Consejo Gremial solicita a la Corte suspender decreto de emergencia económica

El pulso institucional por la declaratoria de emergencia económica en Colombia llegó a la Corte Constitucional. Este 13 de enero de 2026, el Consejo Gremial Nacional radicó una solicitud formal para que se suspendan provisionalmente los efectos del Decreto 1390 de 2025, con el que el Gobierno habilitó el uso de facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley.

La petición, contenida en un documento de 29 páginas, fue dirigida al presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y busca que la Sala Plena evalúe la necesidad de frenar temporalmente la norma mientras se adopta una decisión de fondo sobre su constitucionalidad. El escrito fue presentado por Camilo Armando Sánchez Ortega, en su calidad de presidente y representante legal del Consejo Gremial.

En su argumentación, el gremio sostiene que la declaratoria de emergencia no solo debe ser objeto de control posterior, sino que amerita una suspensión inmediata para evitar un eventual uso abusivo de los poderes de excepción. A juicio del Consejo Gremial, mantener vigente el decreto sin una revisión preliminar podría afectar el principio democrático, la separación de poderes y el equilibrio institucional.

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Uno de los puntos centrales de la solicitud es que la suspensión no se limite al decreto que declara la emergencia. El documento pide que, en caso de prosperar la medida cautelar, también se suspendan todos los decretos legislativos que el Gobierno expida con base en esa declaratoria, para evitar que sigan produciendo efectos jurídicos y económicos incluso si posteriormente son declarados inexequibles.

El Consejo Gremial argumenta que la suspensión provisional cumple con el principio de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia constitucional y que no genera una afectación real al orden democrático. Por el contrario, asegura que la medida protegería la supremacía de la Constitución, garantizaría la legalidad tributaria y evitaría atajos legislativos que vacíen de contenido el control constitucional.

Finalmente, el gremio advierte que la emergencia económica, tal como fue planteada, puede generar distorsiones en la economía y aumentar la inseguridad jurídica, factores que, según señala, desincentivan la inversión y afectan el normal funcionamiento del sistema económico del país.

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