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Trump inaugura prisión para migrantes en humedales protegidos de Florida
Estados Unidos abre ‘Alligator Alcatraz’, nueva cárcel para migrantes en los Everglades.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará este martes una zona al suroeste de la ciudad de Miami para asistir al acto de apertura de un nuevo centro de detención temporal destinado a albergar a personas en situación migratoria irregular.
La instalación, denominada oficialmente Centro de Retención Federal Everglades y conocida públicamente como Alligator Alcatraz, ha sido objeto de críticas por parte de líderes locales y organizaciones civiles debido a su localización en un ecosistema protegido, así como por la celeridad con la que fue construida.
El proyecto es resultado de una colaboración directa entre el Gobierno federal y la administración del estado de Florida, encabezada por el gobernador Ron DeSantis.
Durante una rueda de prensa ofrecida el lunes para anunciar la firma del presupuesto estatal, DeSantis confirmó la presencia del jefe de Estado en la ceremonia de inauguración.
Según indicó, el complejo representa una solución efectiva para evitar intentos de fuga, dado su aislamiento geográfico y las condiciones naturales que lo rodean.
La instalación fue levantada en una zona de humedales dentro del Parque Nacional Everglades, reconocida por su relevancia ambiental y su diversidad biológica.
Las obras se desarrollaron en las inmediaciones de una pista aérea que permanecía en desuso desde la década de 1990.
En un lapso de poco más de diez días, decenas de carpas de gran tamaño fueron instaladas sobre el terreno, siguiendo un modelo logístico similar al empleado durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
El origen del proyecto se remonta al pasado 18 de junio, cuando el fiscal general del estado, James Uthmeier, planteó públicamente la necesidad de establecer un centro de confinamiento para migrantes en situación irregular.
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Desde entonces, las agencias federales y estatales involucradas iniciaron las obras sin agotar los procedimientos de consulta ambiental y sin que existieran licencias definitivas para el uso del suelo, según alegan organizaciones ambientalistas y autoridades locales.
La inversión inicial supera los 100 millones de dólares y, según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, su operación requerirá un presupuesto aproximado de 450 millones de dólares anuales.
La portavoz de esta agencia, Tricia McLaughlin, explicó que dichos recursos serán empleados en la contratación de personal, seguridad perimetral, transporte aéreo y terrestre, y provisión de alimentos, agua y servicios médicos.
La decisión de ubicar el centro en una región considerada de especial protección ambiental ha sido objeto de acciones legales promovidas por distintas organizaciones y líderes del sur del estado.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó su rechazo al proyecto al afirmar que la transacción mediante la cual se transfirió el predio al Gobierno federal fue realizada por un valor muy inferior al estimado comercialmente.
Según su despacho, el terreno fue vendido por 20 millones de dólares, aunque el avalúo más conservador lo sitúa en cerca de 190 millones.
Las organizaciones defensoras del medioambiente han interpuesto demandas contra el Gobierno federal y el estado de Florida, aduciendo que no se llevaron a cabo los estudios técnicos necesarios para evaluar el impacto sobre las especies animales y vegetales del lugar.
La zona en la que se erige la prisión hace parte del hábitat natural de múltiples especies endémicas y en peligro, incluyendo aves migratorias y reptiles como el caimán americano, cuya presencia fue uno de los argumentos esgrimidos por las autoridades estatales para defender el aislamiento natural del complejo.
La iniciativa ha sido presentada por la administración federal como una medida de contención frente al aumento de los flujos migratorios en el sur del país.
En declaraciones recogidas por medios nacionales, funcionarios del Gobierno han afirmado que el centro tendrá un carácter temporal, aunque no se ha especificado una fecha límite para su funcionamiento ni se han detallado los protocolos de ingreso, permanencia o traslado de los detenidos.
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