicial de 30 días.

En el documento, de 20 páginas, el Ejecutivo advierte que el país enfrenta una situación fiscal “grave e inminente” que limita la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y asegurar la prestación de servicios públicos esenciales. Según el Gobierno, el archivo de la reforma tributaria, que proyectaba un recaudo de 16,3 billones de pesos, profundizó un desbalance fiscal que ya venía acumulándose por presiones presupuestales estructurales.

La declaratoria habilita al Gobierno para expedir decretos legislativos con fuerza de ley, principalmente en materia tributaria, con el objetivo de conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. Estas decisiones, sin embargo, estarán sujetas a control político posterior por parte del Congreso y a revisión de constitucionalidad por la Corte Constitucional.

Una crisis fiscal que supera los márgenes ordinarios

El decreto sostiene que la Nación atraviesa una coyuntura que no puede resolverse con los mecanismos ordinarios del presupuesto. Entre los argumentos centrales, el Ejecutivo señala que existen gastos rígidos y obligaciones inaplazables que no pueden ser recortadas sin afectar directamente a la población, lo que habría llevado a una situación que desborda los márgenes normales de manejo fiscal.

El Gobierno también hace referencia al fracaso de dos reformas tributarias consecutivas impulsadas durante el actual mandato. La primera, que buscaba recaudar cerca de 12 billones de pesos, y la segunda, por 16,3 billones, eran consideradas claves para sostener las finanzas públicas y cumplir compromisos sociales y presupuestales.

Las causas que llevaron a la emergencia

El Decreto 1390 enumera varios factores que, según el Ejecutivo, precipitaron la declaratoria de emergencia económica. Entre ellos se encuentran el pago de la Unidad de Pago por Capitación del sistema de salud, el deterioro del orden público y los riesgos para líderes sociales, los efectos de la ola invernal, los subsidios a la energía en regiones vulnerables y el cumplimiento de sentencias judiciales por cerca de 1,5 billones de pesos.

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A esto se suman obligaciones contractuales vencidas por más de 5 billones de pesos, deudas con víctimas del conflicto armado, restricciones al endeudamiento derivadas de la regla fiscal y limitaciones de caja en la Tesorería General de la Nación que afectan el flujo normal de pagos del Estado.

Posibles medidas tributarias

Aunque el decreto no detalla de manera explícita los impuestos que se adoptarán, sí establece lineamientos generales. El Gobierno anticipa que se priorizarán tributos dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva, así como impuestos orientados a corregir impactos negativos en el ambiente y la salud pública.

El documento menciona la posibilidad de evaluar ajustes en el impuesto al valor agregado, cambios en el impuesto al patrimonio de personas naturales, un mayor gravamen al sector financiero y el fortalecimiento de los llamados impuestos saludables. No obstante, cualquier medida concreta deberá materializarse a través de decretos legislativos que se expidan durante el periodo de emergencia.

Control político y revisión constitucional

Una vez finalice el estado de emergencia, el Congreso deberá ejercer control político sobre las normas adoptadas por el Ejecutivo. De igual forma, la Corte Constitucional revisará la legalidad y constitucionalidad tanto del decreto de declaratoria como de las medidas que se expidan en su desarrollo.

Con esta decisión, el Gobierno Petro abre un nuevo capítulo de debate político, económico y jurídico, en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre fiscal y la discusión sobre los límites y alcances de las facultades excepcionales del Ejecutivo.

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