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Detalles de la suspensión de la tradicional encuesta de Invamer que se publicada desde hace 30 años
Particularidades de la situación de la encuestadora.
Por primera vez en más de 30 años, la firma encuestadora Invamer dejó de publicar su tradicional medición sobre la situación política y social del país.
La decisión se produjo tras la aprobación en el Congreso del proyecto de ley 569 de 2025, que regula la elaboración y divulgación de encuestas de opinión pública y electorales.
La norma aún está pendiente de sanción presidencial, pero ya llevó a la empresa a abstenerse de divulgar su estudio de agosto.
La compañía explicó que no fue posible presentar los resultados de la encuesta número 167 desde que inició su serie histórica. En su lugar, divulgó un documento en el que cada pregunta aparecía acompañada de la frase: “Lo sentimos, debido a la nueva ley que regula las encuestas no nos es posible informarte la opinión sobre…”.
El material se convirtió en un pronunciamiento de protesta frente a la normativa, que, según Invamer, restringe el acceso de los ciudadanos a información clave sobre temas de coyuntura y percepción social.
Tradicionalmente, la encuesta de agosto incluye apartados sobre la gestión presidencial, la política de “paz total”, la eventual reelección, cambios constitucionales y la comparación con gobiernos anteriores.
Asimismo, mide la percepción ciudadana sobre economía, corrupción, seguridad, costo de vida, narcotráfico, salud y relaciones internacionales.
En esta ocasión, todas esas secciones aparecieron en blanco. También quedaron sin respuesta las preguntas relacionadas con migración venezolana, seguridad en las principales ciudades, gestión de alcaldes y gobernadores, así como favorabilidad de instituciones como Fiscalía, Procuraduría, Policía, Corte Constitucional, Congreso, empresarios y medios de comunicación.
Igualmente, no se publicaron resultados sobre la imagen de figuras políticas como Francia Márquez, Germán Vargas Lleras, Juan Daniel Oviedo, María José Pizarro, María Fernanda Cabal, Jota Pe Hernández, ni de líderes internacionales como Donald Trump o Nicolás Maduro.
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La empresa señaló que la nueva ley obliga a modificar el tamaño de la muestra de las encuestas, lo que en su caso sería inviable porque el estudio se financia con recursos propios.
Según el texto aprobado en el Congreso, en los estudios de alcance nacional deben incluirse todas las ciudades con más de 800.000 habitantes, la ciudad más grande de cada región cuando no haya urbes de ese tamaño, y un subconjunto de municipios grandes, medianos y pequeños en todas las regiones.
Para las encuestas departamentales, se exige cubrir la capital y al menos el 20 % de los municipios.
Invamer sostuvo que estas condiciones hacen imposible continuar con el esquema metodológico que ha usado durante décadas.
En un comunicado difundido en julio, advirtió que la restricción afecta el derecho a la información y a la libertad de expresión, principios reconocidos por la Corte Constitucional, que en varias sentencias ha considerado las encuestas como mecanismos técnicos idóneos para la toma de decisiones ciudadanas en procesos electorales.
La encuestadora también puso en duda la legalidad del procedimiento seguido en el Congreso. Indicó que mientras el Senado tramitó la iniciativa como una ley estatutaria, la Cámara de Representantes la aprobó como ley ordinaria, pese a que regula derechos fundamentales.
Según la empresa, esta diferencia podría derivar en la inconstitucionalidad de la norma.
En el mismo pronunciamiento, rechazó la idea de que las encuestas inducen a los votantes a respaldar al candidato que aparece como favorito.
Aseguró que no existe evidencia científica que respalde esa premisa y citó ejemplos en los que el ganador de una elección no lideraba las mediciones
previas.
La Misión de Observación Electoral (MOE) coincidió en señalar que la nueva regulación genera implicaciones sobre la libertad de expresión y de prensa.
Además, subrayó que la exigencia metodológica impuesta por la ley supone un reto financiero y logístico que podría dejar sin espacio a encuestadoras independientes, limitando la pluralidad de mediciones en escenarios políticos.
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