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Crisis en Ecuador: De las cárceles a las calles con pandillas que se expanden
La delincuencia del país adopta un esquema como el de las conocidas maras centroamericanas y su terror general.
Ecuador, un país envuelto en una maraña de violencia criminal y una crisis en su sistema penitenciario, está experimentando una alarmante escalada de conflicto. El cruento enfrentamiento entre pandillas que solía tener lugar dentro de las prisiones ahora ha traspasado las barreras de los muros carcelarios y se ha infiltrado en las calles de la nación.
El control del Estado ecuatoriano sobre sus cárceles ha ido mermando, a medida que las bandas criminales han ido ganando terreno. Según las cifras oficiales del servicio penitenciario, más de 400 reclusos han perdido la vida en circunstancias violentas desde 2021. Muchos de estos decesos se han producido en medio de macabras matanzas que han estremecido a la sociedad.
Recientemente, una escalada de tensión carcelaria culminó con la toma de al menos 96 guardias como rehenes por parte de los internos. Un gesto de resistencia por parte de los reclusos que, a su vez, iniciaron una huelga de hambre en demanda de mejores condiciones y como protesta por la violencia imperante.
La situación empeoró cuando, tras un levantamiento que duró varios días en una prisión de Guayaquil, la ciudad portuaria del país, se reportaron al menos 18 muertes, según el fiscal general de Ecuador, reportó a CNN
El escenario del sistema penitenciario ha sido, desde hace mucho tiempo, el foco principal de violencia en Ecuador. Las fuerzas de seguridad se han visto desbordadas por las pandillas dentro de las cárceles sobrepobladas. En estas instituciones, los reclusos a menudo controlan áreas completas y coordinan redes criminales desde detrás de las rejas, según autoridades ecuatorianas.
La lucha del presidente Guillermo Lasso por enfrentar esta crisis ha sido marcada por su incapacidad para establecer un liderazgo efectivo en el servicio penitenciario. Durante sus poco más de dos años en el cargo, ha nombrado a cinco directores diferentes, ninguno de los cuales ha logrado reducir la violencia.
Originalmente, las autoridades esperaban que esta ola de violencia se mantuviera contenida tras los muros de las cárceles, pero la realidad ha demostrado ser diferente. Ecuador, pese a no tener antecedentes de producción de cocaína ni de coca, se ha convertido en un eslabón vital en las rutas de tráfico de drogas desde América del Sur hacia América del Norte y Europa, según expertos en seguridad.
El país se encuentra entre dos gigantes productores de narcóticos: Perú y Colombia. Y alberga varios puertos que son utilizados para exportar una gran cantidad de productos, incluyendo petróleo crudo, bananos y atún. Estos puertos, como el de Manta, han sido explotados para el tráfico de drogas. Se estima que este puerto proporciona medio millón de toneladas de pescado por año a los mercados internacionales, proporcionando un flujo constante de barcos de carga y pesca que pueden ser utilizados para fines ilícitos.
Según analistas, sindicatos extranjeros, incluyendo cárteles mexicanos, pandillas brasileñas y células de la mafia albanesa, han cooptado organizaciones locales en Ecuador para actuar como soldados rasos en este conflicto. La dolarización de la economía ecuatoriana en el 2000 también ha facilitado el lavado de ganancias ilícitas.
La pandemia de Covid-19 ha agravado la situación. Ecuador, como muchos países de la región, se vio profundamente afectado por los bloqueos y restricciones, dejando a más de la mitad de su fuerza laboral en la economía informal. Sin contratos ni paquetes de beneficios, millones de personas quedaron vulnerables, proporcionando un terreno fértil para los reclutadores criminales.
La crisis se extiende al sistema de seguridad y justicia con denuncias de corrupción en los tribunales y la Policía. El año pasado, EE.UU. retiró las visas a oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano, presuntamente vinculados al narcotráfico, así como a varios jueces y abogados.
En un intento por frenar el derramamiento de sangre, el presidente Lasso ha implementado varios estados de emergencia. A medida que resurge la violencia, ha llamado al estado de emergencia en la provincia de Manabí, y en las zonas donde ha estallado la violencia dentro del sistema penitenciario.
El gobierno ha respondido declarando a las bandas criminales como organizaciones terroristas y autorizando al personal de seguridad a aplicar fuerza letal en operaciones antipandillas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y el aumento de la potencia de fuego, la crisis está lejos de terminar.
Las tensiones políticas aumentan mientras el país se prepara para elecciones generales anticipadas el 20 de agosto, luego de que Lasso, quien enfrentaba un voto de juicio político, disolvió el Congreso liderado por la oposición en mayo. Lasso ha descartado postularse para un nuevo mandato, y entre los candidatos figuran la favorita Luisa González, del partido de izquierda 'Revolución Ciudadana', el conservador Otto Sonnenholzner y el líder indígena Yaku Pérez.
Todos los candidatos se han comprometido a frenar la escalada de violencia. Pero en medio de un punto muerto político y una escalada de violencia día a día, la paz todavía se siente lejana para Ecuador. El país se encuentra en un momento crítico de su historia, enfrentando una crisis de seguridad sin precedentes, con el futuro aún incierto.
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