Camacol advierte que resolución de MinAmbiente pondría en riesgo 360.000 viviendas

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Bogotá/Cundinamarca ha lanzado una alerta sobre el impacto que tendría la nueva resolución del Ministerio de Ambiente en el desarrollo de vivienda en la Sabana de Bogotá. 

Según el gremio, la iniciativa del Gobierno Nacional podría bloquear el desarrollo de 2.983 hectáreas de suelo, afectando la construcción de aproximadamente 360.000 unidades de vivienda, de las cuales el 65 % corresponde a Vivienda de Interés Social (VIS). Esta cifra representa el equivalente a seis años de oferta de vivienda nueva en la región.

"Analizando los planes parciales existentes, se afectaría la construcción de cerca de 360.000 unidades de vivienda para los próximos años. Lo más grave es que el 64 % de estas unidades serían viviendas para hogares de menos de cuatro salarios mínimos, es decir, población que accede a vivienda de interés social", afirmó Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá/Cundinamarca.

El debate sobre esta resolución se da en medio de las tensiones entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, con críticas desde el sector de la construcción sobre la falta de socialización y consulta con los actores involucrados. Según el análisis de Camacol, el Ministerio de Ambiente no presentó un informe técnico detallado ni estableció mesas de trabajo con el sector antes de la publicación del proyecto.

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Preocupación por la falta de diálogo y el impacto económico

Camacol ha manifestado su preocupación por la falta de participación en la toma de decisiones y ha solicitado una intervención de la Procuraduría General de la Nación para garantizar un proceso transparente y acorde con la normativa vigente.

"Desde la Cámara Colombiana de la Construcción expresamos nuestro respaldo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a los más de 35 alcaldes municipales que se verían afectados con el proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente. Coincidimos en la importancia de que los procesos que impacten el ordenamiento territorial se gestionen respetando la Constitución y la ley", señaló Camacol en un comunicado oficial.

La solicitud a la Procuraduría busca garantizar que cualquier cambio en el uso del suelo se realice con base en estudios técnicos sólidos y con la participación de todos los sectores afectados. "Las decisiones deben tomarse con análisis técnicos e información de calidad sobre el territorio", agrega el documento.

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