Tribunal suspende concurso de méritos del ICA por exclusión de ingenieros agrónomos

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender de manera provisional el concurso de méritos convocado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), dentro del proceso Nación 6, tras encontrar inconsistencias que afectaban la participación de profesionales en ingeniería agronómica.

La decisión, emitida el 15 de septiembre por la Sección Primera, Subsección “A”, se dio en el marco de la admisión de una acción popular. Según el Tribunal, la exclusión del título académico de ingeniería agronómica en los requisitos mínimos de educación representaba una amenaza grave a los derechos colectivos de moralidad administrativa, igualdad y transparencia.

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El fallo advierte que esta irregularidad podía causar un perjuicio irremediable, dado que el concurso ya estaba en la etapa de valoración de antecedentes, próxima a la conformación de las listas de elegibles, lo que habría hecho difícil revertir los efectos.

La inconsistencia surgió por la incompatibilidad entre el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del ICA y la información del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies). 

Esto llevó al operador de la convocatoria, la Universidad Libre de Colombia, a inadmitir a aspirantes con títulos en ingeniería agronómica, desconociendo la pertinencia de una profesión directamente vinculada con la misión del ICA y reconocida por el COPNIA.

El Tribunal recordó que la medida cautelar de urgencia busca proteger el interés público y garantizar el acceso a la carrera administrativa, especialmente en un proceso que ofrecía 667 vacantes, de las cuales cerca del 25% estaban relacionadas con la ingeniería agronómica. Incluso el propio ICA había advertido la necesidad de suspender el concurso por el impacto que tendría en la institucionalidad, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente.

Con la medida, el Tribunal enfatizó que el concurso debe adelantarse bajo los principios de igualdad, transparencia y respeto al debido proceso, evitando consolidar una situación jurídica que vulnerara los derechos colectivos.

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