Gobierno Petro suspende traslado de cabecillas de Los Pepes y Los Costeños a cárceles de Barranquilla

El Gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió la solicitud para trasladar a los cabecillas de las bandas criminales Los Pepes y Los Costeños a cárceles de Barranquilla, confirmó este lunes el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.

Según explicó el funcionario, la medida queda en pausa mientras se garantiza una coordinación institucional entre el Inpec, la Policía Nacional y las autoridades locales, con el fin de asegurar vigilancia estricta y control permanente en los centros de reclusión. 

“Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido. El pueblo barranquillero merece antes una coordinación institucional entre el Inpec, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla y autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente”, señaló Idárraga.

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El anuncio se produjo luego de las críticas de varios mandatarios locales, entre ellos el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quienes cuestionaron la decisión del Gobierno de trasladar a Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, y a Castor, líder de Los Costeños, a cárceles de la capital del Atlántico.

La polémica se intensificó porque, según Char, el traslado habría sido adoptado en el marco de la negociación de paz que el Gobierno adelanta con estas estructuras criminales. Frente a esas afirmaciones, Idárraga respondió con dureza: “Alcalde Alejandro Char no tergiverse; aquí no hay ‘premios’, hay resultados frente a una crisis que su administración no logró contener”.

De acuerdo con el ministro encargado, los diálogos con Los Pepes y Los Costeños habrían generado una reducción del 57% en los homicidios y del 84% en los casos de extorsión registrados a finales de 2025.

Idárraga también cuestionó la gestión del alcalde de Barranquilla en materia de seguridad. “El desangre entre bandas en Barranquilla se salió de su control, y las cifras lo demuestran: cuando usted asumió, el 2024 cerró como el más violento en 20 años, con 487 homicidios, y la extorsión ya venía disparada 458% entre 2021 y 2023”, afirmó.

Finalmente, el ministro pidió al mandatario local que explique el destino de los 78.000 millones de pesos recaudados mediante el impuesto a la seguridad que pagan los ciudadanos del Atlántico y que están bajo control de la administración distrital.

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