Gobierno pone en marcha el Proyecto Escudo Nacional Antidrones: inversión será de $6,3 billones

El Gobierno Nacional puso en ejecución el Proyecto Escudo Nacional Antidrones, la que fue presentada como la estrategia más ambiciosa de defensa del espacio aéreo para enfrentar el uso de drones por parte de grupos armados al margen de la ley y proteger tanto a la población civil como a los integrantes de la Fuerza Pública.

La iniciativa tendrá una inversión superior a los $6,3 billones, de los cuales $1 billón será destinado a la primera fase por instrucción presidencial, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El proyecto se desarrollará como un esfuerzo interinstitucional que involucra a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, las cuales integrarán el Grupo de Drones y Antidrones recientemente creado.

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, el proyecto se estructura sobre tres líneas estratégicas: legislación y doctrina; entrenamiento y operaciones; y tecnología. El objetivo central es garantizar el control del espacio aéreo, salvar vidas y anticiparse a nuevas amenazas, en un contexto donde el uso de drones ha transformado el escenario del conflicto.

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A través de su cuenta de X, el ministro Sánchez invitó a empresas y países interesados a participar en una reunión explicativa que se realizará el 16 de enero a las 9:00 a. m. en la sede del Ministerio de Defensa. Allí se expondrán los lineamientos del proceso y los criterios de evaluación de las propuestas, que estarán a cargo de equipos técnicos, jurídicos y económicos, bajo principios de transparencia y rigor institucional.

Durante la presentación oficial del proyecto, el ministro aseguró que el proceso de contratación se hará con total transparencia y mediante contratación directa exclusivamente con empresas respaldadas por sus respectivos gobiernos. Además, destacó que la iniciativa priorizará la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades propias, con el fin de avanzar hacia una autonomía estratégica en materia de defensa.

El ministro detalló que el proceso licitatorio contará con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del ministerio de Defensa y de una empresa especializada en contratación estatal. Entre los criterios definidos se establece que el contrato será entre el Gobierno y la compañía fabricante, con el respaldo del país de origen; que no se aceptarán intermediarios, integradores ni comercializadoras; y que las negociaciones se realizarán directamente con fabricantes o sus representantes legales, con acompañamiento de embajadas.

También se exigirá la actualización permanente del software, la capacitación y entrenamiento de instructores para operación y mantenimiento, la transferencia de tecnología, y la realización de pruebas en el entorno operacional colombiano. El proceso prohibirá regalos, invitaciones o cualquier acción que pueda interpretarse como intento de influencia en la contratación.

Finalmente, Sánchez subrayó que las ofertas serán evaluadas por un equipo técnico, económico y jurídico independiente, que definirá lo que más conviene al país, y no por el ministro de Defensa. Además, se impondrán exigencias estrictas en los tiempos de entrega, teniendo en cuenta el contexto estratégico global, así como plenas garantías y pólizas de cumplimiento para asegurar la ejecución del proyecto.

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