Abogados que apoyan consulta por decreto han firmado contratos por $1.570 millones

Tres abogados cercanos al presidente Gustavo Petro, quienes han defendido públicamente la posibilidad de convocar una consulta popular por decreto, tienen o han tenido vínculos contractuales con el Estado por más de $1.570 millones. Se trata del exfiscal general Luis Eduardo Montealegre, el exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional Yefferson Dueñas y el exmagistrado Luis Ernesto Vargas, actual embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El martes 3 de junio, antes del anuncio presidencial, los tres juristas se reunieron con Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Casa de Nariño. Allí se discutieron los argumentos jurídicos que sustentarían la decisión de convocar la consulta sin el aval del Congreso, a raíz de presuntas irregularidades en la votación del Senado que rechazó la iniciativa con 49 votos en contra frente a 47 a favor.

Montealegre y Dueñas han sido contratistas del Estado a través de diferentes entidades del Ejecutivo. El exfiscal, mediante su firma Economía, Derecho y Sociedad SAS, ha prestado servicios jurídicos para el ICFES, Positiva Compañía de Seguros y RTVC, entre otras entidades. Solo el contrato con RTVC, firmado el 19 de febrero de este año, asciende a $495 millones y tiene vigencia hasta diciembre de 2025.

Entre las obligaciones pactadas en ese contrato con RTVC se incluyen la asesoría en derecho constitucional, penal, civil y comercial; la emisión de conceptos estratégicos; y la representación judicial de la entidad en procesos relacionados con su reputación. Además, se exige confidencialidad, asistencia a comités internos y cumplimiento estricto de protocolos internos.

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En el caso de Yefferson Dueñas, también figura como contratista en el SECOP con vínculos similares a entidades públicas. Ambos abogados coinciden en sus argumentos sobre los supuestos vicios de trámite que invalidarían la decisión del Congreso y permitirían al presidente convocar la consulta directamente.

Por su parte, Luis Ernesto Vargas no aparece como contratista, pero desde el inicio del gobierno Petro se desempeña como representante de Colombia ante la OEA. En redes sociales ha sido enfático en que el Senado actuó en contravía del principio democrático al cerrar la votación sin una discusión adecuada sobre la proposición presentada.

Mientras tanto, el Gobierno continúa defendiendo la legitimidad del decreto para convocar la consulta, mientras sectores de oposición denuncian un posible conflicto de interés.

La polémica se intensificó tras conocerse que Montealegre reemplazará como ministro de Justicia a Ángela María Buitrago, quien renunció denunciando presiones para realizar nombramientos políticos. Esta movida refuerza las críticas sobre la cercanía de los asesores jurídicos con las decisiones más sensibles del Ejecutivo.

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