Corte Constitucional revisará el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Petro

La Corte Constitucional evaluará el decreto mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica al cierre de 2025, una decisión que habilita al Ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley y adoptar medidas excepcionales en materia fiscal.

Según se conoció, los magistrados del alto tribunal realizarán una sesión especial tras la publicación oficial del decreto, con el propósito de estudiar los argumentos presentados por el Gobierno nacional y determinar si se cumplen los requisitos constitucionales para la declaratoria del estado de excepción. El análisis se centrará en los alcances legales de la medida y en los nuevos gravámenes que podrían derivarse de su aplicación.

De acuerdo con información divulgada por La FM, la Corte sostendrá inicialmente un encuentro informal para intercambiar criterios sobre el contenido del decreto, ante la preocupación de que transcurra el plazo de 30 días sin una revisión previa, lo que permitiría la entrada en vigencia de disposiciones de difícil reversión.

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La convocatoria responde al impacto que ha generado la emergencia económica en distintos sectores políticos, jurídicos y económicos, así como a la inquietud por las acciones que podría adoptar el Ejecutivo en las próximas semanas al amparo de estas facultades extraordinarias.

El decreto establece que la emergencia tendrá una vigencia inicial de 30 días y justifica su expedición en la necesidad de obtener recursos adicionales frente a problemas asociados al orden público, fenómenos climáticos y restricciones fiscales. En el documento, el Gobierno sostiene que la situación financiera del país ha alcanzado un nivel que desborda la capacidad ordinaria de gestión del Estado.

El texto también señala que la caída de dos reformas tributarias impulsadas por la actual administración —que buscaban recaudar cerca de 12 billones y 16,3 billones de pesos— agravó el desbalance fiscal, al impedir la obtención de ingresos considerados esenciales para el sostenimiento de las finanzas públicas.

Diversos gremios y analistas han solicitado a la Corte Constitucional una revisión prioritaria del decreto, al advertir posibles choques con decisiones previas del Congreso y eventuales afectaciones al entorno económico. En respuesta, el tribunal evaluará si la declaratoria cumple con los criterios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad exigidos por la Constitución.

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