Vladimir Putin ratifica reclutamiento militar de delincuentes condenados

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó este jueves una ley que permite la incorporación de personas con antecedentes penales a las Fuerzas Armadas en contextos de guerra, movilización y bajo ley marcial.

Esta norma permite a ciudadanos que hayan cumplido sus condenas o que posean antecedentes penales, independientemente de su prescripción, firmar contratos con el Ministerio de Defensa y unirse al ejército ruso en el marco del conflicto en Ucrania.

La legislación también abarca a personas que se encuentran en espera de juicio o que han interpuesto recursos judiciales en contra de sus sentencias.

Esta disposición les otorga la posibilidad de eludir el cumplimiento de sus condenas al integrarse a las filas militares, lo que ha generado reacciones adversas en sectores opositores al gobierno.

Lea también (Elecciones en Estados Unidos: régimen de Maduro felicita a Donald Trump) 

El objetivo de esta medida es aumentar la capacidad de las fuerzas militares rusas sin recurrir a una movilización masiva de ciudadanos, la cual podría tener implicaciones políticas en el país.

Al emplear este recurso, el gobierno busca evitar un descontento generalizado al tiempo que incrementa el número de efectivos disponibles.

Esta política ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, que cuestionan el carácter de “coacción” en el proceso de reclutamiento.

Según informes de medios de comunicación como Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), la situación en las cárceles rusas impone condiciones difíciles a los reclusos, lo que podría llevarlos a alistarse bajo presión.

Cabe destacar que esta ley excluye a quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual de menores, especialmente en casos de abuso sexual o actos considerados depravados.

Esta excepción se plantea como una medida de protección a la infancia, limitando la inclusión de personas con este tipo de antecedentes en el ejército.

En conclusión, la nueva legislación representa una estrategia del Kremlin para fortalecer sus fuerzas militares en el conflicto ucraniano, al tiempo que minimiza el impacto político de una movilización masiva.

Sin embargo, el método ha suscitado críticas tanto dentro como fuera de Rusia, con cuestionamientos sobre los límites éticos de emplear a personas condenadas en situaciones de conflicto bélico.

Otras noticias: