Fenalco advierte pérdida de más de 770.000 empleos por decreto de emergencia económica

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) alertó sobre la posible pérdida de más de 770.000 empleos en Colombia como consecuencia del decreto de emergencia económica mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7 %.

El gremio presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad acompañada de una solicitud de suspensión provisional urgente contra el Decreto 1469 de 2025, al advertir que la medida contiene graves deficiencias legales y técnicas, además de representar riesgos económicos y sociales significativos para el país.

Según Fenalco, la decisión del Ejecutivo desconoce el marco legal y constitucional que regula la fijación del salario mínimo en Colombia. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, aseguró que el Gobierno sustituyó de manera arbitraria las variables obligatorias establecidas en la ley, como la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la participación de los salarios en el ingreso nacional, por el concepto de “salario vital”.

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De acuerdo con Cabal, este criterio fue construido a partir de referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no tienen carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En ese sentido, señaló que el decreto incurre en inconsistencias legales profundas al aplicar parámetros no contemplados en la normatividad vigente y al desconocer las variables técnicas que deben guiar este tipo de decisiones.

Fenalco también cuestionó que el Gobierno haya desconocido la competencia exclusiva del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elemento central para la medición de la inflación.

Uno de los principales reparos del gremio es la falta de explicación clara y verificable sobre cómo se pasó de unas variables económicas que, según sus estimaciones, justificaban un ajuste del 6,21 %, a un incremento final del 23,7 %. Para Fenalco, esta diferencia carece de sustento técnico suficiente y genera incertidumbre jurídica, además de presionar al alza los precios y poner en riesgo la estabilidad del empleo formal en el país.

El gremio insistió en que la suspensión del decreto es necesaria para evitar un impacto negativo sobre el tejido empresarial, en especial en el comercio y las pequeñas y medianas empresas, que serían las más afectadas por los efectos del aumento y por las presiones inflacionarias derivadas de la medida.

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