Prohibición del uso de máscaras en protestas y despliegue de la Guardia Nacional generan polémica en EE.UU.

En respuesta a las manifestaciones registradas durante el fin de semana en el estado de California, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la implementación de nuevas medidas restrictivas orientadas a limitar el desarrollo de protestas en territorio nacional.

Entre las determinaciones adoptadas se incluye la criminalización del uso de máscaras durante concentraciones públicas y la movilización de unidades de la Guardia Nacional.

La declaración del mandatario se produjo en medio de una serie de movilizaciones organizadas para rechazar los recientes operativos de detención ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

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Estos procedimientos han sido cuestionados por organizaciones sociales, sectores políticos y gobiernos extranjeros, quienes denuncian presuntas violaciones a los derechos de personas en situación migratoria irregular.

El presidente Trump justificó las decisiones adoptadas argumentando que las protestas han sido impulsadas por sectores que, en sus palabras, responden a intereses de la izquierda radical, e incluyó entre los responsables a supuestos agitadores contratados con fines políticos.

En ese contexto, acusó al gobernador de California, Gavin Newsom, y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, de no ejercer control sobre los eventos que se han desarrollado en esa región del país.

El jefe del Ejecutivo señaló que, ante esa situación, resultaba necesario recurrir a las fuerzas federales para preservar el orden público.

El sábado, el Gobierno federal ordenó el despliegue de 2.000 integrantes de la Guardia Nacional en puntos estratégicos del estado.

Esta fuerza fue instruida para intervenir en las protestas y dispersar las aglomeraciones. El presidente destacó su labor como efectiva y necesaria, pese a los cuestionamientos expresados por diversos actores sobre el uso de personal armado en contextos de protesta civil.

Simultáneamente, Trump anunció que a partir de ese momento quedaría prohibido el uso de máscaras durante protestas públicas, al considerar que su utilización busca ocultar la identidad de quienes participan en actos que, según afirmó, pueden tener consecuencias legales.

La medida ha sido interpretada como una respuesta directa a las denuncias presentadas por manifestantes y defensores de derechos humanos, quienes han advertido que muchos de los agentes del ICE han actuado en procedimientos encubiertos, con el rostro cubierto y sin portar identificación visible.

El Servicio de Inmigración, por su parte, ha defendido la estrategia operativa al señalar que se orienta a salvaguardar la integridad de sus funcionarios y sus familias, frente al rechazo que su actividad genera en ciertos sectores de la sociedad. Las detenciones recientes han provocado reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

Desde México, el Gobierno federal manifestó su “preocupación” ante las operaciones migratorias realizadas en Estados Unidos.

A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la administración encabezada por Claudia Sheinbaum pidió que todos los procedimientos migratorios se conduzcan con apego al marco legal y respeto por los principios fundamentales del debido proceso.

En el mismo pronunciamiento, se reiteró el compromiso de esa nación con la defensa de los derechos humanos de sus connacionales, sin importar su estatus migratorio.

El Gobierno mexicano también informó que activó su red consular para proporcionar asistencia legal a los nacionales detenidos en Estados Unidos y garantizar que se respeten sus derechos en cada etapa del proceso.

Asimismo, subrayó que continuará utilizando los canales diplomáticos y jurídicos disponibles para manifestar su inconformidad con acciones que, a su juicio, tienden a criminalizar la migración y afectan a comunidades vulnerables.

Las autoridades mexicanas reafirmaron que el fenómeno migratorio debe ser gestionado desde una perspectiva integral que considere factores sociales, económicos y de seguridad regional, y exhortaron a las autoridades estadounidenses a implementar políticas públicas con enfoque humanitario y de corresponsabilidad.

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