JEP envía a juicio a 22 exintegrantes del Ejército por 318 ejecuciones extrajudiciales

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) postuló ante el Tribunal para la Paz a 22 comparecientes, entre ellos 19 miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional, un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles, para que se inicie la etapa de juicio, tras haber aportado verdad y reconocido su responsabilidad en 318 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Casanare.

El proceso judicial permitió esclarecer un patrón de macrocriminalidad ejecutado entre 2005 y 2008, periodo en el que las unidades militares utilizaron la estructura institucional del Ejército para cometer ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas incluyeron mujeres, menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva, quienes fueron estigmatizadas y sufrieron graves daños físicos y psicológicos.

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La resolución, emitida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del Subcaso Casanare, se convirtió en la quinta resolución de conclusiones de la JEP, y la cuarta dentro del Caso 03, que investiga los denominados “falsos positivos”. 

La decisión señala que los 22 comparecientes aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva, por lo que podrán ser objeto de Sanción Propia, consistente en trabajos restaurativos y restricciones de derechos, pero no en cárcel.

Entre los postulados figuran el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien comandó la Brigada XVI entre 2005 y 2007; el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare; y varios oficiales, suboficiales y soldados que actuaron en el Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno). También fueron incluidos el detective Orlando Rivas Tovar, del extinto DAS, y los civiles Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, quienes sirvieron como falsos informantes.

Durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad celebrada en Yopal, los comparecientes aceptaron públicamente su responsabilidad y pidieron perdón a las víctimas. No obstante, la Sala de Reconocimiento determinó que seis de ellos —entre ellos Zamir Humberto Casallas Valderrama y Miguel Andrés Sierra García— también deberán responder por crímenes de guerra de tortura y tratos crueles, al comprobarse que varias víctimas fueron ultrajadas física y psicológicamente antes de ser asesinadas.

Con esta decisión, la JEP avanza en el esclarecimiento del patrón de ejecuciones extrajudiciales en Casanare, considerado uno de los más graves dentro del conflicto armado colombiano.

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