Salario mínimo 2026: Andi advierte "graves riesgos" para la economía

En una decisión que ha sacudido el panorama económico del país, el presidente Gustavo Petro anunció hace pocos minutos que el salario mínimo legal para el año 2026 quedará fijado en $2.000.000 (incluyendo el auxilio de transporte). El incremento, que supera el 23%, se da por vía de decreto tras no alcanzarse un acuerdo en la Mesa de Concertación.

La respuesta de los industriales

Casi de inmediato, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) emitió un contundente comunicado de prensa en el que califica la medida como una decisión "unilateral y totalmente inconsulta". 

Según el gremio liderado por Bruce Mac Master, el Gobierno nacional decidió romper con la tradición del diálogo tripartito (Gobierno, trabajadores y empleadores) para imponer una cifra que no fue producto de una conversación abierta y democrática.

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"Se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana, especialmente sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo y hasta las finanzas públicas", advirtió la Andi.

El gremio destacó un dato alarmante sobre el impacto fiscal de esta medida: en un contexto donde el Gobierno ha declarado una "emergencia económica", la Andi estima que cada 1% de incremento salarial adicional genera un gasto público de $400.000 millones.

Además, los industriales señalaron que el Gobierno introdujo el concepto de "ingreso mínimo vital" de forma arbitraria, modificando la metodología de remuneración sin haber pasado por el seno de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales.

Impactos del anuncio

Inflación: La Andi teme que el alza dispare los precios de bienes y servicios básicos, afectando precisamente a los ciudadanos más vulnerables. 

Desempleo: Advierten que los costos de formalidad podrían incentivar la destrucción de puestos de trabajo. Finanzas Públicas: El incremento presiona un presupuesto nacional ya debilitado por la situación de emergencia.

El comunicado concluye reiterando que la Constitución ordena que estas discusiones se lleven a cabo de manera concertada, algo que, según los empresarios, no ocurrió en esta ocasión, dejando de lado a quienes "generan el empleo y tienen a su cargo el cumplimiento de las normas".

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